LAWFARE. LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

La actual embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos no aislados de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.

Por Camila Vollenweider, Silvina Romano   

 

¿Qué pasó con el gerente de Torneos y Competencias vinculado al escándalo de corrupción de la FIFA? El empresario argentino Alejandro Burzaco, en arresto domiciliario en EE.UU. por la investigación de corrupción en la FIFA, está además implicado en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca en Panamá, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con paraísos fiscales 22. Fue “olvidado” casi totalmente por la prensa, a pesar de ser un doble-escándalo.

Por Camila Vollenweider, Silvina Romano*

ALAI

08/03/2017

La actual embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos no aislados de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.

¿Qué es el Lawfare?

Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

¿Qué significa Lawfare?

El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”1 y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School2. Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina3 y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción4.

Aspectos fundamentales del Lawfare

1) El rol del Poder Judicial: El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses. Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.

2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción: El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado”5. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos6 (apolíticos). La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los problemas económicos7.

Tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:

Timing político: implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.

Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste

El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.

Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento”8 sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.

LAWFARE EN ARGENTINA

Timing político

Sin duda uno de los ejemplos más destacados fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año de las elecciones presidenciales en Argentina (2015). En el mes de enero de 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández del asesinato del fiscal Nisman, sin pruebas fehacientes y sólo en base a presunciones difundidas por la prensa. Durante las gestiones kirchneristas, Nisman llevó adelante la investigación sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, atentado que desde un inicio fue atribuido a “terroristas iraníes”9.

Sin embargo, desde el caso AMIA hasta la muerte de Nisman hay mucha información poco conocida que vincula a la Argentina con la geopolítica de Estados Unidos en Medio Oriente, pues entre otras irregularidades, hay pruebas de que Nisman informaba periódicamente de los avances de la investigación a la Embajada estadounidense en Argentina10. De eso hablaron poco los medios y se centraron en la denuncia que había hecho el fiscal Nisman a la presidenta Kirchner por haber “fabricado la inocencia” de los supuestos perpetradores del atentado a la AMIA, en complicidad con el gobierno de Irán, a cambio de beneficios comerciales y políticos11. Meses después, en mayo de 2015, la Cámara de Casación emitió un dictamen en el que rechazaba las acusaciones contra Kirchner y otros dirigentes afines al oficialismo alegando “inexistencia de delito”12. No obstante, desde un principio la prensa criminalizó a la presidenta, de modo tal que ni siquiera el resultado del proceso judicial logró revertir esa imagen y que se materializó, por ejemplo, en la consigna “todos somos Nisman”.

Reorganización del aparato judicial

La causa Nisman no se acabó allí. El 30 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal ordenó la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA.

Otra movida judicial de Macri fue, en diciembre de 2015, designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, en lugar de llamar a Sesiones extraordinarias para la aprobación de las postulaciones en el Senado. La decisión obedece a motivos políticos: necesitaba que el tribunal estuviera completo (a su favor) ante la inminencia del impacto que generarían muchas de las medidas planeadas (e implementadas)13.

A esto se suma la designación de la diputada Laura Alonso (del partido oficialista) en la oficina anticorrupción. Alonso no es abogada, condición necesaria para asumir el cargo, y por eso Macri modificó por decreto la reglamentación de la Oficina Anticorrupción para permitir que asuma al frente del organismo14.

Doble rasero de la ley

En el mes de diciembre de 2016, la ex presidenta quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una “asociación ilícita” que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, beneficiando al empresario Lázaro Baéz15.

A raíz de ese caso surgieron otros, como el llamado “la ruta del dinero K”. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, comunicó que “descubrieron la trama de cuentas off shore que el clan Báez tenía en Suiza y que estaría asociada, según declaraciones del financista Leonardo Fariña, a los Kirchner”16. Esta presunción se presenta como un hecho consumado, aun cuando el proceso judicial está en curso. A esta inculpación previa a la sentencia final se suma una pregunta crucial ¿Qué pasó con la investigación de las cuentas off-shore de la familia Macri, considerando que se trata del presidente de turno, y sabiendo que en otros países hubo mandatarios que tuvieron que renunciar a sus cargos por este tipo de implicación? A fines de diciembre de 2016, fue confirmado que el Grupo Macri tiene 50 sociedades off shore distribuidas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubay, Brithish Island, Grand Cayman y Florida, información que será presentada en una ampliación del caso que presentó el diputado Darío Martínez y que lleva el juez Sebastián Casanello17. La prensa argentina publicó poco y nada con respecto a este caso, pero sí dio enorme cobertura al caso de Cristina Fernández de Kirchner. A la invisibilización de la implicancia de Macri en los Panamá Papers, se suma una nota de Clarín (publicada el día anterior a la presencia en Tribunales de los hijos de Cristina Fernández), en la que se expresa que el Juez Casanello recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) –organismo oficialista y que en los últimos meses ha estrechado sus vínculos con el Departamento del Tesoro estadounidense18– que absuelve a Macri del lavado de activos19. Un dato es que en la versión impresa del diario, a diferencia de la versión digital, el titular omite que el resultado fue brindado por la UIF, para darle mayor credibilidad a la noticia –asumiendo indirectamente la escasa objetividad del organismo20.

Otro caso que trascendió fue el vinculado a “Fútbol para todos”: la jueza María Servini procesó a tres exjefes de Gabinete de la gestión anterior por las irregularidades publicitarias del programa “Fútbol para Todos”: Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich 21. Esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Sin embargo, se habló menos de los empresarios, principales implicados en el negocio ¿Qué pasó con el gerente de Torneos y Competencias vinculado al escándalo de corrupción de la FIFA? El empresario argentino Alejandro Burzaco, en arresto domiciliario en EE.UU. por la investigación de corrupción en la FIFA, está además implicado en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca en Panamá, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con paraísos fiscales22. Fue “olvidado” casi totalmente por la prensa, a pesar de ser un doble-escándalo.

LAWFARE EN BRASIL

Timing Politico

La Operación Lava Jato –que se inició en 2009 y tomó impulso en 201323– fue la principal herramienta para desprestigiar al gobierno de Rousseff y a los miembros de su partido, especialmente el ex presidente Lula Da Silva. Toda la campaña presidencial por la reelección de Dilma estuvo teñida por acusaciones de corrupción contra ella y Lula, motivadas por supuestos contenidos de las confesiones de dos de los que, por entonces, se presentaban como principales delatores de la causa. Fue precisamente tres días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves (PSDB) que la famosa revista Veja publicó la primicia de que ella y su antecesor, Da Silva, conocían todo el esquema de corrupción derivado de la empresa estatal Petrobras. Dicha información, hasta entonces sólo sospechada, fue aparentemente revelada por el delator Alberto Youssef. Lo llamativo del caso es que el abogado de éste, en una entrevista realizada pocos días después negó conocer la información citada por la revista24. Ya pasado el ajustado triunfo de Dilma se supo que funcionarios judiciales que participaban en el caso habían hecho campaña a favor de Neves25 y que el mismo delator lo había acusado de recibir coimas26.

El por entonces Presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), fue denunciado por la Procuraduría General de la República al Supremo Tribunal Federal (STF) en agosto de 2015 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de las investigaciones de la operación Lava Jato27. Dos meses después de esa acusación –y el mismo día que el STF desestimó dos pedidos de impeachment contra Rousseff– Cunha fue denunciado en el Consejo de Ética de Diputados tras el descubrimiento de que éste poseía cuentas millonarias no declaradas en Suiza. Hasta el momento, Cunha había desestimado también cinco pedidos de impeachment presentados en la Cámara; pero en diciembre de 2015, cuando los diputados del PT que integraban el Consejo de Ética votaron favorablemente por la apertura del proceso contra él, inmediatamente dio curso a otro pedido de impeachment –por improbidad administrativa, no corrupción– que estaba “cajoneado” y que finalmente prosperó28. Sin negar el aspecto quid pro quo entre el PT y Cunha, lo cierto es que recién en mayo de 2016, por decisión del recientemente fallecido Ministro del STF Teori Zavascki, Cunha fue suspendido como Diputado y, en consecuencia, como Presidente de la Cámara. Hacia junio de ese año, ya el STF había aceptado dos denuncias más y lo había imputado nuevamente por otra causa. Sin embargo, ya para entonces Rousseff tenía los días contados en la Presidencia gracias al accionar del ahora preso Eduardo Cunha y las dilaciones (¿complicidad?) del Supremo.

Reorganización del aparato judicial

Una de las claves del Lava Jato, es que resulta “innovador” a nivel regional por su método para obtener pruebas y usar la inusual figura de la delación en amplia escala29. Esta novedad forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la región, como el Programa Puentes30, en el marco de las reformas judiciales. Casualmente, entre los alumnos más destacados encontramos a Sergio Moro, Juez a cargo del Lava Jato31.

Con un modelo similar al estadounidense, en Brasil, es el Presidente el que designa al futuro miembro de la Corte, con el posterior aval del Senado. Tras la muerte de uno de los miembros del STF, Teori Zavascki, el Presidente Michel Temer eligió a Alexandre Moraes como sucesor. Las sospechas con respecto a esta elección se deben a que Moraes fue abogado de Eduardo Cunha, también de Aècio Neves, y de una empresa de transportes identificada como parte de una organización criminal en San Pablo. Como Ministro fue acusado de divulgar información privilegiada sobre la Operación Lava Jato, anticipando a los medios la prisión del petista Antonio Palocci –y en el marco de un evento de campaña del PSDB32. El pliego de Moraes fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado33, presidida por Edson Lobao quien, como otros 10 integrantes, está siendo investigado en la Operación Lava Jato34. En medio de amplias sospechas de corrupción sobre varios de los Ministros del Gobierno, legisladores y del propio Temer –citado 43 veces en las confesiones– De Moraes será el revisor de Lava Jato en el plenario del STF y podrá actuar en casos que involucren a los funcionarios –como los anteriormente mencionados– que tienen fuero privilegiado35. Uno de los principales columnistas de la oficialista revista Veja, tituló su nota del 6 de enero: “Temer puede anunciar el nombre hoy [del sucesor de Zavascki]; que sea Moraes!”36.

Doble rasero de la ley

A mediados de marzo de 2016, Dilma nombró a Lula Da Silva Ministro de la Casa Civil; sin embargo, el Ministro del STF, Gilmar Mendes anuló el nombramiento argumentando que esa decisión de la entonces Presidenta tenía como objetivo apartar a Lula de la esfera de influencia del Juez Moro y quedar supeditado únicamente a la autoridad judicial del STF. Esta disposición se fundamentó en un audio que casualmente filtró Moro a la prensa el mismo día del nombramiento de Lula37. Finalmente Lula no ejerció como Ministro. Lo llamativo es que la misma situación volvió a plantearse en febrero  del 2017. Michel Temer nombró a Moreira Franco, uno de sus principales aliados políticos como Secretario General de la Presidencia, una cartera con rango de ministerio que había extinguido Rousseff y que fue reabierta para la ocasión. El nuevo Secretario está citado 34 veces en la confesión de uno de los delatores de Lava Jato pero ese no fue motivo para que otro miembro del STF, Celso de Mello, impidiera que Moreira Franco alcance el fuero privilegiado como Ministro y quede sólo bajo la órbita del STF. Por supuesto, para la prensa existen amplias diferencias entre los casos de Lula y el del nuevo Secretario de la Presidencia38.

Sin que sus abogados fueran avisados, pero con la prensa en la puerta de su casa y con una treintena de policías, Lula fue conducido a un aeropuerto de San Pablo39. Da Silva ya se había presentado a declarar voluntariamente todas las veces que se lo había citado, incluso en Brasilia, donde no reside. Se dedicaron cientos de portadas de diarios y numerosas horas de televisión a mostrar la imagen de Lula conducido por la Policía, reforzando la idea de que la corrupción –como exclusividad del PT– estaba siendo abatida por el mediático juez Sergio Moro. Con Cunha no fueron tan mediáticos, ni tuvieron tanta celeridad. De hecho su esposa, Claudia Cruz, también imputada en Lava Jato por lavado de dinero y evasión de divisas, tardó cinco meses en declarar ante Moro porque el eficiente juez no encontraba a la imputada en las dos direcciones que tenía registradas40.

Fuente:NacyPop

Cuidar a los ricos

Por Emir Sader

En EE.UU. y en Argentina de manera formal, con nueva ley. En Brasil y otros países con medidas concretas, que equivalen a lo mismo, se disminuyen los impuestos a los ricos.

Leonardo Boff dice que hay que cuidarse de las personas. Lula dice que cualquiera gobierna. Pero de lo que se trata es de cuidar a la gente mas pobre, mas frágil.

Los gobiernos de derecha, hoy todos neoliberales, se dedican a cuidar a  los ricos. Ya no les basta ser ricos, tienen que ser cuidados. Sino, no se deciden a invertir su platita, ganada con el sudor del rostro ajeno. Hay que tentarlos a que hagan inversiones, convencerlos, darles argumentos para que se arriesguen, a lo mejor crean algunos bienes, quien sabe algunos empleos informales.

Esa es la lógica de los ministros y de los cronistas de derecha, tanto en cuanto a las reformas laborales, como a las reformas tributarias. Asumen el llanto de los grandes empresarios de que invertir sale muy caro y además hay mucho riesgo.

Que los costos de contratar trabajadores son demasiado elevados. Que así no es posible. Que no vale la pena. Mejor poner la plata en la Bolsa de Valores, donde no se contrata a nadie, no se paga prácticamente ningún impuesto, y se saca y se lleva la plata a la Bolsa de algún otro país, si vale más la pena.

Que hay que  abaratar los costos de la contratación de trabajadores - a expensas de los derechos de estos, claro -, para que se contrate a más gente. Que esos nuevos contratados se adapten al ritmo, a las necesidades, a la temporalidad del capital, que es el motor de la sociedad, desde luego. Dos horas hoy, ninguna mañana, pasado, a lo mejor 14 horas otro día si las máquinas lo demandan. 

Total, el sistema vigente se llama capitalista, su centro es el capital. Todos tienen que adecuarse al movimiento del capital. Si le interesa viajar a alguna isla lejana, hay que generar las condiciones para que haga ese viaje. Si quiere volver, que se creen las condiciones de bienvenida a los que retornen.

Sin capital, no hay capitalismo, no hay capitalistas, no hay siquiera empleo para mucha gente. A los gobiernos que les importa el desarrollo del país tienen que cuidar el capital, que a su vez cuidará al país y a si mismo.

Basta que se mencione reforma tributaria para que los empresarios se froten las manos: ¡Excelente! Menos impuestos y nunca tributación justa, en la que el que gana mas, paga mas. No. Es el que gana mas quien mueve al país. Tiene que pagar menos impuestos, para que se anime a hacer inversiones y, a lo mejor, contrate algunos trabajadores, por algún tiempo.

Es el regalo de Navidad de los gobiernos de los ricos a los ricos, por buen comportamiento, buen financiamiento, el préstamo de sus cuadros al gobierno para ayudarlos a cuidarse. Si no se les agrada, pueden dejarnos e ir a asumir riesgos en otros pagos.

Menos impuestos, perdón de deudas, financiamientos a intereses bajos - esas son las condiciones para tener el apoyo de los empresarios.  Cuidar a los ricos para que no nos abandonen por algún paraíso cualquiera.

Si no, quedaríamos prisioneros de los pobres, de esos que viven del sudor de su propio rostro, de los que no explotan a nadie, de los producen todas las riquezas del país, de esos que se asocian, se organizan, se movilizan. 

Para evitarlo, reforma laborista, reforma de las jubilaciones, reforma tributaria. A los que no tienen nada, les quitamos todo. Cuidar a los ricos, para que seamos países de ricos, para que los otros sepan que no hay para todos, que en el capitalismo gana el que tiene capital. 

Y si un gobierno de ricos no cuida a los ricos, ¿quien lo hará? 

Fuente:Página/12

El relato de la violencia

Por Eduardo Aliverti

Imagen: Gonzalo Martinez

 

Quizás pueda parecer una exageración, por la gravedad de otros componentes del tema, pero el tratamiento mediático de lo sucedido a comienzos de semana permite ciertas consideraciones que comprenden al todo.

No se trató solamente de los episodios en las afueras del Congreso. La represión del miércoles a los trabajadores del Ingenio La Esperanza, en reclamo para reincorporar a 400 despedidos más el pago de haberes desde noviembre y el aguinaldo, fue de una violencia ya acostumbrada pero estremecedora que el patrón Gerardo Morales redujo a la calificación de los laburantes como “delincuentes”. Algo similar se vivió hace unas semanas en Neuquén, durante el operativo contra trabajadores estatales, que a los pocos días fue continuado por otro frente a la manifestación por el cierre de una maderera, en el que fue baleado a quemarropa el diputado provincial Raúl Godoy.

Los grandes medios de alcance nacional ningunearon ambos hechos, como corresponde a su línea política y a que, mientras sea cuestión de geografías alejadas del centro de la escena, su invisibilización tiene altas chances de éxito. Si es en Buenos Aires y sus alrededores, la estratagema se complica. La “prensa del régimen” –como el oficialismo de hoy denominaba a la de inclinación kirchnerista, que jamás tuvo ni de lejos el dominio aplastante de la actual– debe recurrir a otras artes. La imponente marcha del lunes al mediodía, contra el saqueo previsional y asistencial que Diputados se aprestaba a debatir, desapareció del mapa gracias a los oportunísimos incidentes protagonizados, en su superficie, por los trastornados que nunca paran de ser funcionales a lo que dicen enfrentar.

En las profundidades y al margen de lo central, incluso, que está dado por la imagen de un Congreso donde debe debatirse rodeado de policías, ¿no es curioso que, al no quedar nadie detenido, la prensa oficial sólo se escandalice por la liviandad de la Justicia y no por la sospecha de que tantos de los revoltosos son infiltrados de las propias fuerzas de seguridad? ¿No es llamativo que todo se haya resumido en la figura del “Gordo Mortero”, que le prestó un favor impagable al desvío de atención? ¿No es de una elementalidad asombrosa que esas casualidades hayan servido para esconder casi por completo el durante del debate en Diputados?

De paso: según se encargó de remarcarlo el mismo Macri en la desopilante conferencia de prensa del martes, cuando en rigor no hubo preguntas sino centros precisos a la olla presidencial, de 17 horas que insumió la sesión hubo unas 14 ocupadas por discursos opositores, con el pequeño detalle de que ya no era eso lo que importaba y el ingrediente mayor de que, entre la tropa macrista, no hubo nadie que se destacara en defensa del proyecto porque la vergüenza que les daba era más potente que su verticalidad.

El 17 de julio de 2008, medio país estaba en vilo cuando, a las 4.25 de la madrugada, Julio Cobos produjo su “voto no positivo” contra la resolución 125. Esta vez, la decisión ocurrió adormilada a las 7 de la mañana como crónica de un final anunciado, producto del apriete contra una suficiente cantidad de legisladores y de la bochornosa rendición de  gobernadores peronistas.

Pero antes aconteció otra historia que requiere volver al rol de los medios y al modo en que se las gasta un núcleo de poder unificado como nunca en tiempos de Estado de derecho, porque de lo contrario es imposible entender su funcionamiento global.

La salida a la calle hacia la medianoche del lunes, para protestar contra el hachazo a los jubilados con las “democráticas” cacerolas que tanto se propagandizaron en la lucha anti K, fue tan impresionante como el silencio mediático. Miles y miles marchaban, incluso desde barrios porteños que son base del voto macrista, en un suceso que por su magnitud probablemente haya sorprendido a los propios manifestantes. En varios centros urbanos del interior comenzó a ocurrir lo mismo.

Recién hacia la una y media  de la madrugada, ya con una ebullición de destino incierto, los portales del caso titularon secundariamente que se escuchaban caceroleos en “algunos barrios de la ciudad” y que no estaba claro si el ruido era contra la reforma previsional o para rezongar contra “la violencia” de la tarde anterior.

Se alcanzaría el cénit por la mañana, con los mismos sitios y sus comunicadores lanzando encuestas que preguntaban por qué cree usted que anoche hubo gente en la calle. ¿Contra la reforma? ¿Contra la violencia? ¿A favor del Gobierno? La opción 2, la del enojo contra los violentos, llegó a ser mostrada como la preferida en un 70 por ciento.

Pero no se vaya que viene lo mejor.

Con no más de un par de excepciones, en radio y cable, pasó en el resto de la madrugada que –ante el tamaño de la multitud, los cánticos y la efervescencia– los medios mudaron de “algunos caceroleos” a archivar casi toda cobertura y dedicarse, ahora sí, al debate parlamentario.

No se podían creer dos cosas a la vez.

Ni lo que había pegado en los sectores medios que el Gobierno fuera también por los fondos de los jubilados, como para suscitar semejante reacción, ni que prácticamente no pudiera encontrarse algún refugio mediático para informarse de la situación (se repite, con énfasis: excepto dos salvedades). Sobre lo segundo, jamás se vio algo así.

En la crisis que devino en corralito y corralón, en 2001 y como para encontrar algún antecedente aunque el clima general de hoy nada tenga que ver con eso, hubo denuncia y atmósfera antimediática porque la generalidad de la prensa no anticipó ni por asomo lo que (se) sabía inevitable como horizonte estructural. Hoy también lo oculta, pero en aquellas jornadas a nadie se le hubiera cruzado por la cabeza reprimir información sobre demasiada gente en la calle.

Salvando las distancias, la muchedumbre de clase media que impactó entre noche de lunes y madrugada de martes fue ignorada por los medios, y después puesta en duda respecto de sus motivaciones, de una forma que –al menos para la capacidad de quien firma– carece de adjetivos suficientemente terminantes. Luego, a más de que esos medios persistieron en el discurso de “los violentos” como explicación exclusiva, el oficialismo no sólo no ejerció una mínima autocrítica, ni un solo acuse de recibo, sino que redobló la apuesta y habló de los sacrificios que nos esperan a todos los argentinos mientras Daniel Angelici queda eximido de pagar Ganancias “confiscatorias” por sus bingos y los mercados festejan. 

Lo escandaloso llega al límite de que uno se pregunta si lo que sucedió efectivamente fue así o si, en una de esas, estuvo soñando; o si la gente fue un puñado y se quiso imaginar otra cosa de tanto desamparo que se siente, por parte de quienes viven con dramatismo el rumbo macrista; o si al ser espontaneísmo sin conducción política no vale la pena tenerlo en cuenta.

Este es un aspecto psicológico y prioritario de la batalla cultural: lograr que se piense y asuma, desde las minorías activas o mayorías desperdigadas, que ya no hay más nada que hacer. Punto uno.

Dos, el interrogante de si este formidable operativo mediático de ninguneo fue una muestra de fortaleza oficial o, acaso, de eventual debilidad. Por lo pronto y por mucho ocultamiento que se perpetre, el Gobierno y sus socios saben que lo de lunes y martes demostró que hay afectación seria en su capital simbólico de clase media. No se esperaban algo así de ninguna manera porque, y aquí la clave o lo tal vez anticipatorio, la gente de ese sector no salió a la calle porque le tocaron el bolsillo. Salió por el factor jubilados. Que justamente es parte del capital simbólico que venían tripulando sin problemas. Ni mapuches, ni empleados estatales, ni grasa militante, ni acallamiento de voces críticas en los medios; ni la Asignación Universal por Hijo que también está serruchada en el proyecto aprobado, pero sin perturbación para el voto Cambiemos porque son negritas que se embarazan para cobrarla. Jubilados.

Es lo peor que le podía pasar a Macri, porque potenció la inquina de sus adversarios politizados y embroncó a los indiferentes de la antipolítica.

De ahora en más, al Gobierno le esperaría que cualquiera de sus iniciativas nodales sean sospechosas, con riesgo de nuevo hervor callejero, más el efecto concreto de cuando se sientan los tarifazos  y la inquietud cambiaria que esta semana ya avanzó. Eso, entre otros aspectos que el oficialismo piensa controlar con la catarata de fondos para proveer a Heidi en el territorio que define poco menos que todo. Y nadie dice que no puede salirle bien. Pero sí que entró en riesgo.

Apenas en este año, la bicicleta financiera ya rindió más de un 13 por ciento en dólares. Frente a bomba semejante, el capital simbólico, el artilugio de la pesada herencia y el reparto de fondos exclusivamente a los amigos entran en zona de turbulenta a roja.

Sería sin duda colorada si hubiera conducción política de algún tipo, capaz de vehiculizar la bronca creciente. Pero no la hay, y el Gobierno ya instrumenta el fantasma del enemigo interno y de la guerrilla urbana. Es lo que se viene.

Fuente:Página/12

Solicitada en apoyo a Hernán Letcher

El Colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA) abraza al Compañero Hernán Letchter con toda solidaridad y exige a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y de la Provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo el inmediato esclarecimiento de los hechos de los que fueron víctimas nuestro compañero y su hijo.

Sabemos que se trata de un hecho inscripto en la saga de represión, abuso y violencia institucional vigentes en la Argentina, la contracara indisoluble del plan de ajuste para la miseria planificada entre nuestro Pueblo.

En esta oportunidad no fueron las fuerzas uniformadas el brazo ejecutor de la violencia política sino mano de obra reclutada de las fuerzas de seguridad y/o delictivas, para el amedrentamiento por medio de actos mafiosos

Es un acto cargado de mensajes: quieren eliminar el reclamo del pueblo y de sus formaciones y militantes más comprometidos.

Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los heridos, reprimidos y detenidos en las movilizaciones populares son el testimonio vivo de ello. Las víctimas de la violencia de Macri ya se cuentan por cientos.

Los autores intelectuales e instigadores de esta andanada represiva, siguen tras bambalinas; todavía reclamamos que el Poder Judicial tenga el coraje de juzgar su participación en el genocidio iniciado en 1976.

La fuerza es el derecho de las bestias. No lo lograrán.

¡Fuerza Hernán!

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El huevo de la serpiente corroe la democracia Argentina

Por Daniel Feierstein - En revista Sin Permiso

17/12/2017

 

Ya hubo indicios en marzo de este año, con la profusión mediática de cuestionamientos a la continuidad del juzgamiento a los genocidas argentinos, de la mano de la defensa de la legitimidad de la represión ante quienes vulneran el orden. Parecía una discusión sobre el pasado, pero no lo era. Se buscaba quebrar un consenso construido desde 1983: la no aceptación de la represión abierta ante la protesta social.

 

Luego fue el ataque a los indígenas mapuches, en el sur del país, que se cobró el primero de septiembre un desaparecido (Santiago Maldonado), quien luego apareció ahogado en el río en circunstancias todavía no aclaradas. Durante los largos meses de su búsqueda, se lanzó una campaña de persecución a los docentes que intentaban preguntarse en escuelas de todo el país, dónde estaba Santiago Maldonado. Se planteó que dicha pregunta era política y se instó a padres y estudiantes a denunciar a los docentes que mencionaban la situación en el aula. Se desató una campaña de delación en redes sociales, se creó un número de teléfono del aparato estatal para llevar a cabo las denuncias y se sancionó a algunos docentes.

Al mismo tiempo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmaba que no relevaría a ningún oficial de la fuerza sospechada (Gendarmería) y circulaba versiones sobre que Maldonado estaba en Chile, habiendo pasado a la clandestinidad con fuerzas terroristas, de todo lo cual no se aportó ninguna información fidedigna.

El 25 de noviembre, en otro operativo en el sur del país, la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel, un joven mapuche. Otra vez la versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento con grupos terroristas que atacaron con lanzas, boleadoras y gritos de guerra y se afirmó que contaban con armas de grueso calibre. Las pruebas forenses sobre el cuerpo de Nahuel demostraron que el tiro había ingresado por la espalda y las pericias en el lugar del hecho no pudieron encontrar vainas de otros disparos que los de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, sostuvo que había que otorgar el beneficio de la duda a las fuerzas de seguridad. Y no hubo una sola declaración gubernamental de condena.

El intento de aprobar una reforma previsional que le quita al sistema de jubilaciones y pensiones y a los beneficiarios de ayudas sociales alrededor de 100 mil millones de pesos trajo la lógica represiva desde el sur hasta el propio centro de Buenos Aires, donde ya se había ejercitado en pruebas previas durante todo el año.

Este 13 de diciembre un conjunto de organizaciones sociales marcharon por la Avenida 9 de Julio y se encontraron con la represión de la Gendarmería con perros, gases lacrimógenos y balas de goma, hiriendo entre otros a dos diputados nacionales de distintos partidos de oposición: Leonardo Grosso y Victoria Donda.

Pero eran apenas los preparativos del día del tratamiento de la ley, el 14 de diciembre, cuando estaba anunciada una movilización masiva ante el Congreso para expresar el disgusto popular. Los gases lacrimógenos, balas de goma, gas pimienta y detenciones se sucedieron durante toda la tarde y siguen al momento de escribir esta nota. La novedad con respecto a otras situaciones de tensión ha sido el ataque indiscriminado a representantes populares, incluso en momentos en que intentaban ingresar al Parlamento para participar del debate. Los diputados Pietragalla, Mendoza, Rodríguez, Huss y Moreau sufrieron distintos tipos de agresiones.

Mientras el jefe de Gabinete, Marcos Peña, justificaba la represión y acusaba a los diputados opositores de piqueteros, se podían observar las imágenes de la represión masiva en las inmediaciones del Congreso con decenas de detenidos, rociados por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones para luego ser cazados al desconcentrarse. Los organismos de derechos humanos no están obteniendo respuesta de las autoridades acerca de los lugares de detención de las personas a las que masivamente están arrestando las fuerzas de seguridad, al tiempo que circulan informaciones de todo tipo y hay decenas de heridos.

Lo más preocupante es que hasta el momento de la represión masiva, muy pocos medios de comunicación transmitían lo que ocurría en las inmediaciones del Congreso, luego de una fuerte ofensiva de dos años que ha limitado drásticamente la pluralidad de voces en el universo mediático argentino.

El gobierno macrista fue legitimado en las urnas hace menos de dos meses y ha leído dicha legitimación como una autorización para avanzar sobre los límites de la democracia argentina, enfrentando cualquier protesta social con una represión abierta y creciente, dispuesta incluso a tomar vidas, como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. El huevo de la serpiente corroe por dentro a la democracia argentina y sólo una respuesta rápida, masiva y contundente podrá impedir su destrucción.

Multitudinaria manifestación de rechazo a la reforma previsional:La masiva marcha que fue invisibilizada

Mientras las piedras y la represión se llevaban la atención de los medios masivos, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron y colmaron la Plaza del Congreso y sus alrededores. Los dirigentes destacaron que “se amplió la base social de la protesta”.

Por Laura Vales

Los miles y miles de personas que se manifestaron casi no fueron mostradas por los canales de TV, que se concentraron en los incidentes. 

 “No se quejen... ¡Esto es un juego de niños!”, dice Beto López Camelo, ex dirigente de los municipales de San Miguel, hoy devenido en profesor de historia en un colegio secundario. Lo dice cuando en la plaza del Congreso, con mucha gente a pesar de los choques con la policía que se siguen produciendo contra las vallas, unos metros más adelante, varios manifestantes comienzan a señalar hacia los pisos altos de un edificio donde la policía abrió las ventanas para disparar desde la altura gases lacrimógenos. “¿Qué no se queje quién?”. Pero López Camelo ya no responde: acaba de caer cerca un cartucho de gas, y después otro. Desde adelante llega una oleada: los manifestantes que están más cerca de las vallas ya vienen retrocediendo en masa. “¡No corran! ¡Tranquilos!”, gritan mientras retroceden. Todo el mundo sabe que en medio de una corrida lo que no hay que hacer es correr.

El problema son los gases. Las fuerzas de Seguridad tienen nuevas armas que les permiten tirarlos a distancia, desde 60 o 70 metros. Si se riega una plaza llena, habrá empujones para salir. Si se siguen tirando gases durante varios minutos –los cartuchos caen en medio de las columnas que tratan de retirarse–, lo que se produce es una avalancha.
Muchos logran salir por la Avenida de Mayo, pero las calles paralelas a la avenida son angostas. Pronto hay escenas de ahogamiento: personas que caen al piso y son pisoteadas, pánico. El dueño de un bar de esta zona de embudo abre sus puertas cuando los vidrios parecen a un paso de estallar por la presión humana. Una vez que los gases se dispersan, la policía, desde atrás del vidrio, filma a los manifestantes refugiados dentro. Después empiezan las detenciones.
Hasta ese momento, en la franja de plaza que bordea el Congreso habían transcurrido dos horas de piedrazos contra una policía que, a su vez, tiraba balas de goma y gases, a corta distancia. Jóvenes con pulmones de 20, piernas de 20 y nada que perder cargaron contra el vallado que se desplegó para el blindaje del Congreso. Los primeros piedrazos comenzaron unos minutos después de las dos de la tarde, cuando en la Cámara de Diputados se reunía el quórum para a sesionar.

Leandro Teysseire

Los canales de televisión lo mostraron en directo, ya que todos sus móviles estaban instalados en el lugar. En cambio, quedó invisibilizado lo que pasaba unos metros más atrás, sobre gran parte de la plaza, donde los gremios y los movimientos sociales permanecían en el lugar. Por la Avenida de Mayo, cubrieron desde la mitad posterior de la plaza hasta la Avenida 9 de Julio. A su vez, por la 9 de Julio hacia el Obelisco se extendieron por otras tres cuadras más.
En la plaza o sus cercanías, hasta la avanzada policial que gaseó toda la zona, permanecieron también sus dirigentes: entre ellos, Héctor Amichetti (Gráficos), Sergio Palazzo (Bancarios), Omar Plaini (Canillitas).
–¿Por qué se quedan? –le preguntó PáginaI12 al titular de la Federación Gráfica, que en uno de los canteros se mantenía con su columna, a pesar de que radios y canales sólo hablaban de grupos violentos. Las transmisiones en vivo de los choques ya llevaban más de una hora.
–Para mantener esto, que es una expresión de las organizaciones sindicales y sociales contra la reforma. Hay que sacar esa idea de que lo que está protestando es el activismo- dijo Amichetti.
Sobre la Avenida de Mayo, casi llegando a la 9 de Julio, estaban los Bancarios, con Sergio Palazzo.
–¿Cómo ve esto que pasa?
–Se amplió la base social de la protesta –contestó el dirigente–. Es lógico que haya reacción frente lo que es un paquete de leyes insensible, que implica un despojo a los sectores más vulnerables. Por eso nos vamos a quedar a pesar de que haya represión.
Otros gremios que movilizaron: sectores de la CGT, como la Unión Obrera Metalúrgica, con sus seccionales del conurbano y San Lorenzo; delegaciones de las regionales cegetistas, como la de Rosario; todos los gremios de la Corriente Federal (bancarios, gráficos, docentes del Sadop, curtidores); los gremios de las dos CTA, como Ctera, Asociación de Trabajadores del Estado, el sindicato del Neumático, entre otros; también seccionales de Luz y Fuerza, del Sipreba (trabajadores de prensa), taxistas (los de la CTA), los telefónicos, ladrilleros, aceiteros, entre otros.
Marchó también todo el arco de los movimientos sociales –completo– y el movimiento cooperativo –aquí hay que listar desde las empresas recuperadas del MNER hasta las cooperativas de trabajo nacidas de los programas de construcción de viviendas, creadoras de la CNCT–.
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Con el antecedente de la represión del jueves, la gente fue a la marcha mucho más organizada. Esto se vio en que armaron columnas acordonadas, listaron a los integrantes de cada grupo, designaron encargados de centralizar la información y abrieron grupos de WhatsApp. Esto fue algo generalizado.
A las 10 de la mañana, en la estación San Martín, Caseros: un grupo de Pueblo Unido (organización barrial que integra la CTEP) se junta en el andén esperando el tren. Antes de la partida, un referente reúne a todos y explica: “Esta marcha es diferente a las que venimos yendo. Los que estuvieron el jueves vieron la represión: se llevaron detenidos, tuvimos corridas, nos desorganizamos. Hoy tenemos que mantenernos juntos, no separarnos ni empezar a correr para cualquier lado. Hicimos un listado, si alguien se pierde hay que avisar enseguida. Pero, sobre todo, no corran. Vamos todos y volvemos todos juntos”.
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La argumentación que atribuye los choques con la policía a “infiltrados” es un discurso fácil, además de contagioso, pero tiene poco que ver con la plaza real. Aquí viene el difícil trabajo de explicar lo que se podía ver sin la intermediación de las pantallas: los tiradores de piedras contaron todo el tiempo, a pocos metros, con la permanencia de los gremios y movimientos sociales. Nadie en la plaza se escandalizó por estos choques. Las columnas de manifestantes se acordonaron, corrieron a sus integrantes unos pasos más atrás y cuando pudieron, trataron de recuperar terreno, de nuevo hacia el vallado.
Algunos testimonios tomados entre estos sectores –los de los piedrazos–, en palabras de protagonistas que aquí se evitará identificar:
“Hoy seguramente a la reforma la van a aprobar y van a estar sesionando por varias horas. Para nosotros, la mayoría de la cúpula ya arregló. Ya hicieron sus cuentas, se quedan con menos afiliados pero les cierran los números, no van a plantarse. Por otro lado, este no es un Gobierno como los anteriores, que no podían sostenerse sin un cierto grado de consenso, pongamos el caso de (Fernando) De la Rúa. Lo que se viene es sostener los reclamos hasta que se arme una nueva camada de dirigentes”.
Otro: “Estos son pibes duros, curtidos, pero además en los barrios hay toda otra cabeza. No son el papeo del 2001, cuando tenían bronca pero no sabían ni lo que pensaban”.
Como a medida que pasaban las horas el clima se caldeó, buena parte de los gremios se alejó unas cuadras y esperó en la Avenida 9 de Julio. Tenían la intención de reagruparse y volver a entrar en la plaza, pero luego se desató el operativo policial de “barrido”, con gases de toda la zona.
Así fue la desconcentración, en medio de choques que se trasladaron y siguieron por varias horas, hasta entrada la noche, hacia el Bajo.
Fuente:Página/12

Navegando por la economía de la indiferencia

Por Gustavo Perilli

19 de diciembre de 2017

La mano de obra no debe considerarse como un mero costo de producción.

En enero de 1914, Henry Ford anunció a los trabajadores del "modelo T" que les aumentaría sus salarios. En los hechos, duplicó sus ingresos laborales, redujo la jornada laboral (de nueve a ocho horas) y creó más empleo porque incrementó de dos a tres los turnos de la fábrica. Si bien se lo escuchó bromear diciendo: "quiero que mis obreros ganen lo suficiente para que me compren mis autos (Cohen, 1998)", su propósito principal era evitar que sus trabajadores rompieran su compromiso con la compañía (que se encadenen).

Hace unos años, Zygmunt Bauman describía al capitalismo actual apelando a un atractivo conjunto de metáforas: "viaja liviano, con equipaje de mano, un simple portafolio, un teléfono celular y una computadora portátil, mientras que el trabajo sigue tan inmovilizado como en el pasado pero el lugar al que antes estaba fijado ahora ha perdido solidez; buscando en vano un fondo firme, las anclas caen todo el tiempo sobre la arena que no las retienen (Bauman, 2013)". La versión "Henry Ford" del capitalismo trataba de que los trabajadores no se despeguen de la cadena de montaje y desestimen sus búsquedas en otros horizontes, compensándolos con "soberbios" aumentos salariales; en la actualidad, el capitalismo premia a los emprendimientos rentables (como el de Ford) pero los trabajadores ya no parecen tan necesarios: el trabajo es visto como una mercancía más, un costo de producción para el empresariado y las ideologías más frecuentes y fatuas de las mayorías gobernantes.

El trabajador pasivo tampoco está exento de los oleajes que erosionan los muros de los sistemas de seguridad social. Sus haberes son exprimidos por la inflación y "los manotazos" de los gobiernos deseosos de cerrar sus brechas fiscales, generándose poderes de compra cada vez más distanciados de los ingresos en actividad. En este mundo laboral con identidades líquidas (sin consistencia, según Bauman), el joven trabajador (promedio) no calcula el valor presente de los ingresos futuros (cuánta canasta de bienes compraría hoy un haber jubilatorio) y no se compromete con los potenciales beneficios de la seguridad social. No tiene recursos para anticipar que, con los años, habrá más instituciones pro-mercado que entenderán a las retribuciones del trabajo (activo y pasivo) como simples lastres para las hojas de balance (y la productividad) de las empresas y las cuentas fiscales.

Hoy el capitalismo premia a los emprendimientos rentables, pero los trabajadores ya no parecen tan necesarios

En el mundo del trabajo asalariado habrá posturas éticas aunadas a profundos ideales, así como, también, versiones improvisadas, deshonestas y superficiales (las más comunes). Quienes comprenden el mundo en el que viven (y vivirán), votarán gobiernos sintonizados con su naturaleza laboral y social; el resto (los improvisados, deshonestos y superficiales) viajará velozmente pero, más tarde o más temprano, directa o indirectamente, sufrirán las consecuencias de sus actos. En este marco, en función del esfuerzo intelectual incorporado, el diálogo social determinará un sendero futuro relativamente endeble. Los más comprometidos, pedirán tiempo para estudiar desde distintas ópticas los puntos de los temas en debate; los improvisados y los superficiales nunca estarán a la altura de las circunstancias, mientras que los corruptos no tendrán méritos éticos ni morales aunque presionarán para seguir adelante (sin darles chances a los parlamentos, incluso eludiéndolos), sosteniendo que el futuro no esperará. Todos tendrán derecho a votar y decidir el camino, pero las consecuencias no redundarán siempre en beneficios sociales.

El grupo de los improvisados, deshonestos y superficiales entonarán odas al individualismo y estarán seguros de que "la vida es un proceso de acción autogenerada destinada a la propia sustentación; el derecho a la vida implica el derecho a entregarse a esa acción, lo que significa la libertad de llevar a cabo todas aquellas acciones que requiere la naturaleza de un ser racional para sustentar, mantener, realizar en plenitud y gozar su propia vida (Rand, 2006)". Estos aplausos a las concepciones de la filósofa rusa Ayn Rand, seguramente una desconocida para los asalariados improvisados, deshonestos y superficiales, siempre colisionarán con los objetivos pluralistas de los sistemas de seguridad social pensados para trasladar los ahorros del conjunto social desde la vida activa a la vejez.

Algunos de los individuos de los grupos adoradores del individualismo, con omnipotencia, incluso, suponen que "su" elevado ingreso actual podrá suplantar sin sofocones a estos sistemas de seguridad social "plagados de políticas populistas" si solo le dieran la oportunidad de ordenar "su" ahorro para aplicarlos a "su" vida pasiva. Propias del individualismo, la inmadurez y la ignorancia, estas groseras falacias (de fácil lectura en los libros de macroeconomía), serán siempre el fundamento de una economía de la indiferencia que se apropia de las mentes encandiladas por el mercado y la televisión.

(*) Gustavo Perilli es Profesor de la UBA

 

Fuente:Infobae

Reforma previsional y disciplinamiento

Por IA

Esta semana CAMBIEMOS(Pro-UCR-CC- Aliados) se propone aprobar una nueva reforma jubilatoria que da continuidad a la estafa iniciada por la llamada “reparación histórica”. Desde una mirada económica  Cambiemos plantea que se hace necesaria la reforma debido a que las jubilaciones junto con la asignación familiar por hijo generan un déficit en las cuentas públicas que no es posible cubrir y que es necesario ajustar a dichos requerimientos.

Descontando en principio la falsedad de dicho argumento ya que si el problema es el déficit, no se explicaría porque quitarle derechos de exportación a la megamineria, quitar retenciones al sector agroexportador, quitar impuestos a los bienes personales entre, otros en una clara transferencia de recursos a los sectores de mas altos ingresos en perjuicio de las arcas públicas.

Existe un ítem que poco se ha difundido en base a la reforma previsional y este consiste que la reforma tiene dos elementos muy particulares: la transferencia de recursos a la Provincia de Buenos Aires y  la habilitación de estos recursos en asistencialismo.

Quitando que asistir a las personas no es algo malo o cuestionable, si podemos hablar de la forma en que se lo hace, ya que la reforma implica en principio una paulativa reducción de la jubilación y también de la Asignación Universal por hijo, cuestión que reduce el ingreso de estos hogares. A lo cual se le suma el aumento desproporcionado de las tarifas, el aumento de los combustibles y el boleto y además la inflación aunque muy particularmente en el  aumento  de los alimentos.

En este sentido, podríamos pensar que la estrategia de CAMBIEMOS implicaría algo mas profundo, ya no solo la baja de los ingresos de los jubilados sino un sistema en el cual la pérdida de ingresos y de derechos  de los sectores populares, los obligue a perder capacidad de negociación ante los poderes locales de manera tal que estaríamos en la construcción de un sistema  donde nuevamente los poderes locales cercanos tendrían mayor incidencia sobre las decisiones y en particular políticas de las personas, quizás volviendo a las épocas pre-peronistas  construyendo un país menos libre.