“Nueva universidad para un nuevo país”

ENTREVISTA AL NUEVO SECRETARIO DE POLITICAS UNIVERSITARIAS, MARTIN GILL

Antes de asumir mañana al frente de la SPU, Gill plantea dos ejes para desarrollar su gestión: la inclusión y “la vinculación entre el conocimiento y la producción, entre el conocimiento, la industria y la generación de empleo”.

Inclusión educativa y construcción de conocimiento vinculado al empleo y al desarrollo: con esas ideas en el horizonte de su futura gestión, Martín Gill asumirá mañana la conducción de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. El cambio de mando se produce tras la salida del radical Alberto Dibbern, quien se mantuvo seis años en el Palacio Sarmiento. En diálogo con Página/12, Gill expone su visión sobre la educación nacional, anticipa sus principales ejes de trabajo y asegura que al interior de la SPU el trabajo será “mancomunado”, tanto con el ministro Alberto Sileoni, con la Secretaría de Educación, a cargo de Jaime Perczyk, como con la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias dirigida por Laura Alonso, integrante de La Cámpora.

–Usted llega a la SPU con la intención de profundizar las políticas de educación superior, según se anunció. ¿Qué implica esa profundización?

–Se propone una continuidad de lo hecho en estos ocho años, profundizando aspectos que contribuyan a una concepción de una nueva universidad para un nuevo país. Para esto hay que tomar dos pilares. Por un lado, un eje en la inclusión. La universidad es uno de los valores agregados que permiten una organización y una movilidad social ascendente, y fundamentalmente es generadora de oportunidades. Esta es una matriz de este proyecto político, y por lo tanto debe ser nuestro norte. El otro eje es profundizar una fuerte vinculación entre el conocimiento y la producción, entre el conocimiento, la industria y la generación de empleo. Esto a partir de una movilidad en el territorio con la creación de nuevas universidades, con la pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las organizaciones sociales y los gobiernos locales. En definitiva, se propone redescubrir la capacidad de responder a las demandas que existen en este tiempo, que son puntuales y que reclaman a la universidad pública una palabra.

–¿Qué acciones puntuales hay en agenda para avanzar en estas dos cuestiones?

–En cuanto a la vinculación con el mundo de la producción, hay que entablar una línea de trabajo transversal entre la secretaría y dos de los planes estratégicos que el Estado ha diseñado: el Programa Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial y el Plan Estratégico Industrial. Por otro lado, debemos profundizar la vinculación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con los organismos científicos como el INTI y el INTA. Hay que definir estrategias comunes y avanzar en herramientas de vinculación tecnológica. También la secretaría, junto con los decanos de Ciencias Exactas, viene desarrollando un plan estratégico sobre las ingenierías. Debemos plantear como estrategia de gobierno metas plurianuales para mejorar las tasas de graduación de ingenieros.

–¿Y en cuanto a la inclusión?

–Mi planteo es que la inclusión se materializa con muchos elementos. Hay acciones de inclusión cuando se articulan políticas con los otros niveles de enseñanza, hay inclusión con la apertura de nuevas universidades, cuyos graduados en muchos casos son primera generación de universitarios. Es decir, la universidad está llegando donde antes no llegaba. Otro elemento son las condiciones para la accesibilidad de las personas con discapacidad. También con los pueblos originarios la posibilidad de profundizar esta línea de inclusión, por ejemplo a través de eliminar las barreras idiomáticas. Pero además me interesa trabajar la calidad de la inclusión, es decir, mejorar las líneas que nos permitan la retención del estudiante en su trayecto y la posibilidad de una graduación concreta.

–¿Cómo plantea la dinámica de trabajo al interior de la SPU, por ejemplo con la Subsecretaría de Políticas Universitarias?

–Voy a integrarme a un equipo de trabajo al que conozco plenamente. Desde la tarea del Consejo Interuniversitario Nacional (NdR: Gill presidía hasta ahora, por tercera vez, al CIN) pude construir una relación muy buena, pude recorrer casi todas las universidades del país, conocer a sus rectores y a sus problemáticas. Conozco a Laura (Alonso) y a casi todo el equipo y estoy seguro de que vamos a trabajar de manera mancomunada. Estoy tranquilo y confiado de que con el ministro (Alberto Sileoni), con Jaime (Perczyk), vamos a fortalecer el trabajo porque ya hemos recorrido un camino y porque tenemos una clarísima conducción de la presidenta de la Nación en cuanto a los objetivos estratégicos que quiere para la universidad.

–¿Qué análisis hace de la situación del sector radical del sistema universitario, que parecería preocupado con la salida de Alberto Dibbern?

–Las diferencias y la pluralidad no oscurecen al sistema universitario, sino que lo enriquecen en su naturaleza. Invitaría a que le pregunten a la totalidad de los rectores que adhieren al radicalismo cómo hemos trabajado durante este tiempo. No veo ningún tipo de temores por parte de nadie, no serían fundados. Al contrario, veo una posibilidad cierta de avanzar en una integración plena del sistema, en una articulación entre las universidades siempre a partir de sus autonomías, a partir de un replanteo de esa autonomía que nos permita vincularnos y desde esa integración salir al encuentro de otras realidades educativas.

–Una de las necesidades de la docencia es avanzar con un régimen nacional de carrera docente. Ya se han firmado los principios básicos, ¿estima que se puede profundizar este aspecto?

–En el tema docente es un avance importante el hecho de que esté sentado el CIN con todas las organizaciones gremiales en una mesa paritaria, donde hay consenso y disenso, pero que en cada encuentro se avanza un poco más, y que incluso se haya logrado establecer las condiciones y los grandes principios de la carrera docente: el acceso por concurso y un sistema que asegure la permanencia y la promoción, que las universidades regularán en el marco de sus estatutos. Veo una buena predisposición de los rectores y también de las organizaciones gremiales.

–Otra demanda que expresa la comunidad universitaria es la necesidad de modificar la Ley de Educación Superior, ¿lo considera posible?

–Este es un gobierno que ha realizado profundas transformaciones en todo el sistema educativo. Lo hizo en la educación media, inicial, en la primaria, lo hizo en la educación técnica. También en torno de una nueva ley de educación superior es mucho lo que se ha recorrido con reflexiones y aportes, tanto desde el ministerio como desde el Poder Legislativo y del Consejo de Rectores. Es una cuestión que permanece latente y se evaluará en los momentos más oportunos para llevarla adelante en un marco de diálogo, consenso y trabajo.

Fuente: Página/12

Los incluidos y los que siguen afuera

La pobreza disminuyó fuerte desde 2003, pero en los últimos años lo ha hecho a un modo más pausado y todavía queda cerca de un 20 por ciento de la población en esa situación. Qué medidas debería tomar el Gobierno para que siga bajando.

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Producción: Tomás Lukin

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Proteger el empleo

Por Mariana L. González *

Asistimos en estos momentos a un nuevo proceso de recrudecimiento de la crisis económica internacional, esta vez con epicentro en las economías europeas. Esta crisis tendrá seguramente repercusiones en la economía argentina, principalmente por la menor demanda de nuestros productos de exportación, así como por el comportamiento de las empresas transnacionales instaladas en nuestro país que, en un contexto como el actual, buscan rápidamente reducir costos y remitir la mayor cantidad posible de fondos a sus casas matrices. De hecho, existen desde hace algunos meses indicios ciertos que muestran que se está verificando un proceso de paulatina disminución del crecimiento en la economía argentina. Además de la menor tasa de crecimiento del PIB y la caída de las exportaciones, es importante considerar la retracción de la inversión en los últimos trimestres del año pasado.
Sin embargo, esta reciente desaceleración del crecimiento prácticamente no tuvo, de acuerdo con los últimos datos disponibles, repercusiones negativas en el mercado laboral. En el último año se crearon alrededor de 400 mil puestos de trabajo en términos netos, que son puestos registrados en su gran mayoría. Además, el salario real promedio tuvo un incremento cercano al 5 por ciento, tanto para los asalariados registrados como para los que no son registrados.
Este aumento del empleo y la mejora en el poder adquisitivo de los salarios tuvo sin dudas influencia en las condiciones de vida de los hogares de la Argentina. De acuerdo con estimaciones propias, la incidencia de la pobreza también se redujo, de modo que el porcentaje de personas viviendo en hogares con ingresos bajo la línea de pobreza pasó de un promedio anual de 22,5 por ciento en 2010 a 20,1 por ciento el año pasado.
Esta reducción en la pobreza implica una continuidad en la tendencia que se sostuvo desde 2003 en adelante. Vale recordar que a inicios de ese año más de la mitad de la población de nuestro país vivía en condiciones de pobreza. Esta proporción se redujo con rapidez, en un marco de una economía en crecimiento con fuerte generación de empleo, incremento de los ingresos de los ocupados –con mayor intensidad en los salarios de niveles más bajos– y mejoras en los haberes jubilatorios. En el último trimestre de 2006, la incidencia de la pobreza se había reducido ya al 25,2 por ciento. Desde entonces, la tasa de pobreza continuó disminuyendo (con la excepción del año 2007), aunque con un ritmo más pausado.
Hay que considerar, de todos modos, que los datos de 2011 muestran una situación que no es posible soslayar. El porcentaje mencionado representa a aproximadamente 1,7 millón de familias formadas por más de 8 millones de personas. Además, el valor de la línea de pobreza (es decir, el nivel de ingresos que debe alcanzar un hogar para no ser considerado pobre según esta metodología) es relativamente bajo. Para una familia tipo, compuesta por un varón y una mujer de edad adulta, un adolescente y una niña, se considera que el hogar es pobre si los ingresos totales no superan los 2800 pesos por mes.
Por todo lo anterior, es preciso insistir en la necesidad de implementar políticas específicas que apunten a reducir la pobreza. Si bien la creación de la Asignación Universal por Hijo –además de ser un paso fundamental en la universalización de los derechos de los niños y adolescentes– se ha constituido en una medida trascendente para la lucha contra la indigencia y la contención de la pobreza, la persistencia de un nivel elevado de pobreza pone de manifiesto la importancia de realizar políticas adicionales.
En un contexto de desaceleración de la economía, y ante la posibilidad de un mayor impacto de la crisis internacional en nuestro país, tales medidas son aún más necesarias, previendo los efectos que el menor crecimiento pueda tener sobre el mercado de trabajo y, por esta vía, en las condiciones de vida de los hogares. En este sentido, las políticas que apunten a proteger el empleo, así como las políticas de ingreso, en especial aquellas dirigidas a los sectores de menor nivel socioeconómico, pueden conllevar una mayor reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento del mercado interno y al sostenimiento del nivel de actividad.
* Cifra-CTA.

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Remover los obstáculos

Por Fernando Groisman *

El acrecentamiento de sectores medios en un conjunto amplio de países asiáticos y latinoamericanos ha cambiado la fisonomía social a nivel mundial. En la base de tales transformaciones se hallan diversos factores entre los que cabe destacar, aunque no exclusivamente, la progresiva incorporación al mercado mundial de las superpobladas naciones de China e India con el consiguiente incremento en la demanda global de productos primarios que ha venido beneficiando a las economías productoras de América latina. La mejora del ingreso per cápita ha beneficiado a sectores sociales ubicados históricamente en los estratos de menores recursos y ha provocado el ensanchamiento de las franjas medias de ambas regiones.
Por otra parte, en los países más desarrollados, es posible rastrear un comportamiento que va en la dirección opuesta al menos si se atiende al derrotero distributivo de las últimas tres décadas. En efecto, el aumento de la desigualdad –especialmente en los países anglosajones– abrió nuevos interrogantes acerca de la supervivencia o desaparición de la clase media. Además, la crisis internacional iniciada en 2007 y sus efectos sobre el empleo y los ingresos han reactivado la preocupación por el aumento de la inequidad y sus consecuencias sociales.
En este contexto, cabe detenerse en lo acontecido con la estructura social argentina. Durante gran parte del siglo pasado coexistieron en nuestro país una vital clase media, un elevado grado de movilidad social ascendente y reducidos niveles de inequidad que habían desembocado tempranamente –respecto de la situación dominante en la región latinoamericana– hacia elevados niveles de integración social. Tal escenario cambió a partir de mediados del decenio de los ’70, cuando dio inicio una etapa signada por una tenaz mengua en las condiciones de vida de los sectores medios y bajos –con la excepción de algunos cortos subperíodos–, cuyo punto cúlmine fue hacia el fin de 2001, cuando el desempleo trepó al 25 por ciento y más de la mitad de la población estaba en situación de pobreza. A partir de entonces se produjo un cambio de tendencia en numerosos indicadores macroeconómicos y sociales que habría conducido a cierto reordenamiento en la estructura social.
Puede estimarse que, así como entre 1974 y 2001 se verificó un fuerte estrechamiento de los sectores medios y un también ostensible incremento de la clase baja, desde la salida de la crisis de comienzos de siglo se constató una enérgica reversión de estas tendencias. Ello se plasmó en la recomposición de ingresos tanto para la clase media como para el estrato de más bajos recursos. El proceso de engrosamiento de la clase media fue de tal magnitud que implicó una incorporación a sus filas de prácticamente el 8 por ciento de la población. Estas modificaciones ocurrieron en línea con el mejoramiento global de la situación en el mercado de trabajo. En efecto, junto a la fuerte reducción del desempleo se verificó un notable aumento en la calidad de los empleos. Los progresos en la estabilidad de las ocupaciones conllevan, además de salarios más elevados para los trabajadores, mayor certidumbre sobre su futuro.
Tal escenario pone de relieve el insoslayable rol que tuvo el funcionamiento del mercado de trabajo en las transformaciones de la estructura social argentina. La evolución de la desocupación y la informalidad, especialmente del componente de empleo asalariado no registrado, sobresalen como los principales factores que acompañaron el sinuoso devenir de las clases sociales. Así, el estrechamiento de la clase media en el último cuarto del siglo XX –y el consiguiente aumento de los extremos de la estratificación social– como la retracción de parte importante de este proceso en los últimos años no pueden ser comprendidos sin recurrir a esta dimensión de análisis.
El conjunto de esta evidencia ratifica la pertinencia de perseverar en la reducción de los índices de empleo no declarado en la economía argentina. Parece difícil que mayores niveles de integración social puedan ser alcanzados si los obstáculos al acceso a un puesto de trabajo registrado no son removidos. Ello debería encauzarse, al menos, en ciertos sectores de actividad donde el grado de no registración es muy elevado (i.e. comercio minorista, construcción, industria textil y de confecciones, servicio doméstico, entre las principales). Entretanto, resulta sensato profundizar y extender la instrumentación de diversas medidas de protección social dirigidas a reducir la brecha de ingresos entre quienes acceden a una ocupación formal y quienes permanecen en la informalidad.
* Investigador del Conicet-UBA. Presidente de LASA.
Fuente:  Página/12

MESA DEBATE : JUBILACIONES DOCENTES Y DERECHO AL TRABAJO

CÁTEDRA ABIERTA DE TRABAJO DECENTE

INVITA A LA COMUNIDAD ACADÉMICA A LA:

 MESA DEBATE :

JUBILACIONES DOCENTES Y DERECHO AL TRABAJO

 

Presentación:

Sergio Caletti- Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires

 Exponen:

 Daniel Ricci- Secretario General ADUBA-Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires

María Inés Vignoles- Secretaria General FEDUBA- Federación Docente de la Universidad de Buenos Aires

Santiago Gándara- Secretario General AGD-UBA- Asociación Gremial Docente- Universidad de Buenos Aires.

Miércoles 6 de junio de 2012

19.00hs.-  Aula 100 1º piso

Marcelo T. de Alvear 2230

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hierro viejo en el subsuelo de la patria

Por Juan Godoy I El autor es sociólogo y miembro del Centro de Estudios Hernández Arregui (CEHA). En esta oportunidad analiza el sistema ferroviario.

“Un país industrializado (…) impone una restructuración, el entrelazamiento de las diversas regiones del país, cuya dispersión geográfica y económica, en los países coloniales, ha sido lograda a través de los ferrocarriles y caminos delineados no para el mercado interno sino para el mercado externo. Las comunicaciones deben invertir su trazado y dirección. No serán solamente de adentro hacia fuera. Sino en lo fundamental para dentro”  (J.J. Hernández Arregui. Nacionalismo y liberación)

“(los ferrocarriles) pueden matar industrias, como las mataron. Pueden aislar zonas enteras del país, como las aislaron. Pueden crear regiones de preferencia, como las crearon. Pueden inmovilizar poblaciones, como las movilizaron o inmovilizaron de acuerdo a sus conveniencias. Pueden aislar puertos como los aislaron. Pueden ahogar ciertos tipos de cultivo, como los ahogaron. Pueden elegir gobernadores, como los eligieron”. (R. Scalabrini Ortíz. Los Ferrocarriles deben ser argentinos)

Invocamos, para escribir estas líneas, la figura del gran pensador nacional Raúl Scalabrini Ortíz. Es Scalabrini el descubridor de la política ferroviaria, a pesar de las valiosas denuncias anteriores de Osvaldo Magnasco, las páginas dedicadas por Manuel Ugarte en periódico La Patria, y algunos patriotas más. Así, guiado por las apreciaciones de dicho autor acerca de los ferrocarriles argentinos, procuraremos dar cuenta de los factores que hacen fundamental (o no) al ferrocarril para un proyecto de desarrollo nacional autónomo.

Como sabemos el primer ferrocarril fue construido en el año 1857, años en los que la prepotencia porteña había llegado al punto de segregar a la provincia con tal de no repartir la renta de la aduana. Vale recordar que dicha línea, había sido construida y financiada por los porteños, y la provincia luego lo había tomado a su cargo, ampliado con los mejores resultados (por ejemplo, tarifas 50% menores). Éste en 1884 se vendió de forma tal que la operación no requirió desembolso de dinero por parte del comprador, al igual por ejemplo, que en los casos del F.C. Pacífico y el Central Córdoba.

Será bajo el gobierno de Mitre (1862-1868), donde se consolida la oligarquía porteña (con la liquidación de los blancos en Uruguay, con el aniquilamiento de la montonera, del interior provinciano y el Paraguay próspero, industrialista de los López), el momento en que se tienden las bases de la Argentina semi-colonial, con la instalación de bancos británicos, empréstitos, aparición de periódicos británicos, una política económica librecambista, y lo que más nos interesa aquí, el trazado en abanico hacia el puerto de Buenos Aires de los ferrocarriles, esa tela de araña que aprisiona a la nación. Se comunicaban así las regiones agropecuarias del interior con el puerto y de ahí con Europa (específicamente Gran Bretaña). Es un proyecto ajeno a los intereses nacionales, sin criterio de unificación y equilibro. Claro que hay algunas excepciones, como por ejemplo el tren construido en 1903 (no bajo el influjo británico lógicamente) que va desde Rosario a Bahía Blanca y Punta Alta, atravesando toda la provincia.

No es nuestra intención aquí hacer historia de los ferrocarriles, excede nuestro propósito. Nos interesa entender la lógica del ferrocarril, o más bien sus lógicas posibles, su importancia en la vida nacional. No se trató así de un trazado en sentido nacional, que comunicara las diferentes regiones (que buscara su equilibrio), que fomentara pueblos, industrias, etc., sino más bien todo lo contrario, pues resaltamos que es bien diferente la finalidad del tendido ferroviario en los países coloniales o semi-coloniales, en relación a los centrales, que buscan el desarrollo nacional, la industrialización, en lugar del mero transporte de las materias primas con destino de ultramar. Así, diferente será el trazado de las líneas férreas en países como, por ejemplo Estados Unidos, donde éste se hace de costa a costa, vinculando regiones, interconectando los pueblos, generando un mercado interno ligado a las industrias nacientes. Recordemos que tuvimos férreos defensores del capital británico y de los ferrocarriles bajo su lógica como Miguel Ángel Cárcano, Norberto de la Riestra, Manuel Quintana, el propio Mitre, etc.

La cuestión aquí, es que todo desarrollo, avance en la industrialización de un país dependiente desplaza o puede llegar a desplazar a los intereses de colocación de los productos manufacturados de un país industrializado. El ferrocarril con su tendido semi-colonial, es contra el interior, contra sus industrias florecientes, o contra la posibilidad de su aparición. El ferrocarril así como el enemigo de la prosperidad nacional, siendo éste una de las llaves fundamentales de la nación. El ferrocarril utiliza como arma silenciosa, la política de tarifas. Por medio de éstas, sobre todo, los ferrocarriles pueden impedir el desarrollo industrial, fomentar o no regiones, estimular o destruir ciudades, etc.

Los ferrocarriles, como las fuentes de energía, el crédito no pueden estar esencialmente en manos particulares, o privadas, pues estos recursos, estas herramientas se encuentran estrechamente ligadas a la nación. No pueden ser regidas, guiadas por el afán de lucro o la ganancia. No puede estar relacionado con su propio interés. Sí, todo no debe ser conducido por estas, las necesidades colectivas, los derechos sociales, no se pueden ligar a la ganancia. Pongamos de relevancia hoy día, la reforma de la Carta Orgánica del banco Central, el control sobre la divisa extranjera, la re-estatización de YPF, etc. como avance en este sentido.

Pretendemos oponernos aquí a dos ideas, la primera, es lo que se puede oír en reiteradas ocasiones, la idea del señor/a, muchacho/a que dice con un tono entre sorprendido y de reverencia: -Pero… ¡qué bárbaro… los ingleses son geniales, mirá cómo hicieron los ferrocarriles, por algo ellos están como están y nosotros como estamos!; la otra con concepción de la cual nos queremos alejar es la que sostiene que hubo, en el pasado una bella época, dorada, de oro de los ferrocarriles, que pareciera que no hubiese existido conflicto, huelgas, problemas con las formaciones, etc.

Con respecto a la primera, Scalabrini demostró claramente dos cuestiones la falsedad que hayan sido capitales británicos los que aportaron a la construcción de la nación argentina, y al ferrocarril, sino que fueron brazos argentinos los que crearon la riqueza nacional, y al menos, la mayor parte del tendido ferroviario, de ahí que los británicos, con argucias, corrompiendo, etc., en complicidad con la ayuda de sus lacayos internos, se hayan apropiado de la red, o se hayan tendido en relación a sus intereses, es otro cantar; al mismo tiempo demostró las irregularidades en las inversiones iniciales, y en las supuestas ampliaciones (son falsas y/o abultadas). Así apuntaba a quebrar el mito o la zoncera sobre los capitales ingleses, que como zoncera se relaciona con la madre que las parió a todas, a saber: la de civilización y barbarie.

En relación a la segunda idea que pretendemos refutar, es la de la época dorada, donde no existe el conflicto, donde todas son flores, donde ese sistema ferroviario funcionaba sin ninguna contradicción. Pensamos que con lo dicho hasta acá, en relación a la lógica del trazado ferroviario, a la política de tarifas, etc. esta idea queda a un lado. Si bien fue una de las creaciones más trascendentales (antes solo tracción animal), es necesario ver el reverso, es decir, verlo como instrumento de dominación y sojuzgamiento. Al mismo tiempo, sostenemos que esta idealización no permite pensar en el sistema ferroviario hoy, impide pensar en el avance sobre la cuestión atinente al desarrollo, a la liberación nacional.

Los ferrocarriles así pueden cumplir dos papeles, o ser el factor fundamental del anti-progreso, de la mantención en el primitivismo agropecuario; o ser una herramienta fundamental que contribuya para avanzar en un proyecto industrial, que posibilite la afirmación como comunidad autónoma, y mejore la calidad de vida de los sectores populares.

Por último, ya vimos que los ferrocarriles en busca de ganancias aniquilaron las industrias del interior, pueblos enteros, etc. (iban cargados de ida con productos manufacturados que necesitaba el interior, y de vuelta, con materias primas para la metrópoli), de esta forma decimos que deben ser puestos al servicio de las necesidades nacionales, en sentido diametralmente opuesto al capital privado.

Para finalizar, ahora sí, ponemos en consideración, que si bien Scalabrini ponía en claro que los ferrocarriles eran “hierro viejo”, no obstante lo cual, no debía inferirse de ello que no tuvieran que ser nacionales, dada su importancia estratégica, su “poder político”, su influencia sobre lo política nacional no deja de ser tal. De ahí la importancia de seguir avanzando en el control de los “resortes” básicos de la economía nacional y por eso también, que consideraba que adquirir los ferrocarriles equivalía a adquirir soberanía.

Fuene: Paco Urondo