17 de enero de 2018
Para
Cecilia Díaz, las últimas decisiones del Gobierno confirman que ha sido
abortado el intento de democratización de la comunicación impulsado
desde la recuperación democrática por las organizaciones sociales, la
academia y los trabajadores.
Todo cayó en la sospecha de corrupción o de gasto innecesario, donde lo que sobran son trabajadores y derechos de las audiencias.
Lejos de suponer que el panorama en 2015 era “la”
comunicación democrática como algo suturado y perfecto, lo cierto es que
es necesario preguntarse si en efecto las políticas del kirchnerismo no
alteraron significativamente el poder hegemónico de los grandes
conglomerados.0 ¿Qué hay de peligroso en esas políticas?
La clave del interrogante se encuentra en la disputa
retórica de la dimensión simbólica de esas medidas en relación con la
democracia, más que en la comparación indicadores estrictamente
económicos.
Cuando se modificó por DNU la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual en sus artículos más transformadores, el Jefe
de Gabinete Marcos Peña no dudó en enunciar “por decisión de Macri, se
termina la guerra del Estado contra el periodismo […] comienza una
política pública de comunicaciones del siglo XXI en la Argentina”.
Luego, Hernán Lombardi a cargo del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos lanzó el lema “ceder la palabra” y quitó a Zamba de
Tecnópolis ya que “estaba podrido por dentro”. Esta última declaración
si bien refería al estado material de las estructuras de las figuras en
el parque, adelantaron el fin de toda la perspectiva revisionista de la
historia en los canales educativos como Encuentro y Pakapaka, que en la
actualidad reproducen “latas” de documentales de animales. Ahora sí,
podemos conocer a los héroes que decoran los nuevos billetes.
Además del cierre del Instituto Manuel Dorrego y del Centro
de Producción e Investigación Audiovisual (CEPIA), a cargo del Ministro
de Cultura, Pablo Avelluto; la comercialización en manos de los privados
de los derechos del fútbol; y el abandono del Conectar Igualdad
desplazaron el rol del Estado como CEO de las corporaciones en las
antípodas de la democratización. Son decisiones que no han generado
atención en la población como un cercenamiento de derechos.
Sin embargo, desde los organismos internacionales defensores
de derechos humanos sí se advierte el problema porque la
democratización de la comunicación es un concepto sostenido desde el
plano supranacional al que Argentina adhiere en su Carta Magna. Los
abordajes y apropiaciones son variadas de acuerdo a los contextos
locales, donde los estados despliegan acciones u omisiones. En el caso
argentino, desde la reforma del marco regulatorio en 2009, la
democratización de la comunicación adquirió un sentido político
particular: refundar la distribución de la palabra como eje de la
discusión política a partir de un nuevo paradigma comunicacional.
En este punto se encuentra la clave de la disputa simbólica
que hay en el desguace de la políticas de comunicación del anterior
gobierno. Más allá de las evaluaciones que se puedan esgrimir sobre la
concreción material de esas iniciativas, no es posible soslayar que
surgieron y potenciaron la discusión política en los últimos años. Es
que el acceso a la pluralidad de voces como al uso de la palabra son
dimensiones del poder, por lo que lo que estuvo en juego fue la
distribución de los bienes simbólicos.
La huella del populismo kirchnerista, entonces, devela que
el orden comunicacional está dislocado. Por ejemplo hay
hiperconcentración y exclusiones. El carácter fundante de sus políticas
interpeló a la sociedad acerca de una cuestión básica de la política:
¿cómo se quiere vivir en sociedad? Esta pregunta politizante integra la
democratización, pero a sabiendas de que no va alcanzar un fin último.
La peligrosidad para los poderes fácticos -históricos y solidificados-
radica en el despliegue de un devenir que entrama demandas,
emancipaciones en la configuración de un horizonte democrático, que
viene a discutirlo todo.
En suma, el viraje en la posición del Estado bajo la
gestión de Cambiemos revela que el establecimiento de los límites de lo
pensable se vuelven concretos en el marco jurídico y represivo.
* Docente investigadora Unlam. Doctoranda en Comunicación (UNLP).
Fuente:Pagina/12 
