Desde devaluaciones hasta cambios en impuestos y servicios públicos, el país enfrenta desafíos sin un programa claro de estabilización que frene la escalada inflacionaria y el deterioro de la moneda nacional. ¿Hacia dónde se dirige realmente la economía argentina?
Las medidas económicas aplicadas hasta aquí por el nuevo gobierno argentino permiten una primera evaluación del rumbo que puede esperar el país. Durante la campaña electoral se descontaba la aplicación de un programa de estabilización económica por el complicado escenario transferido por el gobierno saliente: altísima inflación, reservas netas negativas en el Banco Central, estancamiento, muy alto déficit fiscal, múltiples tipos de cambio con amplias brechas, distorsión de precios relativos, deterioro del empleo y la situación social, etc. Lo que era difícil de prever era la aplicación de medidas que alimentan aún más el proceso inflacionario y la incertidumbre, sin ningún tipo de “ancla” para los precios junto con el deterioro y ausencia de las políticas sociales capaces de sostener la pérdida del valor real de los ingresos de la mayoría de la población.
La fuerte devaluación del tipo de cambio oficial fue acompañada con aumento del impuesto que se cobra sobre estas operaciones comerciales y que eleva aún más el tipo de cambio para importadores para recaudar tributos inmediatamente. También, y contrariando las expectativas de corporaciones que apoyan al gobierno, se anunció que se mantienen retenciones a las exportaciones e incluso que se suben para ciertos sectores industriales, con la excepción es minería e hidrocarburos. El gobierno muestra así su falta de interés en cambiar la matriz energética y su deseo de acelerar la extracción y la exportación de los recursos naturales del país; más aún, cuando pretende derogar las pocas leyes de defensa del medio ambiente que tiene el país para beneficiar un grupo seleccionado de corporaciones que siguen contaminando y acelerando la crisis climática.
También se inició un aumento de tarifas de servicios públicos de uso generalizado cuyo nivel final se desconoce. Más allá de la necesidad de recomponer precios relativos, el modo en que se está haciendo presiona al aumento inflacionario y aumenta la incertidumbre para la estimación de costos empresarios; así, parte de la escalada inflacionaria se explica por aumentos de carácter “preventivo” ante la incertidumbre futura. Hasta aquí, el único elemento que apunta a frenar la aceleración inflacionaria es la caída del valor real de los salarios con impacto directo en costos y en la demanda que profundiza la recesión. Además, el “impuesto inflacionario” que aceleró el gobierno licua el gasto público, no solo en los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, sino por el simple método de atrasar pago a proveedores.
También el impuesto inflacionario está licuando el valor real de los agregados monetarios, lo cual reduce el pasivo en pesos del Banco Central que, al mismo tiempo, está dejando de emitir deuda que usan los bancos como reserva. En su lugar, parece que se alienta la emisión de deuda por el Tesoro, aumentándose el costo financiero al fisco (presión adicional sobre otros gastos estatales). Esto debería impactar también en los activos bancarios porque los títulos del Tesoro son de menor “calidad” que los del Central (y pagan menor tasa). En la misma línea, se bajó la tasa de interés para depósitos de los ahorristas a niveles reales fuertemente negativos, licuando ahorros del público que no accede a mercados financieros más sofisticados y empujándolo al mercado de divisas para cubrir la pérdida de valor de sus ahorros.
La entidad monetaria también busca cambiar deuda en pesos por deuda en dólares, mediante una emisión que los importadores pueden tomar en pesos para sus pagos al exterior, pero que a su vencimiento deberá pagarse en dólares. Esto colabora en la absorción de liquidez a costa de la pérdida de calidad del patrimonio del Banco Central. Todo esto es propicio para dolarizar la economía como declama hace tiempo el actual presidente, aunque esto ya se desmintió y reconfirmó varias veces por funcionarios oficiales. Pero lo cierto es que, en lugar de buscar fortalecer la moneda nacional, lo que se está haciendo la debilita aún más de lo que ya estaba.
Mientras tanto, el gobierno desde su inicio buscó imponer un extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (cuestionado por su contenido y por inconstitucional) y un proyecto de ley omnicomprensivo que busca modificar centenares de normas que van desde un amplio blanqueo fiscal para evasores de todo tipo, privatizaciones y derogación de regulaciones en todos los órdenes sociales, cambios en derecho civil, comercial y penal, autorización para privatizar empresas públicas, desregulación de mercados como hidrocarburos y aeronáutico, la casi total liberalización de tarifas de servicios públicos, la absorción por parte del Tesoro del Fondo de Garantía Solidaria que actualmente administra la Administración Nacional de la Seguridad Social, autorización del Congreso para que el Ejecutivo tome deuda sin control de otros poderes, etc. Además, buscan transferir poderes especiales al Ejecutivo para tomar decisiones que corresponden a otros poderes del Estado.
Estos procedimientos suman más incertidumbre. No sólo no se conocen evaluaciones sobre los efectos de los cambios pretendidos, sino que las negociaciones con legisladores y gobernadores han ido provocando cambios que ni siquiera se conocen. Más allá del resultado final de estas negociaciones, que parecen apuntar a cuestiones sectoriales y de interés particular, ya se generó un escenario de inseguridad jurídica e incertidumbre que es exactamente lo contrario que necesita un país sumido hace tiempo en una profunda crisis económica, política y social. Si tantas normas pueden ser modificadas de este modo, el procedimiento podrá volver a aplicarse por este u otro gobierno. Asimismo, es evidente la improvisación y la preeminencia de intereses corporativos y sectoriales por encima del interés general del país con lo cual no puede esperarse nada positivo para la economía y la sociedad.
Con estas y otras medidas del mismo tenor, seguramente va a profundizarse la recesión, con aumento del costo de insumos nacionales e importados para la industria, con caída de salarios y beneficios sociales y con ello de la demanda de consumo e inversión. Si bien es probable que aumenten exportaciones agropecuarias, el sector también sufrirá aumento de los costos de sus insumos alimentando aún más a la inflación. En fin, la recesión, los salarios (formales e informales) y el recorte abrupto del gasto público, reciben todo el peso para frenar la inflación, pero hay demasiados elementos que la empujan para arriba. ¿Inversiones? Muy difícil en este contexto.
El anuncio del retiro por parte del gobierno del “capítulo fiscal” de las normas que pretende hacer aprobar por el congreso, también suma incertidumbre porque el objetivo está claro pero el procedimiento no. Más aún cuando la recesión debería hacer caer la recaudación de impuestos indirectos, aumentar la evasión y falta de pago de contribuyentes necesitados de financiamiento. Y, por supuesto, cuando el sesgo ideológico del gobierno es contrario a los tributos que se debaten en el mundo como riqueza, daños ambientales, herencia, etc. Todo indica que el esfuerzo estará más en el ajuste de gastos de servicios sociales esenciales, que junto con la caída de ingresos de la población ha de provocar un deterioro del bienestar de la mayoría de la población.
Asimismo, la propia recuperación de reservas que comenzó luego de la devaluación puede no seguir el ritmo esperado a medida que se tenga que pagar importaciones y compromisos de la deuda pública. Otra vez, la incertidumbre es creciente y es muy probable que el gobierno recurra a un segundo shock en un nuevo intento por acomodar desbalances y precios relativos que hasta aquí viene desacomodando aún más de lo que estaban. Según sean los negocios que habilite el gobierno para capitales extranjeros, puede esperarse en un primer momento entrada de capitales especulativos. Pero poca esperanza puede haber en la inversión productiva, mucho menos cuando el gobierno se autoexcluye del mundo con su posición frente a la crisis climática y otros temas sensibles de política exterior.
En este contexto es llamativo que se reclame que “hay que esperar a ver los resultados”. Algo parecido se reclamaba para experiencias pasadas, no sólo de ortodoxia neoliberal sino de heterodoxia popular inconsistente: lo único que se logró fue dejar que el gobierno de turno profundice los problemas del país hasta un nuevo episodio de crisis terminal.
Lo que hay que hacer es reclamar un urgente, informado y consistente programa de estabilización, que frene la escalada inflacionaria y el deterioro de la moneda nacional. También, que atienda las urgentes necesidades de los grupos de población más vulnerables, y no los intereses particulares de corporaciones afines con el poder. Lamentablemente, hasta aquí ese programa de estabilización económica sigue ausente y el gobierno argentino está aplicando un desarticulado programa de desestabilización económica y social que no puede traer beneficios para el país.
