Fuente:ramble tamble
El 40% del territorio argentino, 65 millones de hectáreas, está en manos de 1.200 terratenientes. ¿Quiénes son, cuáles son los orígenes del latifundio y por qué cada vez hay más propietarios extranjeros? Claves de un informe reciente elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA).
Desde tiempos coloniales hasta la actualidad, pasando por los enfrentamientos armados a lo largo del siglo XIX y el reparto que siguió a la denominada Campaña del Desierto, el conflicto por la tierra marcó a fuego la historia argentina.
En parte, por su condición de octavo país más extenso del planeta, pero también por una altísima fertilidad que a principios del siglo XX le valió el mote de Granero del Mundo. Lo cierto es que por esos años ya se había consolidado un modelo agroexportador de la mano de un recientemente consolidado Estado nacional, entre otras cosas gracias a la expulson y genocidio de comunidades originarias. ¿El resultado? Una sociedad dividida entre una gran mayoría de despojados (inmigrantes pobres europeos, indígenas y una masa de criollos) y un selecto grupo de familias latifundistas, los Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Ortiz Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente.
Un informe reciente elaborado por Daniel Godoy y Gina Chechele y publicado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA) da cuenta de esta historia, sus continuidades hasta el presente y consecuencias, el porcentaje de tierras en manos extranjeras y a nombre de off shore, en paraísos fiscales. En definitiva, una radiografía de la desigualdad.
En la actualidad, el 40% del territorio argentino -aproximadamente unas 65 millones de hectáreas- está en manos de 1.200 terratenientes(0,1% de los propietarios privados), mientras que un porcentaje similar pero de la población no tienen acceso a tierras ni vivienda propia.
Según el informe, entre los grandes terratenientes argentinos hay también conocidas figuras locales de la política, como los ex ministros de Economía Pedro Pou y Roque Fernández y ex gobernadores como Ramón Puerta. Lo mismo sucede con estrellas del deporte como Gabriel Batistuta y Manu Ginóbili, y ricos y famosos como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta.
Sin embargo, otros propietarios, en cambio, son ignotos. Es decir que sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato -y la evasión impositiva- a sus verdaderos dueños. En el país, 1.877.885 de hectáreas están en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales, según detalla el estudio del IEF-CTA en base a datos provistos por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). De ese número, el 45,4% pertenece a firmas suizas, el 34,7% a uruguayas, el 8% a sociedades de Luxemburgo, el 3,9% a panameñas, el 3,6% de Liechtenstein y el 3,4% a de Andorra.
Para tomar noción de la magnitud del ocultamiento, es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.
La cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras fue regulada por la Ley 26.737, estipulando el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La normativa disponía la necesidad de realizar un relevamiento a nivel nacional y disponía topas: las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Por nacionalidad, a su vez, no puede superar el 30% de ese 15% (personas de un mismo país no tendría que poseer más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país).
“Hoy hay 50 distritos en offside, que superan los límites que impone la ley”, señala el informe del IEF-CTA, donde se especifica que las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas: de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de estas tierras se encuentra en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% de estadounidenses. En el ranking, siempre según los datos del RNTR, le siguen General Lamadrid (La Rioja) con el 57% de extranjerización, Lácar (Neuquén) con el 53% y Campana (Buenos Aires) con el 50,7%.
“Nuestra tierra, dividida en manos tanto de estas familias nacionales oligarcas y latifundistas, como por personas o entidades jurídicas extranjeras, escondidos todas bajo la fachada que organismos como las offshore y paraísos fiscales prometen, delinean el escenario que hoy se vislumbra, y que no parece tenga una proyección, al menos a corto plazo, de dejar de hacerlo”, concluye el estudio.
El 40% del territorio argentino, 65 millones de hectáreas, está en manos de 1.200 terratenientes. ¿Quiénes son, cuáles son los orígenes del latifundio y por qué cada vez hay más propietarios extranjeros? Claves de un informe reciente elaborado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA).
Desde tiempos coloniales hasta la actualidad, pasando por los enfrentamientos armados a lo largo del siglo XIX y el reparto que siguió a la denominada Campaña del Desierto, el conflicto por la tierra marcó a fuego la historia argentina.
En parte, por su condición de octavo país más extenso del planeta, pero también por una altísima fertilidad que a principios del siglo XX le valió el mote de Granero del Mundo. Lo cierto es que por esos años ya se había consolidado un modelo agroexportador de la mano de un recientemente consolidado Estado nacional, entre otras cosas gracias a la expulson y genocidio de comunidades originarias. ¿El resultado? Una sociedad dividida entre una gran mayoría de despojados (inmigrantes pobres europeos, indígenas y una masa de criollos) y un selecto grupo de familias latifundistas, los Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan, Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Ortiz Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente.
Un informe reciente elaborado por Daniel Godoy y Gina Chechele y publicado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA) da cuenta de esta historia, sus continuidades hasta el presente y consecuencias, el porcentaje de tierras en manos extranjeras y a nombre de off shore, en paraísos fiscales. En definitiva, una radiografía de la desigualdad.
En la actualidad, el 40% del territorio argentino -aproximadamente unas 65 millones de hectáreas- está en manos de 1.200 terratenientes(0,1% de los propietarios privados), mientras que un porcentaje similar pero de la población no tienen acceso a tierras ni vivienda propia.
Según el informe, entre los grandes terratenientes argentinos hay también conocidas figuras locales de la política, como los ex ministros de Economía Pedro Pou y Roque Fernández y ex gobernadores como Ramón Puerta. Lo mismo sucede con estrellas del deporte como Gabriel Batistuta y Manu Ginóbili, y ricos y famosos como Marcelo Tinelli y Huberto Roviralta.
Sin embargo, otros propietarios, en cambio, son ignotos. Es decir que sus nombres se ocultan detrás de sociedades offshore, empresas de papel que muchas veces le otorgan el beneficio del anonimato -y la evasión impositiva- a sus verdaderos dueños. En el país, 1.877.885 de hectáreas están en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales, según detalla el estudio del IEF-CTA en base a datos provistos por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). De ese número, el 45,4% pertenece a firmas suizas, el 34,7% a uruguayas, el 8% a sociedades de Luxemburgo, el 3,9% a panameñas, el 3,6% de Liechtenstein y el 3,4% a de Andorra.
Para tomar noción de la magnitud del ocultamiento, es más que la suma de las superficies de Liechtenstein, Bahamas, Islas Caimán, Barbados y las Islas Vírgenes Británicas, cinco de los más afamados enclaves offshore.
La cantidad y la calidad del territorio que puede venderse a personas o empresas extranjeras fue regulada por la Ley 26.737, estipulando el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La normativa disponía la necesidad de realizar un relevamiento a nivel nacional y disponía topas: las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Por nacionalidad, a su vez, no puede superar el 30% de ese 15% (personas de un mismo país no tendría que poseer más del 4,5% de las tierras de un departamento, de una provincia o del país).
“Hoy hay 50 distritos en offside, que superan los límites que impone la ley”, señala el informe del IEF-CTA, donde se especifica que las dos localidades con mayor nivel de extranjerización del país son salteñas: de San Carlos, un área declarada “lugar histórico nacional” en los Valles Calchaquíes (con el 58% de su territorio extranjerizado), y el departamento de Molinos (con el 57% de extranjerización). En el primer caso, la mayoría de estas tierras se encuentra en manos de una sociedad radicada en Uruguay, mientras que en el segundo un 47% de estadounidenses. En el ranking, siempre según los datos del RNTR, le siguen General Lamadrid (La Rioja) con el 57% de extranjerización, Lácar (Neuquén) con el 53% y Campana (Buenos Aires) con el 50,7%.
“Nuestra tierra, dividida en manos tanto de estas familias nacionales oligarcas y latifundistas, como por personas o entidades jurídicas extranjeras, escondidos todas bajo la fachada que organismos como las offshore y paraísos fiscales prometen, delinean el escenario que hoy se vislumbra, y que no parece tenga una proyección, al menos a corto plazo, de dejar de hacerlo”, concluye el estudio.
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