martes, 5 de abril de 2022

Qué hacer para bajar la pobreza

La pobreza alcanza al 37,2 por ciento de las personas. (Fuente: Bernardino Avila)
La pobreza alcanza al 37,2 por ciento de las personas.. Imagen: Bernardino Avila

El 37,3 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, según los datos del segundo semestre de 2021 que informó el Indec. La cifra representó una mejora de 4,7 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2020, pero igual se encuentra en valores históricamente altos. A su vez, la aceleración de los precios en el primer trimestre amenaza con hacer repuntar este índice en el próximo informe. Página|12 consultó con distintos economistas sobre qué medidas tomar para ayudar a reducir la pobreza.

Retenciones

Pedro Gaite, becario doctoral del Conicet en el Centro de Estudios de la Estructura Económica (Cenes) explica que por las características de la inflación que hay hoy en día, la suba de precios seguirá siendo alta, a corto y mediano plazo. Sin embargo, explicó que las retenciones son una medida que permitiría desacoplar el precio internacional del interno.

“La inflación actual tiene un componente importado grande, por el aumento en el precio de los commodities y sobre todo los productos que exporta la Argentina. En ese sentido, las retenciones se tornan indispensables. Son por excelencia la herramienta de política económica para desacoplar el precio internacional del interno. Esos sectores están teniendo ganancias extraordinarias, y eso se da a costa de sectores populares ya que son productos en general de primera necesidad y con peso importante en la canasta básica. Los precios de alimentos y bebidas vienen creciendo por encima del promedio y eso es grave”, analizó.

A su vez, el economista recordó el nuevo acuerdo con el FMI y las metas fiscales que impone. "Hay que tener una lógica de recaudación y gasto progresiva. Que contribuyan los que están en mejores condiciones para gastar en los que más lo necesitan. El proyecto que busca la contribución de quienes tienen bienes no declarados en el exterior es una buena iniciativa".

Distribuye y vencerás

Si bien parecería que a la hora de aplacar la inflación las principales medidas a tomar giran en torno a los programas de precios, reducir el desempleo y aumentar el salario real, la economista Laura Testa, integrante de Paridad en la Macro, hace hincapié en que la discusión de la pobreza es un problema que se relaciona esencialmente con la distribución de la riqueza.

“No estoy segura de pensar que el problema de la inflación tenga que ver concretamente con factores económicos. Es verdad que hubo un alza de las commodities y complicaciones en torno a los precios del gas, pero no explican una expansión inflacionaria como la que se tiene. Por eso entiendo que gran parte de la discusión de la pobreza y la distribución es cómo agrandar la torta para poder redistribuirla. Ahora bien, es importante pensar de dónde sacar lo que se quiere distribuir. Hay unos pocos, pero los hay, que se encargaron de acumular grandes fortunas a costas de los otros y es ahí es donde hay que ajustar para que otros puedan vivir mejor. El proyecto del fondo para el FMI tiene que ver con eso”, mencionó la economista.

En los sectores más vulnerables, los mayores gastos son en alimentos y le siguen otras necesidades básicas como vivienda, ropa y servicios públicos. Martín Kalos, economista y director de Epyca Consultores, pone el foco en los alimentos y explica que una medida clave es el comercio justo, la agroecología.

“Hace falta que el Mercado Central no sea solo uno en Buenos Aires -y algunas pocas experiencias en el interior-, sino que haya mercados a nivel regional donde la producción frutihortícola periurbana de todas las provincias pueda concentrarse. Eso ya implicaría una reducción por única vez del nivel de precios. Y de la misma manera podría fomentarse la eliminación de intermediaciones innecesarias para enviar frutas y verduras a lugares muy lejanos, siendo que en casi todo el país hay producción. Habría que generar políticas públicas para que las cooperativas y emprendimientos familiares accedan a esa infraestructura y a esas redes", sugirió.

Alicia Mabel Reynoso: “A las enfermeras de Malvinas nos olvidaron durante más de 30 años

 

Las profesionales lograron el reconocimiento de veteranas después de una ardua lucha contra la invisibilización de las Fuerzas hacia la participación de las mujeres en la guerra.

02/04/2022

Foto: Daniel Baca

Fuente:Tiempo Argentino

“Nosotras, las enfermeras militares, somos asistenciales en tiempos de paz y operativas en tiempos de guerra”, define Alicia Reynoso. Ella es una de las 14 enfermeras que se ocupó de recibir y curar a los soldados que combatieron en la guerra de Malvinas de 1982. Porque la guerra no es sólo cosa de hombres.

Tenía 23 años y hacía dos que había ingresado a las fuerzas armadas como profesional. “No tenía mucha idea de lo que era la política ni nada en ese momento. Vivía mi juventud a pleno y bueno, me llamaron y me dijeron ‘te tenés que ir’. Y nos fuimos. Me busqué cinco compañeras y marchamos a hacer lo que nos habíamos preparado fuera de la institución como profesionales”.


Durante los meses que duró la guerra, las mujeres brindaron servicio en el Hospital Reubicable, que por cuestiones técnicas se instaló en Comodoro Rivadavia. Hasta hace 30 años, la historia de las mujeres no se conocía. A pesar de que habían recibido diplomas y medallas en el Congreso de la Nación, las mismas fuerzas armadas no las contaban como parte de una dolorosa guerra que fue mucho más que soldados y tenientes en la línea de fuego.

A partir de 2009, fue Alicia quien se planteó recuperar esa historia negada como enfermeras y sobre todo como mujeres. Solicitó ser reconocida como veterana de guerra y el pago de una bonificación especial. Ambos reclamos le fueron negados y debió acudir a la Justicia de la Seguridad Social cuya Cámara finalmente, el 7 de mayo de 2021, falló en forma favorable.

Aun así, gran parte de la historia que se escribe sigue ignorando la participación de las mujeres. El 22 de febrero en el edificio Cóndor se inauguró la sala Gesta de Malvinas “Sentimiento Vivo” donde no hay mención a ellas. Tampoco en el Museo Malvinas. “Como si no existiéramos –se lamenta–. Quiero creer que es un error porque es muy triste que en tu propia casa te sigan negando”.

Reynoso volvió de Malvinas y guardó todo en un caja sellada. Siguió trabajando en las fuerzas armadas, al igual que sus compañeras, e integró otros equipos con el hospital reubicable en Haití y en Panamá. Después de una situación personal extrema, decidió hacer psicoanálisis y allí descubrió que cargaba una angustia enorme por haber negado su propia historia.

–¿Cómo recordás esos días que estuvieron cumpliendo funciones en el hospital?

–Me acuerdo que implementamos unos alambres y ahí colgábamos todos los sueros con calmantes para esperar a los heridos. Todo eso fueron preparativos hasta que llegó el 1 de mayo a las 4.40 cuando se inicia el bombardeo y al poco tiempo empezaron a caer los heridos. Yo tenía 23 años, tenía dos años de experiencia como personal militar y los que venían eran soldados de 18 años la mayoría, en un servicio militar obligatorio. Como instrumentadora no me asombraba todo lo que venía llegando, lo que sí tuvimos que implementar en ese momento fue curar las heridas del alma que traían los chicos. Aparte del dolor que tenían en el cuerpo, ellos llamaban a su mamá, “mamá, mamá”, “dónde está mi mamá”, “avísenle a mi mamá”, eso nos marcó como mujeres. No en ese momento porque no lo medíamos. Después cuando fuimos madres, fuimos abuelas entonces nos pusimos en el lugar de esas mujeres que dieron sus hijos para la guerra. Creo que las fuerzas aéreas estuvieron muy acertadas en poner en esa línea a sus mujeres porque era ahí donde teníamos que estar. Era ahí donde ellos necesitaban que nosotros le tendamos una mano diferente, un olor diferente, una voz diferente, un trato diferente.

 –¿Pero creés que ellos lo pensaron así?

¡No! Salió y les salió bien. Si lo hubieran pensado no nos mandaban. Hicimos todo lo que teníamos que hacer: atender a los heridos que llegaban. En mi caso, atendía y como instrumentista, cuando algunos de los médicos me decían que iba a cirugía me sacaba la ropa verde e iba a quirófano y nos preparábamos para la cirugía. Y después hacíamos las evacuaciones aeromédicas, todos los días había evacuaciones y el hospital tenía que tener las camas libres. No sabíamos cuándo venía el próximo con más heridas. Así que a veces salíamos en los aviones, cada una tenía un grupo, un médico una enfermera y a veces salíamos para un lado y terminábamos yendo a uno u otro. Así lo hicimos y convencidas de que ese era el lugar donde teníamos que estar. Lo que pasa es que nunca nos imaginamos lo que iba a pasar después, en la posguerra. La desmalvinización para nosotras vino de nuestra superioridad. Nos olvidaron durante más de 30 años.

-¿Cuándo tomaron conciencia de la invisiblización?

–Estando acá en Buenos Aires (Alicia vive en Entre Ríos) mientras cenaba con un compañero, me dijo “yo en una charla las voy a nombrar”. Ahí nos empezamos a enterar, con las chicas que vivían en Buenos Aires, que había muchos que estaban cobrando. Ahí nos dimos cuenta que había un manejo oscuro, pero de todos modos nos convocaban a los actos, mientras éramos adornos. Hasta que yo empecé a exigir y empecé, para ellos, a ser la mala, la problemática. Un quiebre fue en 2019 cuando nos habían vendido el uniforme uno o dos años antes. Ese año fuimos al desfile del 9 de julio, invitadas por la Fuerzas Aérea. Cuando llegué me dijeron que no podíamos desfilar. Nos querían sacar con la fuerza pública. Yo estaba con mi otra compañera y los enfrentamos. Nos dejaron desfilar pero nos pidieron que lo hagamos sin bandera.  Entonces dejamos los palos y me escondí la bandera en la ropa, ahí salimos y cuando empezamos a marchar, saqué la bandera y nos ovacionaron.

–¿Qué te pasó con esa situación?

–Yo dije que no iba a usar más el uniforme, porque fue una farsa que nos lo vendieran como veteranas y después nos mandaran a echar. Ahora, allí había hombres que estaban en iguales condiciones que nosotras, pero ninguno levantó la voz. Esos se arrastran, porque si están atacando a un camarada yo voy y lo defiendo. No  quiero estar con estos en una trinchera porque me matan por un pedazo de pan. Es muy feo ser NN, yo me jubilé el año pasado, todas estamos vivas, con voz para contar la historia que no tiene un color político.

-Hubo una construcción mediática de la guerra, ¿cómo viste eso al volver?

-Nosotras lo vimos desde un principio. Cuando empezaron a llegar los soldados, antes de los bombardeos y después del 1 de mayo nos decían: nos están matando, nos están cagando de hambre… Y te digo la verdad, volvían muy desnutridos los chicos, con hambre, con frío y muy golpeados.

-¿Cuándo entendieron lo que estaba pasando allá?

-Tomamos conciencia con los años. En ese momento, no sabíamos realmente que estábamos escribiendo una parte de la historia de Argentina. Siento el gran orgullo de haber levantado la bandera por la visibilidad de las mujeres que en el 82 dijeron sí a la Patria. Con los años, no se puso en claro todo lo oscuro que fue Malvinas. Se contó una media historia, falta contar otra media historia. En esa media historia, estábamos las mujeres y están los soldados que todavía falta reconocer. «

Garantizar la memoria para defender la soberanía argentina de Malvinas

01/04/2022

Foto: Télam

Fuente:Tiempo argentino

Por: María Eugenia Duré

Senadora nacional por Tierra del Fuego (Frente de Todos)

@EugeniaDureTDF

A 40 años del conflicto del Atlántico Sur, de la guerra de Malvinas, de ese hecho fatídico que nos atraviesa a todas las argentinas y argentinos, tenemos el deber moral y hasta humano como dirigencia política de cimentar  una de las  más nobles causas y acuerdos a los que el pueblo argentino reconstruyó y custodio hace ya cuatro décadas. La construcción de una memoria colectiva de convicción ante ninguna guerra más, ningún país colonial ni usurpador, ningún mezquino interés por encima de nuestro reclamo legítimo e irrenunciable de soberanía argentina sobre las nuestras Islas Malvinas. Tenemos la bandera de soberanía bien en alto y no vamos a claudicar en este camino que logramos constituir, a la Causa Malvinas como política de Estado.

Somos nosotros y nosotras, los y las dirigentes de los proyectos nacionales y populares a lo largo de nuestra historia los que sostenemos la garantía de la memoria y la vigencia de la causa Malvinas como una construcción colectiva, junto a nuestros veteranos, veteranas y en memoria de nuestros caídos. Somos nosotros y nosotras, en particular las y los fueguinos, los debemos asumir el compromiso con nuestros héroes y heroínas,  para que de una vez y para siempre los tres poderes que conforman el Estado Nacional, estén a la altura de lo que el pueblo argentino demanda.

Nunca más un funcionario, funcionaria  o dirigente que ocupe un lugar de decisión, tiene que poner en duda nuestra soberanía argentina sobre las islas Malvinas y menos aún pensar que puede ser moneda de cambio en cualquier negociación, nunca más un Gobierno puede desmerecer el trabajo que nuestro país lleva adelante, de manera sostenida, en los distintos organismo y foros internacionales, porque es un compromiso que se lo debemos a las nuevas generaciones, que son los y las que mantendrán la Causa en lo más alto.

Respiramos soberanía. Respiramos Malvinas; venimos desde el sur de nuestra patria a seguir defendiendo nuestra tierra malvinera y la Causa Malvinas desde el sentimiento de las y los argentinos.

La democracia que supimos conseguir está construida con algunos cimientos que forman parte de la estructura más férrea de nuestra sociedad. Esta democracia joven y nuestro pueblo saben, sienten y comprenden que no hay democracia sin soberanía. Y en ese marco, quizá sean nuestras Islas Malvinas de las causas más nobles que tiene el pueblo argentino, ese recuerdo permanente y de nostálgicos que nos guía, que nos indica cuál es el rumbo correcto y cuáles son las cosas y a los lugares a los que las y los argentinos no queremos volver.

Democracia y soberanía, nada más ni nada menos. Es por eso que nuestro camino legislativo es continuo en malvinizar y cultivar la memoria malvinera, por eso es que tenemos un enorme desafío de seguir ampliando derechos para nuestros veteranos y veteranas, sus familias, el reconocimiento continuo y la posibilidad de convertir en ley el proyecto de Capacitación Integral sobre la Causa Malvinas a los tres poderes del Estado, que se sumaría a la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativas Malvinas, a la demarcación de la Plataforma Continental y a los diferentes beneplácitos, por lo que el Congreso de la Nación es artífice necesario para que nuestros veteranos, veteranas y caídos sean eternamente reconocidos y seguir fortaleciendo nuestra Causa en todo el país de manera integral.

A 40 años de Malvinas, y en la memoria de nuestros combatientes, con el compromiso asumido para con nuestros veteranos, veteranas, de sus familiares; nosotros y nosotras, como representantes de las provincias y de todas y todos los argentinos en el Congreso de la Nación nos toca asumir el cómo garantizar que el Estado nunca los abandonará. Que cada funcionario o funcionaria que tenga el privilegio de ser parte del Estado nacional sepa de que se trató aquella guerra, que cada funcionario y funcionaria sepa del valor estratégico de nuestras Islas, que asuma con conciencia  la necesidad de levantar la bandera de nuestra soberanía nacional, para que nunca más ningún gobierno de turno se vuelta atrever a desmalvinizar la Causa del pueblo argentino, porque sabemos que más temprano que tarde volverá a flamear la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas.

Porque estamos convencidos y convencidas que no entregaremos nuestra soberanía ni la recuperaremos de rodillas; sino que será con un profundo amor a nuestra Patria, a nuestro pueblo y principalmente en honor a nuestros veteranos, veteranas y en la memoria de nuestros caídos en combate defendiendo nuestra tierra.

martes, 15 de marzo de 2022

Generación de empleo de calidad para el desarrollo sostenible en la Argentina

  IADE

Mariana L. González


La autora realiza un repaso de los últimos cincuenta años en relación al desarrollo del mercado de trabajo en la Argentina, y vincula los resultados de las principales políticas laborales de cada etapa del país con los ODS relacionados con el empleo. 



Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) plantea “promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos” (Naciones Unidas, 2015). El logro de un elevado nivel de crecimiento económico y la generación de empleo de calidad son cuestiones insoslayables con vistas a lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

En el marco de este objetivo se establecen diez metas, vinculadas básicamente con el propio crecimiento económico y de la productividad, su desvinculación de la degradación del medioambiente, la generación de “empleo pleno y productivo” y “trabajo decente”, la protección de los derechos laborales, la erradicación del trabajo forzoso, la trata de personas y del trabajo infantil, y el fin de la discriminación en el empleo. Sobre este objetivo, como los demás, difícilmente exista desacuerdo, al menos explícito o público. Pero cuando aparece en escena la necesidad de establecer instrumentos de política para avanzar en su logro, los acuerdos ya no son tan generalizados.

En este artículo proponemos una reflexión sobre las condiciones socioeconómicas y las políticas necesarias para avanzar en el logro de la meta propuesta en la Argentina. El análisis de las tendencias de largo plazo que tuvieron lugar desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad, en términos de la evolución del empleo, la calidad de las ocupaciones y el salario promedio dará sustento a esa reflexión.

Los quiebres en el mercado de trabajo en las últimas décadas

La última dictadura marcó el inicio de un cambio radical en la economía argentina. Tras el golpe militar, la apertura externa comercial sumada a la sobrevaluación de la moneda local tuvo profundas consecuencias sobre los sectores que producían principalmente para el mercado interno, en especial, para la industria manufacturera. La apertura financiera, el régimen cambiario y la vigencia de una elevada tasa de interés real implicaron que las inversiones de corto plazo en el sector financiero gozasen de una rentabilidad promedio superior a las inversiones productivas, de modo que los recursos se orientaron hacia esas “inversiones” financieras.

La dictadura dejó una pesada herencia económica para el gobierno civil que le sucedió, que condicionó el crecimiento de la Argentina en el largo plazo. Por un lado, por la reconfiguración regresiva del aparato productivo; por el otro, por la rápida acumulación de un nivel de deuda externa sin precedentes en el país.

Las políticas adoptadas durante el período del régimen de convertibilidad en la década de 1990 no hicieron más que profundizar el proceso regresivo de transformación productiva. Una nueva etapa de apertura externa, esta vez generalizada y abrupta, con una moneda sobrevaluada que acentuaba las desventajas competitivas locales, implicó nuevamente un proceso de destrucción de empresas y de ramas productivas al interior de la industria. La desregulación financiera y una elevada rentabilidad para las colocaciones financieras empujada por el endeudamiento estatal reeditaron un nuevo capítulo del proceso de “valorización financiera” con la consecuente fuga de capitales (Basualdo, 2006).

Los resultados económicos para este largo período fueron más que negativos. En los más de 25 años que median entre 1974 y 2001, el PIB per cápita se redujo a un ritmo equivalente a 0,1% por año; mientras que el producto por ocupado –la productividad– se expandió a una tasa anual de solo 0,3% (González, 2011).

Además, se afectó negativamente la capacidad de la economía para generar puestos de trabajo y especialmente puestos de calidad. Se verificó una caída tendencial en la tasa de empleo, que pasó de 41,0% en 1974 a 36,0% en 2001 (y descendió aún más en 2002) y un fuerte incremento en la tasa de desocupación, que creció de 4,8% a 20,3% entre esos mismos años1. En ambos casos, los resultados fueron especialmente negativos durante el régimen de convertibilidad, pero no se circunscribieron solo a ese período.

El deterioro de la calidad de las ocupaciones que acompañó estos procesos puede apreciarse a través de la disminución del peso de las ocupaciones asalariadas, la mayor tasa de subocupación y la mayor proporción de empleo no registrado. El poder adquisitivo del salario promedio tuvo un violento descenso de 42,4% entre 1974 y 2001, con caídas bruscas en algunos momentos críticos, como la irrupción de la dictadura y los años de severas crisis económicas2. Este retroceso salarial es reflejo de una pérdida de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso.

Tras la fuerte devaluación de la moneda que selló el fin del régimen de convertibilidad, el salario real sufrió un nuevo derrumbe, que implicó que en 2003 se ubicase 54,7% por debajo del nivel de 1974: había perdido más de la mitad de su poder de compra. Pero desde entonces la economía volvió a crecer, en base a un patrón diferente. El elevado nivel del tipo de cambio real implicó una mayor competitividad en general y una importante protección para los sectores dedicados al mercado interno. En los años sucesivos el crecimiento económico fue considerable, y sostenido, con un mayor dinamismo del sector industrial.

Este crecimiento económico fue especialmente intensivo en la generación de puestos de trabajo, de modo que se produjo un aumento extraordinario de la ocupación. Así, la tasa de empleo pasó en tres años desde un piso de 35,2% en 2002 a 40,5% en 2005, nivel que no alcanzaba desde 1974; mientras que la tasa de desocupación descendió desde el máximo de 22,4% en 2002 a menos de dos dígitos desde 2007. Además, crecieron especialmente los puestos registrados y este mayor empleo se dio en conjunto con una notable mejora en su calidad: mayor tasa de asalarización, menor tasa de no registro, y menor subocupación.

En este marco, se verificó una recuperación de los salarios e ingresos reales, lenta al inicio, y empujada por políticas activas como los aumentos salariales por decreto y los incrementos en el salario mínimo, vital y móvil. A medida que se reducía el desempleo y crecía el poder de negociación de las y los trabajadores, tomaron fuerza las negociaciones colectivas.

Incluso a pesar del impacto de la crisis económica internacional, la mejora en los indicadores económicos y laborales fue notable hasta 2011. En la última etapa del gobierno kirchnerista, signada por la restricción externa, el crecimiento económico fue limitado e inestable y se produjo una retracción en el valor agregado industrial. El consumo mantuvo un leve crecimiento, impulsado por políticas de sostenimiento de ingresos.

El cambio de signo político a fines de 2015 implicó la vuelta de las políticas neoliberales: liberalización de la cuenta corriente y de capital, incentivos a la especulación financiera, fuerte aumento de tarifas de los servicios públicos, ajuste fiscal y política monetaria contractiva. Esta vez, el ciclo se desarrolló de manera extraordinariamente acelerada, en especial por un incremento exponencial de la deuda externa –con su correlato en fuga de capitales– que derivó en poco más de dos años en un acuerdo con el FMI, también insostenible.

Entre 2015 y 2019 el PIB retrocedió a una tasa anual acumulativa del 1,0% mientras que el PIB per cápita lo hizo a una tasa anual del 2,0%. La industria fue el sector que más se redujo en este marco, con una caída en su valor agregado a una tasa del 3,6% anual.

En estos años empeoró de forma considerable la situación de las y los trabajadores. Se produjo una reducción en la tasa de empleo3, la tasa de desocupación fue creciente y en 2019 volvió a superar el nivel de dos dígitos, lo que no había sucedido desde 2006. El empleo registrado privado no volvió a alcanzar el nivel de 2015, y en particular la industria manufacturera fue constantemente expulsora de empleo. En general el empleo se deterioró en su calidad: se redujo la tasa de asalarización, se incrementó el peso del empleo no registrado y aumentó la subocupación (CIFRA, 2019). En este marco, el salario sufrió un fuerte retroceso, de modo que la caída del ingreso laboral entre el primer semestre de 20154 y el segundo de 2019 fue de casi 16%.

Organizaciones sociales y sindicales que participan del monitoreo de los avances hacia los ODS 2030 se han referido al deterioro de las condiciones del mercado de trabajo en este período resaltando que “para las organizaciones sindicales, el legado en materia de violación de derechos laborales y de incremento de la precariedad…, sumado a violaciones flagrantes a la libertad sindical… mostraron el carácter permanente de la gestión” (CNCPS, 2020:58).5

El impacto de la pandemia de Covid-19 y la situación actual

Se esperaba que la derrota electoral de este proyecto marcase un nuevo quiebre en materia de políticas económicas, laborales y sociales y la posibilidad de recuperar ingresos para los hogares argentinos. Pero la irrupción de la pandemia de Covid-19, y la consiguiente necesidad de establecer el aislamiento preventivo y obligatorio, repercutieron negativamente sobre la producción, el empleo y los ingresos. En abril de 2020, en su punto más bajo, el nivel de actividad económica había retrocedido 26,0% respecto de febrero y recién en agosto de 2021, tras un proceso de recuperación con altibajos, volvió a alcanzar el nivel previo a la pandemia.

Se desplegaron políticas activas que, ante esta situación, buscaron preservar los puestos de trabajo y compensar parcialmente las pérdidas de ingresos de los hogares. El diseño de estas políticas, así como su efectividad, se vieron condicionados por el hecho de que la estructura del empleo en nuestro país se caracteriza por la existencia de importantes proporciones de ocupadas y ocupados en situaciones de informalidad, precariedad y desprotección; en gran medida como consecuencia del proceso de deterioro, anteriormente reseñado, que tuvo lugar entre la dictadura y la crisis final de la convertibilidad. Así, en 2019 poco menos de la mitad de las personas ocupadas (47,7%) estaban registradas en relación de dependencia y la mitad restante, se dividía en partes similares entre quienes tenían una relación laboral no registrada y quienes no eran asalariados. Este último grupo, constituido en su amplia mayoría por trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, con ingresos relativamente bajos e inestables (CIFRA, 2020).

Hacia las y los asalariados registrados se desplegaron diversas políticas de protección, desde las licencias y suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo hasta la prohibición de despidos y la implementación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que, entre otras medidas, incluyó el pago de una parte del salario de quienes se desempeñaban en empresas en situación crítica. También existieron créditos a tasa cero para trabajadoras y trabajadores independientes que estuviesen registrados. A la amplia porción de trabajadores en situaciones de informalidad y no registro se destinó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una transferencia monetaria que cobraron hasta 7,8 millones de personas.

La trayectoria que siguió el empleo para los distintos grupos de personas ocupadas da cuenta del importante grado de vulnerabilidad que enfrentan quienes tienen ocupaciones informales y, por otro lado, de la dificultad de las políticas públicas para otorgar una protección de ingresos en estos casos. En el segundo trimestre del año 2020, que fue el de mayor impacto económico de la pandemia, puede estimarse que la caída en la cantidad de las y los ocupados fue del 20,7%, acercándose a los 4 millones, y que estuvo principalmente empujada por la rápida reducción en las y los asalariados no registrados (-2,3 millones) y en las y los no asalariados (-1,6 millones), mientras que las y los asalariados registrados pudieron estar relativamente más protegidos por una mayor regulación estatal.6

A medida que la economía se fue recuperando también volvió a crecer el empleo. En el segundo trimestre de 2021 (último dato disponible) el número de las y los ocupados era 2,1% inferior al del último trimestre de 2019, previo a la pandemia. Pero la cantidad de las y los asalariados no registrados era menor al de ese momento en un número aproximado de 700.000 (-13,9%).

Además de este saldo negativo en materia de empleo, los ingresos de las y los trabajadores resultaron especialmente golpeados. Entre los segundos trimestres de 2020 y de 2021 el ingreso laboral promedio tuvo una caída del 5,3% en términos de poder adquisitivo, que alcanza al 18% cuando la comparación se hace respecto del mismo trimestre de 2017, y que fue aún más fuerte para quienes menos ganan. No solo no pudo revertirse la gran pérdida de salarios e ingresos que tuvo lugar en la crisis final del gobierno de Macri, sino que con la pandemia esta se profundizó.

Este escenario social crítico, que se refleja en los elevados niveles de pobreza, dificulta la recuperación económica y la posibilidad de retornar a un sendero de crecimiento económico. Así, el nivel de consumo privado se ubicó en el segundo trimestre de 2021 casi 19% por debajo de los valores verificados hace tres años. Ante esta situación, no caben dudas respecto de la necesidad de implementar políticas activas de recuperación de ingresos, tanto por razones sociales como económicas.

Algunas lecciones históricas

El breve y apretado recorrido por la historia del mercado laboral en el último medio siglo pone de manifiesto algunas regularidades que es fundamental considerar para la implementación y/o evaluación de cualquier política que pretenda apuntalar el objetivo de “promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”.

La implementación de políticas neoliberales de apertura comercial, desregulación financiera, menor intervención del Estado en la economía y reformas institucionales que implicaron pérdida de derechos para las y los trabajadores ya mostraron sus resultados, no una sino repetidas veces: insostenibilidad del crecimiento económico, desindustrialización, escasa (o incluso negativa) generación de puestos de trabajo formales, precarización del empleo y pérdida de poder adquisitivo en los ingresos. Cada uno de estos “experimentos neoliberales” implicó descender escalones en las condiciones de vida de los hogares argentinos.

El interregno posterior a 2003 mostró que, al igual que sucedió en la etapa de industrialización sustitutiva en nuestro país, el crecimiento económico y el incremento en la productividad son condiciones ineludibles para la mejora en los ingresos. Pero también lo es una significativa generación de empleo, y sobre todo de empleo de calidad, con derechos.

Sin creación de puestos de trabajo en el sector formal de la economía, estrechamente ligada con el nivel de crecimiento económico y con los sectores de actividad que lideran ese crecimiento, las y los trabajadores ven debilitados sus reclamos salariales y sus posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, perdiendo participación en la distribución del ingreso.

Referencias bibliográficas

Arakaki, A. (2016) “Cambios recientes en la Encuesta Permanente de Hogares. Análisis de las proyecciones poblacionales y la muestra maestra”. Documento de trabajo Nº22, CEPED-IIE FCE-UBA.
Basualdo, E. (2006) Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, FLACSO / Siglo XXI, Buenos Aires.
Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) (2019), “Informe sobre la situación del mercado de trabajo Nº6”, Buenos Aires.
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) (2020), “Segundo Informe Voluntario Nacional de la Argentina 2020”, Buenos Aires.
Fernández, A.L. y M. González (2019), “Cambios metodológicos en la medición de la pobreza en Argentina. Revisión y construcción de series homogéneas”, Documento de Trabajo Nº16, CIFRA, Buenos Aires.
González, M.L. (2011), “La relación de largo plazo entre patrones de crecimiento y mercado de trabajo. Un análisis sobre los salarios en Argentina entre 1950 y 2006”, tesis de doctorado, FLACSO, Buenos Aires.
Naciones Unidas (2015), “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, Resolución Nº70 aprobada por la Asamblea General el 25/9/15.
Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) (2020), “Medidas socioeconómicas ante la crisis provocada por el coronavirus”, Buenos Aires, abril.


1 Las tasas surgen de la EPH-INDEC. Son promedios de las ondas de mayo y octubre de cada año y fueron empalmadas con las publicadas tras el cambio metodológico de 2003 para que resulten comparables.
2 Sobre la metodología de cálculo de la serie histórica de salario real, ver González (2011).
3 La caída de la tasa de empleo se verifica al analizar la población de 14 años y más. Las modificaciones que tuvieron lugar en las proyecciones de población utilizadas por la EPH entre 2013 y 2016 dificultan la comparación directa de las tasas de empleo sobre población total (Arakaki, 2016; Fernández y González, 2019).
4 Se carece de estadísticas para el segundo semestre de 2015.
5 En CNCPS (2020) se muestra cómo, en el marco de un brutal ajuste del gasto público, decreció a la mitad el gasto asociado directamente con el ODS “Trabajo decente y crecimiento económico” como proporción del gasto primario total.
6 Estimación propia en base a la proyección de datos de la EPH-INDEC a nivel nacional.

- Mariana L. González, Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO) y Magíster en Economía (UBA). Investigadora de CONICET. Profesora de posgrado en FLACSO y la UNSAM, y de grado en la Universidad de Buenos Aires.

jueves, 10 de marzo de 2022

sobre la disolución del poder político ¿Gobernará el ajuste? – Por Artemio López

 Fuente:Ramble Tamble




Artemio López analiza en esta nota las posibles consecuencias del acuerdo con el FMI, que podrían implicar una profundización del ajuste socioeconómico y la licuación del poder político del Gobierno.


Por Artemio López*

(para La Tecl@ Eñe)




Se muestra en este trabajo la evolución de la estructura de ingreso familiar a nivel nacional durante este gobierno medida por el INDEC. Es el último dato disponible, el próximo correspondiente al segundo semestre de 2021 lo tendremos en abril.

Sobre esta estructura de ingresos se aplicará la “corrección tarifaria”.

Es evidente que un ingreso promedio familiar de $96.957 no admite correcciones sin merma importante del ingreso destinado al consumo. Veremos la segmentación, pero no esperemos milagros. Así está la cosa.

El esquema de «le sacamos totalmente el subsidio sólo al decil más alto» hace que un hogar cuyo ingreso sea el de un trabajador bancario o un matrimonio de docentes, paguen la tarifa al 100% igual que un empresario con ingresos millonarios tipo un Macri en su casa de Acassuso.

O sea que un hogar cuyo ingreso sea el de un trabajador bancario o un matrimonio de docentes van a pagar la tarifa al 100% igual que un empresario con ingresos millonarios.

Obsérvese adicionalmente que los ingresos familiares crecieron en promedio de un 61,7% en el lapso bajo análisis, mientras la inflación acumulada en igual período fue de 80,4%. A nivel general y un incremento de alimentos y bebidas de 81,6% en ese período.

Por otra parte, vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles tuvieron una variación en el período del 42,97%; pero estos resultados son con ANCLA TARIFARIA. Imaginemos sin ella, como ahora se propone, sumado a la “inflación importada” por commodities en alza y una tasa de devaluación atrás de la inflación. La única ancla inflacionaria parece que serán los salarios ya deprimidos tras las dos pandemias: Macri y el COVID.




Esta es la situación de ingresos familiares realmente existente al momento de firmar el nuevo acuerdo con el FMI; es obvio que exigir corrección de tarifas sobre el conjunto de la estructura social es una imposición del organismo de crédito a todas luces improcedente. Sin embargo, se hará.

Al respecto y analizando la problemática ya no económica sino político social que históricamente se abre tras la firma de acuerdos con organismos de crédito, recordemos que el efecto central de la crisis desatada mediante acuerdos con el FMI en el fin de la convertibilidad –además del paisaje socioeconómico desolador, donde el 27,6% de la población argentina quedó en la indigencia– fue el colapso del vínculo entre representación política y ciudadanía, plasmado en el “que se vayan todos”.

Néstor Kirchner reconstruyó los puentes con las grandes mayorías. “Kirchner recompuso la autoridad presidencial”, se reconocía.

A dos décadas de aquel desastre, el gobierno impulsado por la toma de deuda impagable que realizara el gobierno de Mauricio Macri, vuelve a transitar el camino que propone acordar el diseño de política socioeconómica con el FMI.

Sabemos por experiencia propia y ajena que entre las consecuencias no escritas pero inexorables de las “condicionalidades” de acordar con el FMI –la organización lobista por excelencia de los acreedores de deuda– está el manejo del sistema de decisiones políticas.

En Grecia, la denominada “troika” (Banco Europeo, Comisión Europea y FMI) hasta obligó al premier Alexis Tsipras a desconocer el referendo popular rechazando la continuidad de las políticas de austeridad y el rescate propuesto por los acreedores. Desencadenó así una profunda doble crisis –de gobierno y partidaria en Syriza–, precipitando el recomienzo del ajuste neoliberal, ruinoso para la economía y el pueblo griego.

En Brasil, Dilma Rousseff, entregó la economía al sector financiero encarnado por Joaquim Levy –banquero y ex funcionario del FMI–, que obligó a profundizar políticas ortodoxas. Sucedió una fuerte crisis económica, en el PT, y caída vertical del poder y la popularidad de Dilma, que asumió con 70% de aceptación para, en menos de 24 meses, caer a un dígito.

Al respecto señalaba Gilberto Maringoni, profesor de la Universidad de San Pablo: “El ajuste dejó de ser una opción para el gobierno. Es su propia razón de ser. Si el ajuste termina, el gobierno cae. La contracción, los recortes, el brutal superávit y toda la catilinaria del neoliberalismo heavy metal –que Dilma acusó a Aécio Neves de querer implantar– llegó para quedarse. No es Dilma quien nos gobierna. Es el ajuste”.

¿Es necesario aclarar que Alberto Fernández difícilmente será la excepción a esta regla? Presenciaremos en cada revisión trimestral vinculante la profundización del ajuste socioeconómico y la inevitable licuación del poder político.

Aunque el sistema de medios de un lado y otro de “la grieta” edulcore el “nuevo rumbo” del Gobierno y hasta lo publiciten – como hicieron siempre los de “mayor autonomía y pragmatismo” -, lo constatable por análisis comparativos internacionales y de historia nacional reciente es que muy probablemente ya no habrá decisión económica ni política trascendente que no requiera aprobación del FMI.

Se configurará así una coyuntura de notable gravedad socioeconómica e institucional, escenario que históricamente condujo a callejones sin salida.

Tal como sucedió con Tsipras en Grecia en el año 2015, Rousseff en Brasil en el año 2014, pero también con Alfonsín en el año 1989 y De la Rúa en el año 2001, hoy apenas comenzando el año 2022, tras el acuerdo con el FMI, probablemente ya no será Fernández quien gobierne, nos gobernará el ajuste o de lo contrario, el mismo organismo tiene previsto impulsar la existencia de un gobierno que cumpla sus directivas.

El que mejor expresó esta delicada cuestión fue Ilan Goldfajn, el economista brasileño ultra ortodoxo que el FMI puso a monitorear la economía argentina y asumió como director del Departamento para el hemisferio occidental de la entidad.

Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y un máster por la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro, el brasileño fue elegido en 2017 Banquero Central del año por la revista The Banker, y un año después fue nombrado Mejor Banquero Central por la revista Global Finance.

Con semejante currícula, el señor Goldfajn dijo a Eduardo Levy Yeyati, economista argentino cercano al brasileño, que el acuerdo alcanzado no contiene las reformas estructurales que la Argentina necesita pero que el FMI “ve esto como un puente hacia un nuevo gobierno que tiene la capacidad de hacer las reformas para poner sus cuentas en orden y crecer”.

El funcionario “sincericida”, ya nos advierte que la estrategia norteamericana no se agota en la firma de este acuerdo.

El FMI caracteriza al actual como gobierno de transición o “puente” y de no cumplirse sus demandas irá por un “nuevo gobierno en el país”, amigable con las reformas estructurales que exige el Fondo que nos “permitirán crecer” y desde luego, bien lejos del actual formato popular – democrático al que juzgan un verdadero obstáculo a sus intereses estratégicos.

Por suerte no nombró a su candidato preferido, aunque lo imaginamos. Estamos advertidos.😒


*Director Consultora Equis.

¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer?

En marzo de 1909 durante una huelga en reclamo por aumento de salarios, reducción de la jornada laboral y fin del trabajo infantil, 129 mujeres murieron calcinadas en la fábrica Cotton Textile Factory, por un incendio provocado por sus dueños.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 de Marzo 2019 Día Internacional de la Mujer 

 El origen de la fecha se remonta a 1857 cuando en la ciudad de Nueva York, mujeres trabajadoras de una fábrica textil se manifestaron en protesta por sus condiciones laborales. Cincuenta años después, en 1908, en la misma ciudad, 15.000 obreras marcharon al grito de “¡Pan y rosas!”, sintetizando en esta consigna sus demandas por aumento de salario y por mejores condiciones de vida.  En 1909 - también en marzo -, trabajadoras textiles (costureras industriales) se habían declarado en huelga. Luchaban por sus condiciones laborales: aumento de salarios, reducción de la jornada laboral a 10 hs., y fin del trabajo infantil. Durante esta huelga pacífica 129 mujeres murieron calcinadas en la fábrica Cotton Textile Factory, en un incendio provocado por sus dueños. Se cree que esto ocurrió el día 8 de marzo. 

En 1910, durante el II Encuentro de Mujeres Socialistas realizado en Copenhague, la delegada alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista. 

Finalmente en 1975 la Organización de Las Naciones Unidas lo constituyo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en dicha fecha

Fuente:https://gualeguaychu.gov.ar/

martes, 22 de febrero de 2022

Murió Susana Torrado, la científica a la que Cavallo mandó a lavar los platos:La socióloga había revelado las consecuencias sociales de la política neoliberal del menemismo

 

Fue una de las figuras intelectuales más importantes de las ciencias sociales en Argentina y América Latina. Investigó los cambios demográficos en el país y el impacto de las políticas de ajuste.

“¡Que se vaya a lavar los platos”, dijo el entonces superministro de Economía, Domingo Cavallo, en septiembre de 1994. El exabrupto sexista --que quedó en la historia como sinónimo de ajuste económico y menosprecio hacia la mujer-- estaba dirigida a la socióloga y demógrafa Susana Torrado, investigadora del Conicet y profesora universitaria, quien había advertido que el aumento de la desocupación era consecuencia directa de las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem. Torrado, una de las figuras intelectuales más importantes de las ciencias sociales en Argentina y en América Latina, murió en la misma ciudad en la que nació, fecha que ocultaba “por coquetería”, como cuenta el editor Daniel Divinsky, que publicó en Ediciones de la Flor ese gran clásico de la socióloga, Estructura social de la Argentina (1945-1983), un texto de lectura obligatoria en todas las carreras de ciencias sociales del país.

Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1963, Torrado inició su vida académica como asistente del Instituto de Sociología de la UBA, dirigido entonces por el “padre fundador” de la sociología en Argentina, Gino Germani, inmigrante italiano expulsado por el fascismo, a quien identificaba como uno de sus maestros, junto con José Luis Romero y la socióloga panameña Carmen Miró. Sus principales filiaciones teóricas estaban en el materialismo histórico y el pensamiento de Pierre Bourdieu. Viajó a París, donde se doctoró en 1970 en la Ecole Pratique des Hautes Etudes de la Université de París, con una tesis sobre la evolución demográfica en la Argentina entre 1870 y 1960. Después residió en Montreal (Canadá), donde trabajó como profesora de demografía, y entre 1971 y 1978 vivió en Santiago de Chile, donde fue funcionaria del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), y se destacó por desarrollar los estudios de las clases sociales en América Latina.

El golpe de Pinochet la alejó de Chile y decidió regresar a Buenos Aires en 1979. A partir de la recuperación democrática, Torrado participó activamente en la reapertura de la carrera de sociología de la UBA, que había sido cerrada por la dictadura cívico militar. La socióloga inició la cátedra de Demografía Social en la Facultad de Ciencias Sociales, materia de la que fue Profesora Titular Regular hasta 2006, cuando fue nombrada Profesora Emérita; en paralelo fue designada directora de la carrera de Sociología durante la gestión de Francisco Delich al frente de la UBA. Mucho antes de volverse famosa por la frase de Cavallo, quien la llamó, encolerizado, “esa mujer”, Torrado fue protagonista de un momento luminoso de reorganización y actualización de la carrera de Sociología.

Que Cavallo la mandara a lavar los platos marcó un antes y un después en la vida pública de la socióloga. “Era una situación muy especial, un científico se animaba a contradecir lo que nadie discutía, y encima una mujer. La gente joven del Conicet lo tomó como un insulto a los científicos, más allá de Susana Torrado. A la vez era el Conicet el que venía a señalarle a Cavallo las consecuencias de su modelo económico. Para él resultó insoportable, por eso buscó todas las formas posibles para desacreditarnos”, planteaba Torrado en una entrevista de Página/12. “Me acuerdo de un acto muy bueno que llamamos ‘Enseñándole al ministro’, que funcionó como una radio pública en Plaza de Mayo frente a la ventana de su despacho del Ministerio de Economía; recuerdo que estuvo Pérez Esquivel y otra gente, vino mucha gente a la Plaza y se habló de política, de ciencia y de libertad académica”.

La socióloga publicó Familia y diferenciación social. Cuestiones de método (1998, Eudeba), donde sistematizó sus desarrollos metodológicos en torno del estudio de las familias, los hogares y la fuerza de trabajo; Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000) (2003, Ediciones de la Flor); Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX (2007, Edhasa), un compendio, en dos tomos, de las transformaciones sociodemográficas de la población del país a través de un conjunto de artículos propios y de especialistas; La herencia del ajuste. Cambios en la sociedad y en la familia (2004, Capital Intelectual) y El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002), editado en dos tomos (2010, Edhasa).

Varias generaciones se formaron con sus clases en la UBA, en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de General San Martín; en el Programa de Posgrado de Ciencias Sociales y en Políticas Sociales de Flacso; y en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), entre otros. Torrado fue distinguida con el Premio “Reconomiento a la trayectoria” de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y con el Premio Bernardo Houssay a la Trayectoria en Investigación Científica y Tecnológica (SECYT, 2003). De la mano de una pionera como Torrado, el estudio de la demografía resultó fundamental en la vida de la sociedad. Las ciencias sociales están de luto.

miércoles, 16 de febrero de 2022

Impuestos: ¿la Argentina un edén impositivo para los más ricos?

 Fuente:rambletamble


Mientras el IVA es el principal aportante a los recursos del Estado (30%), el impuesto a los bienes personales (directo y progresivo) sólo recaudó un 0,6% y el inmobiliario apenas 0,37%. la imperiosa necesidad de una reforma tributaria progresiva.




La Alameda

Por Julián Corvaglia

Decir hoy que hay que subir impuestos en Argentina es ir contra la corriente. En la mayoría de los medios masivos de comunicación se repite hasta el hartazgo el mito de que vivimos en un infierno tributario. Al comparar datos con otros países sobre la estructura tributaria se ve que es otra la realidad.

¿Por qué nuestro sistema impositivo es regresivo? Mientras el IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado), indirecto, es el principal aportante a los recursos del Estado argentino (con 30,5% del total en 2019), el mismo año el impuesto a los bienes personales (directo y progresivo) sólo recaudó un 0,6%. Sobre éste impuesto, cuya alícuota bajó Macri y subió Alberto Fernández, el diputado oficialista Itaí Hagman afirmó recientemente que los autos se toman a valor de mercado y los inmuebles a valor fiscal, por lo que se puede dar el caso de que alguien con dos autos pagué más que alguien con varias propiedades.

En Canadá la recaudación del impuesto a las ganancias de personas físicas equivale a un 12,2 % del PBI. En los países nórdicos europeos, los de mayor calidad de vida e igualdad social del mundo, la cifra es mayor. En Argentina en 2019 la cifra llegó al 7 % del Producto Bruto Interno. Cuadro comparativo con otros 9 países:




En los países de la OCDE, conocido como “el club de los países ricos” el impuesto a las ganancias lo pagan más las personas físicas que las empresas; cerca del 75% del impuesto es aportado por las personas humanas. En Argentina el 58,8% lo pagan las empresas. ¿Por qué es peor el sistema argentino? Porque las empresas trasladan los impuestos a los costos y termina siendo pagado por los consumidores, y alimentando la alta inflación.

El abogado y politólogo José Nun (ex secretario de Cultura de Néstor Kirchner) en 2018 sostenía que hay que subir la presión impositiva, pero no a la clase media ni a las empresas, sino a las grandes fortunas personales. Consideraba que actualizando el valor fiscal de las propiedades inmobiliarias, restableciendo el impuesto a la herencia, creando un impuesto al patrimonio neto que exceda los 2 millones de dólares y poniendo un impuesto a los bienes suntuarios en un par de años el déficit fiscal desaparecería.

¿Se puede bajar la presión sobre las empresas (sobre todo las pymes) y sobre el consumo, y subirla a la vez sobre las personas con mayor poder adquisitivo? Sí. Ahondaremos ahora en dos de las ideas de Nun:

1) subir los impuestos inmobiliarios,

2) restablecer el impuesto a la herencia (que eliminó la última dictadura militar en 1976)
Inmobiliarios sub-valuados

En Argentina la recaudación del impuesto inmobiliario representó en 2015 apenas el 0,41% del PBI. En Estados Unidos y Canadá el impuesto inmobiliario el mismo año significó en torno al 3% del PBI. En Francia fue 2,6%; en Estados Unidos fue el 2,5% y en Uruguay fue el 0,92 %. El promedio de la OCDE (que reúne a casi todos los países más desarrollados) es 1,7% del PBI.






Ya en 2014 un documento del CIPPEC (centro de estudios independiente) mencionaba que la recaudación del impuesto sobre la propiedad en Argentina se fue reduciendo casi 50% durante los últimos 10, y recordaba que este impuesto es considerado uno de los menos distorsivos, menos procíclicos y potencialmente más progresivos.

Hace dos años la CEPAL (La Comisión Económica para América Latina y el Caribe) organismo dependiente de la ONU) estimó que con un sistema de valuaciones más actualizado los países latinoamericanos podrían generar ingresos extras de hasta el 2% del PIB. El hecho de que la propiedad rural esté inadecuadamente gravada es muy relevante para América Latina ya que muchos países cuentan con un gran sector de productos básicos primarios y ganaderos.

Para dimensionar el nivel de sub-valuación fiscal de la tierra basta nombrar el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Según datos del especialista e investigador Martín Mangas (profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento) en términos recaudatorios, todos los vehículos (automotores, yates, embarcaciones, aeronaves) patentados en la provincia de Buenos Aires (que suman más de 6 millones de unidades) recaudan el 9% del total de ingresos fiscales bonaerenses, mientras que toda la tierra rural bonaerense (que se agrupa aproximadamente en 300 mil partidas rurales) recauda el 3%".


http://argentinainvestiga.edu.ar/

La recaudación del impuesto inmobiliario en Argentina pasó de representar un 0,63% del PBI entre 1993-2001 a un 0,37% entre 2008-2016, y mientras el valor de las propiedades mostró un comportamiento inverso. Por ejemplo, el valor de la tierra rural aumentó más del quíntuple que la recaudación por el impuesto inmobiliario que grava.

Impuesto federal a la herencia (o sucesiones)

Warren Buffet, millonario estadounidense que en 2017 ocupó la tercera posición en la lista de Forbes de personas más ricas del mundo, entrevistado por el New York Times en 2001, dijo que "sin el impuesto a la herencia habrá una aristocracia de la riqueza, lo que significa que la capacidad de controlar los recursos de la nación se transmite en función de la herencia en lugar del mérito".

En el mismo sentido, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, sostiene que "sin un impuesto sobre sucesiones, estamos creando una nueva plutocracia, que se caracteriza por unas dinastías que se autoperpetúan. El impuesto está concebido para limitar el alcance de la desigualdad heredada para crear un terreno de juego ligeramente más nivelado".

En EE. UU el impuesto a la herencia está vigente desde 1916. Y hay muchos países desarrollados que tienen vigente un impuesto a la herencia y bastante alto:

En Japón 55%, Corea del Sur 50%, Francia 45% Reino Unido y Estados Unidos 40%.

En América Latina los países con impuesto a la herencia vigente son: Ecuador (tasa de 35%); y Chile y Venezuela (25%) y Brasil (8%).

En Argentina sólo existe en la provincia de Buenos Aires y es bajo (5% aproximadamente).

lunes, 14 de febrero de 2022

ACUERDO FMI: RETOMAMOS EL ARTICULO RECOMENDADO POR CRISTINA SOBRE LAS RETENCIONES.

En momentos de negociaciones con el FMI, recordamos el articulo recomendado por Cristina meses atras, donde nos muestra las claves para poder salir del fondo en un camino de recuperacion y crecimiento para todos.

La clave, los derechos de exportación, mas conocidos como retenciones, las cuales nos permitirian desacoplar los precios internacionales de los locales,reduciendo la inflación y a su vez consiguiendo los dolares para evitar una corrida cambiaria y poder pagar la deuda externa ,a por lo menos 100 años, que Juntos por el Cambio(UCR-PRO-CC) nos dejo .

 

Investigación exclusiva: La mejor cosecha del siglo

Las fabulosas ganancias con maíz, soja y girasol en la Provincia de Buenos Aires

El margen bruto es el más elevado de los últimos veinte años. Se explica por precios internacionales en alza, devaluación de la moneda, costos internos en dólares atrasados y retenciones bajas. Resistencia a un gobierno que facilitó ese resultado positivo.

Las fabulosas ganancias con maíz, soja y girasol en la Provincia de Buenos Aires
Las fabulosas ganancias con maíz, soja y girasol en la Provincia de Buenos Aires

Datos clave del agro en la Provincia de Buenos Aires son impresionantes: en la última cosecha, tres de los cuatro cultivos más importantes ofrecieron cada uno el margen bruto más elevado en lo que va del siglo. En promedio, productores bonaerenses de soja, maíz y girasol nunca registraron una rentabilidad tan importante en los últimos veinte años. El trigo les entregó una buena ganancia pero no fue máxima como en los otros.

Un aspecto que no debería pasar desapercibido es que esa ganancia record ha sido contabilizada en el año de la pandemia del coronavirus, la crisis económica, social, laboral y sanitaria más brutal de, por lo menos, los últimos cien años. El complejo agrario, en materia económica, está transitando un periodo excepcional que contraste fuertemente con gran parte del resto de las actividades.

Existe un factor evidente que explica ese resultado extraordinario superior a la bonanza del superciclo de commodities de la primera década del nuevo siglo: el alza de los precios internacionales.

Hay otro que es fundamental y que tiene mucha incidencia en el resto de la dinámica de la economía, teniendo en cuenta su rasgo bimonetario: el tipo de cambio real en dólares se ha ubicado en niveles elevados en este período, lo que redujo los costos en dólares (gran parte de los insumos y salarios) y el precio en dólares de los bienes de capital (cosechadoras y sembradoras, entre otros).

Pero el componente esencial para fortalecer este escenario global favorable para el productor es que los derechos de exportación (denominados retenciones) son más bajos que en el anterior ciclo de bonanza del agro.

Resistencia política con billetera cargada

El combo para los productores ha sido fenomenal: impacto positivo externo por precios en alzas más medidas públicas beneficiosas para el sector. Esto conforma una política oficial muy proagro, que puede considerarse necesaria puesto que es una actividad central para una economía dependiente de divisas y cuyas crisis más traumáticas estallaron cuando la restricción externa irrumpió sin vías de escape.

La política económica del macrismo durante cuatro años agudizó esa dependencia, al agotar la fuente de dólares vía deuda y dejando un Banco Central con un stock débil de reservas en una economía megaendeudada.

En este panorama general aparece una cuestión político-electoral, independiente de los datos duros del negocio agrario, que, a esta altura, no debería sorprender pero igual no deja de ser un comportamiento que merece ser señalado. Gran parte de la dirigencia del campo expresa una oposición militante al gobierno de Alberto Fernández, en línea con manifestaciones de protesta de grupos de productores a la fuerza política en la administración nacional que les permite engordar sus billeteras como nunca antes en las últimas dos décadas.

El rechazo tiene su origen en motivaciones ideológicas y políticas que encuentran explicaciones buceando en la historia de la relación traumática de los dueños de la tierra con los sectores populares y sus líderes políticos.

Con los números de la última cosecha y con las previsiones para la próxima, saldo que no es mérito exclusivo de los productores, no debería existir semejante resistencia al Gobierno puesto que ha facilitado la obtención de esos resultados, pero la impugnación es independiente de la extraordinaria marcha de la actividad en medio de la pandemia.

El negocio fabuloso del maíz (también el de la soja y el girasol)

El cuadro excepcional para la producción de maíz en la Provincia de Buenos Aires que se detalla a continuación se replica para la soja y el girasol. La comparación de los números de abril de este año se realiza respecto a abril de 2008, mes y año estupendos para el agro y cuando, además, estaba creciendo el conflicto por la resolución 125 de retenciones móviles.

Las variables clave para analizar el resultado del negocio con el maíz son las siguientes:

Margen bruto de explotación, en dólares por hectárea, según rinde medio de la PBA.

Abril 2008: 534 dólares.

* Abril 2021: 620 dólares.

El saldo positivo es superior en 16,1 por ciento en relación al máximo histórico de este siglo.

Índice de Precios de las Materias Primas Agropecuarios, serie elaborada por el Banco Central.

* Abril 2008: 247,87 puntos.

* Abril 2021: 251,56 puntos.

La diferencia positiva de 1,5 por ciento refleja que el actual ciclo de los commodities agrarios es tan favorable como el anterior. En particular, el precio internacional del maíz se ha ubicado en 260 dólares por tonelada en ambos períodos.

Tipo de Cambio Real con Estados Unidos (paridad peso-dólar), serie elaborada por el Banco Central.

* Abril 2008: 111,65 puntos.

Abril 2021: 124,64 puntos.

La ventaja cambiaria resulta 11,6 por ciento superior en el pasado abril a partir de una política oficial deliberada de mantener en umbrales elevados el tipo de cambio.

¿Qué se deduce de estas cifras?

1. La rentabilidad de la producción de maíz (también la de la soja y el girasol) es fabulosa, máxima en lo que va de este siglo.

2. La fuerte alza de los precios internacionales, que se inició a mediados del año pasado y se mantiene en niveles altos en lo que va de éste, es un factor importante para definir la bonanza del sector pero no explica por sí sola las ganancias record de esta cosecha.

3. El factor determinante para colocar en el tope del ranking de rentabilidad al ciclo agrario 2020/2021 es la combinación de un tipo de cambio real elevado con retenciones más bajas en esos meses de comparación. Los derechos de exportación del maíz hoy son 12 por ciento, cuando en abril de 2008 eran 25 por ciento.

Los dueños de los dólares comerciales

La bonanza del agro y la política oficial hacia el sector ofrecen una serie de derivaciones analíticas que permiten comprender restricciones de política económica, como también algunos efectos no deseados sobre la macroeconómica.

Se señaló arriba que el alza de los precios internacionales con una muy buena cosecha 2020/2021, aunque con un área sembrada, producción y unos rindes un poco por debajo de la anterior, aportó un flujo adicional de dólares comerciales.

Ese ingreso de divisas ha sido muy importante para que el Banco Central incrementara el stock de reservas y pudiera ganar espacios de intervención en el mercado de cambio. Esto último constituye una estrategia primaria de estabilización, puesto que la volatilidad de la paridad al igual que las corridas cambiarias son fuertes perturbadores de la economía.

O sea, la dependencia de los dólares comerciales provenientes exclusivamente de la actividad primaria exportadora es una potente restricción para la autonomía relativa de la política económica.

Más inflación y menos recursos fiscales potenciales

A esto se le ha sumado la limitación para intervenir en el mercado con un alza de retenciones para amortiguar el impacto en los precios domésticos del incremento de los precios internacionales de las materias primas.

Las ganancias fenomenales del agro se explican porque, derivado del triunfo conservador en el conflicto de 2008 y la consolidación de la idea de la eliminación de las retenciones en el gobierno de Mauricio Macri, existen firmes obstáculos políticos para aplicar un alza de los derechos de exportación.

No aumentar las retenciones tiene dos efectos negativos. Por un lado, una recaudación potencial menor para el Tesoro y, por lo tanto, la pérdida de recursos para fortalecer el crecimiento económico vía el gasto público. Por otro, provoca la absorción plena en la tasa de inflación del aumento del precio internacional de materias primas, lo que termina perjudicando el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares por el alza de los precios de alimentos, como sucede desde mediados del año pasado.

Se le suma que los ajustes periódicos del tipo de cambio por encima de la tasa de inflación durante el 2020 (casi cinco puntos más) y en el primer trimestre de este año actuaron también como una fuente de tensión inflacionaria.

El escenario no pudo ser más favorable para el productor: precios internacionales en alza, devaluación de la moneda por encima de la inflación, costos en dólares atrasados y retenciones bajas.

La próxima cosecha será muy buena pero no será igual

El escenario para la cosecha 2021/2022 se presenta muy bueno pero no sería tan espectacular como el anterior. El motivo es que otros eslabones significativos del negocio agrario quieren participar con un mayor margen de la actual bonanza.

Los dos actores que están buscando incrementar sus ingresos son los dueños de tierras alquiladas y los productores de insumos.

De acuerdo a los dos últimos censos agropecuarios 2002 y 2018, en el capítulo sobre el régimen de tenencia de la tierra, los arrendamientos subieron de 21 a 35 por ciento del total, al pasar de 5,4 a 8,2 millones de hectáreas en la Provincia de Buenos Aires.

El reciente reporte sobre Argentina de la USDA (United States Department of Agriculture) de Estados Unidos hace referencia a la presión en los costos vinculados al alquiler de campos. Explica que para la nueva campaña los productores "se enfrentan a aumentos sustanciales de los alquileres a medida que los propietarios buscan beneficiarse de los precios más altos de los cultivos".

Menciona las regiones centro, de Santa Fe y de Córdoba, precisando que los aumentos son menos pronunciados en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde la sequía redujo los rendimientos. Sin embargo, aclara que "se informan aumentos más sustanciales (en términos porcentuales) en la renta del 15 al 20 por ciento en tierras agrícolas del suroeste de la provincia de Buenos Aires".

El informe destaca que estos aumentos de renta (si se realizan) probablemente "reducirán la rentabilidad de los agricultores y los alentarán a plantar más maíz, que en los escenarios de precios actuales ofrece mayores rendimientos esperados y ha demostrado ser más tolerante a la sequía en los últimos años".

Para agregar que otro factor afectará la rentabilidad de los agricultores: "el aumento de los costos de los insumos, principalmente fertilizantes, debido a que los precios de los agroquímicos también han aumentado".

El conflicto ideológico de las almas bellas del campo

Existe una confusión habitual entre protagonistas del sector agropecuario y de la secta de economistas conservadores cuando afirman que quienes describen rentabilidades extraordinarias en un determinado contexto político y económico general, en este caso de la producción agraria en el año de la pandemia, están promoviendo la destrucción de la actividad o postulando que está mal que el empresario/productor ganen dinero. No es así. Es obvio que el sistema funciona en la búsqueda del máximo lucro y lo relevante entonces es explicarlo sin maquillaje.

Al desviar este debate, el aspecto que buscan ocultar es cuáles son las derivaciones a favor (más dólares en el Banco Central) y en contra (más inflación) de esas rentas fabulosas y las políticas públicas que las permitieron (devaluaciones y menos retenciones).

La otra cuestión desplazada de esos análisis rústicos es que existe un componente ideológico-político básico a evaluar. A esos actores económicos les resulta insoportable para sus almas bellas que los mejores años del negocio en el campo coincidan con gobiernos que ellos detestan.