TEMAS DE DEBATE: POR QUE SE ESTA VOLVIENDO A FRENAR LA ECONOMIA ARGENTINA
La economía argentina experimenta en los últimos
meses una fuerte desaceleración. Cuánto impactó la crisis con epicentro
en Europa, cuánto el estancamiento de Brasil y cuánto en política
económica que lleva adelante el Gobierno.
Producción: Tomás Lukin
debate@pagina12.com.ar
Profundizar el modelo
Por Gustavo Ludmer y Ariel Lieutier *
La Argentina experimenta, en los últimos meses, una desaceleración
en el crecimiento de su economía. Las opiniones de los economistas,
sobre las causas de este hecho, se dividen, esquemáticamente, en dos
grupos. Por un lado, se ubican quienes señalan que este fenómeno está
asociado principalmente al impacto local de la crisis internacional. En
los últimos trimestres se ha agravado la recesión en Portugal, Italia,
Grecia y España, que también está afectando al resto de los países de la
Eurozona, incluso al Reino Unido, Alemania y Francia. En el plano
opuesto se encuentran aquellos economistas para los cuales la
desaceleración se debe principalmente a fenómenos internos, a raíz de lo
cual el contexto externo habría resultado una buena excusa para el
Gobierno.
A nuestro entender, la crisis económica internacional es un dato
insoslayable que genera un impacto decisivo en la actual coyuntura
económica, sobre todo (aunque no únicamente) a través del denominado
“canal Brasil”: nuestro principal socio comercial ha sufrido una
fortísima desaceleración de su economía. Durante el primer trimestre de
2012, el PIB de Brasil tuvo un crecimiento interanual de sólo 0,8 por
ciento, valor que contrasta con el incremento de 4,2 por ciento que tuvo
en igual trimestre del año anterior.
Esta situación asume una importancia mayúscula, ya que el 20 por
ciento de las exportaciones argentinas totales (y el 40 por ciento de
nuestras exportaciones industriales) tiene como destino Brasil. En
algunos sectores, la interdependencia es aun mayor; por ejemplo, en la
rama automotriz, las exportaciones sufrieron una caída interanual de 46
por ciento en mayo (no es casualidad que las suspensiones de personal
experimentadas en los últimos días hayan sido de las terminales
automotrices). Esto no debe llevar a un reduccionismo acerca de que la
suerte de nuestra economía se encuentra determinada por la de Brasil,
pero sí es importante señalar que ambas economías se encuentran
estrechamente vinculadas.
Ahora bien, el interrogante que se abre frente a esta situación es
qué debería hacerse para “acomodarse” a la nueva realidad internacional.
Hemos evitado deliberadamente hablar de “ajustarse”, a pesar de que la
Real Academia Española define el verbo “ajustar” como “acomodar algo a
otra cosa”. Sin embargo, la ortodoxia económica ha dotado a aquel verbo
de un significado único e inapelable: achicar.
En contraste, para la heterodoxia económica lo peor que puede
hacerse ante episodios recesivos es realizar “ajustes” (en el sentido
“ortodoxo”), tales como los que se les está imponiendo día a día a
Portugal, Irlanda, Grecia y España desde la Troika conformada por el
FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
La Argentina enfrentó la crisis en 2009 a partir de políticas
fiscales activas, entre las que se ha destacado la Asignación Universal
por Hijo (AUH), que garantiza un ingreso a más de 3,5 millones de niños y
adolescentes, hijos de trabajadores desocupados o informales. En la
actualidad el camino elegido va en la misma dirección, en ella se
enmarca el reciente lanzamiento tanto de la Línea de Créditos para
Jubilados como del Plan de Viviendas, una medida ambiciosa y de un
impacto potencial destacable, en particular en el afectado segmento de
la construcción y sus industrias conexas.
En igual dirección irían los aumentos en el monto de la AUH y de las
jubilaciones. Todas políticas económicas que no sólo tienen un efecto
positivo en el PIB que compensan los efectos negativos de la crisis
internacional, sino que generan importantes efectos distributivos, en
particular para los sectores más vulnerables.
La cuestión entonces es cómo se financia una estrategia expansiva y
distributiva en un marco de desaceleración de la actividad, que implica,
entre otras cosas, un menor dinamismo en la recaudación. Es en este
contexto que debe enmarcarse la discusión sobre el mínimo no imponible
del Impuesto a las Ganancias. Pero también lo positivo es que abre el
debate sobre la necesidad de que el Estado capte parte de las diferentes
rentas oligopólicas de nuestra economía. Para lo anterior resulta
necesario avanzar en acciones que contribuyan a la modificación
estructural de nuestra economía (como fue la nacionalización del 51 por
ciento del paquete accionario de YPF). Para lo cual se vuelve central la
cuestión de la correlación de fuerzas y la organización de la misma. A
veces la mejor manera de resolver problemas de coyuntura es a partir de
transformaciones de fondo. Si es verdad que las crisis generan
oportunidades, tal vez el actual episodio sirva para profundizar estas
transformaciones.
* Economistas-UBA. Investigadores de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires.
La vía de la estatización
Por Martín Harracá *
Una forma de expresar sintéticamente los rasgos de nuestra economía,
de gran aceptación entre los economistas locales, es que está
conformada por una estructura productiva desequilibrada. Sin coincidir
plenamente con esa descripción, creemos que pone en relieve un aspecto
central: las consecuencias que genera el desigual potencial de
explotación del sector primario respecto al industrial.
Tanto las condiciones de fertilidad –casi sin igual– del suelo
pampeano y litoraleño, la enorme riqueza metalífera de los Andes y las
reservas de recursos fósiles y gasíferos de la Patagonia, suponen la
existencia de una gran masa potencial de renta de origen primario. Estos
recursos son apropiados por quienes ostentan el monopolio en el acceso a
su explotación, aunque el Estado puede intervenir aquí, captando parte
de la renta mediante retenciones, u otros impuestos, además de a través
del control directo de la explotación. En caso de que no sea apropiada
por el Estado, lejos de tener como destino el desarrollo productivo, la
renta suele encontrar su fin en el consumo suntuario (boom de las 4x4 en
localidades sojeras), fuga de capitales, o en colocaciones que
reproducen la lógica rentista, como inversiones inmobiliarias (que
pueden generar burbujas especulativas en sectores como la construcción
residencial).
En contraposición, encontramos un sector industrial que, exceptuando
algunos complejos muy específicos, presenta capacidades productivas
inferiores a las vigentes a nivel internacional. Esto implica que su
desarrollo a una escala competitiva está supeditado a la posibilidad de
ser subsidiado mediante recursos derivados de la renta primaria, proceso
que sólo puede ocurrir por la mediación del Estado. Asimismo, al ser
los capitales con condiciones más competitivas los de origen extranjero,
terminan adquiriendo empresas de capital local, a lo que si le sumamos
la larga historia de entrega de la explotación de nuestros recursos a
capitales foráneos (en especial en los ’90), tenemos una progresiva
extranjerización de la economía.
Algunos datos señalan que este esquema de base primaria y
extranjerizada no se modificó en lo sustancial, aun a pesar del planteo
desarrollista: las exportaciones del complejo sojero en 2011 –porotos,
aceite y pellets de soja– suman 20.000 millones de dólares, casi un 25
por ciento del total. A su vez, esta situación vuelve al (muy volátil)
precio de la soja una variable de posible inestabilidad para nuestra
economía, en particular para los ingresos estatales ya que desde 2002
los derechos de exportación representan aproximadamente un 10 por ciento
de los ingresos tributarios. Por su parte, respecto a la
extranjerización, basta con señalar que de las 500 empresas más grandes
del país, la participación de las de origen extranjero crece
ininterrumpidamente en la década del ’90, pasando de 44 por ciento en
1993 a un 68 por ciento en 2002, estabilizándose en 67 por ciento para
el promedio 2003-2010. Más significativo resulta que, en promedio, las
ganancias de las empresas extranjeras son cuatro veces las de las
locales, y que las utilidades y dividendos que sacaron del país en 2011
alcanzaron los 8500 millones de dólares, cifra cuatro veces superior al
promedio de la convertibilidad.
Poniendo en debate el planteo desarrollista, entendemos que los
límites no están en una cuestión de “diseño” de la política, sino en las
alianzas que ella supone necesarias, y que requiere como actor
principal un pujante sector empresarial nacional. Nuestra interpretación
es que este sector no sólo no tiene esa fuerza –dado que sólo puede
germinar bajo el apoyo estatal– sino que, fundamentalmente, no está
motivado por el “desarrollo nacional”, más por la maximización de la
ganancia. Ejemplos abundan, pero quedan plasmados nítidamente con los
recientes casos de los Eskenazi en YPF, y más dramáticamente aún, con el
de Cirigliano y la tragedia ferroviaria en Once.
Al haber planteado estos límites al desarrollo, vemos en la
estatización una vía plausible para superarlos, para el cambio profundo
de esta sociedad. Pero desde ya que nadie se deja expropiar
gratuitamente, y la repercusión mediática local e internacional que tuvo
el caso YPF lo demuestra cabalmente. En este contexto, el marco de
alianzas regional puede ser un determinante clave en el “campo de juego”
posible de dichas políticas (claramente, no es lo mismo para esto que
sea Unasur, el ALBA o Mercosur). Pero al mismo tiempo, al pensar al
Estado como una arena de y en disputa, debemos recordar que es siempre
un terreno que corre con desventaja para los sectores populares. Sólo
sobre la organización de éstos pueden cimentarse las expectativas del
aporte de aquellas políticas a las perspectivas emancipatorias.
* Licenciado en Economía. Docente FCE-UBA.
