La
política exterior parece orientada por preconceptos que ya rigieron en
los años ´90, y que a pesar de su probada incapacidad para mejorar el
status internacional de nuestro país, vuelven a ser utilizados por la
actual administración. Se observa una lectura de la realidad global más
cercana al mundo unipolar existente hace un cuarto de siglo, que a la
actual configuración múltiple de fuerzas, con áreas de enorme dinámica
de crecimiento, tradicionalmente desatendidas por la diplomacia
argentina, y otros espacios sumidos en problemas de estancamiento y
tendencias proteccionistas, a los cuales se insiste en asociarse.
En la conducción de la política exterior parece ignorarse la existencia de dos elementos económicos centrales:
- La falta de resolución de la crisis financiera de 2008, que provocó una caída en la demanda global de Estados, empresas y particulares, fundamentalmente en occidente, cuya dinámica no se ha recuperado porque no se ha resuelto el problema del elevado endeudamiento general que inmoviliza la demanda.
- Las presiones proteccionistas y el unilateralismo que a partir de esa realidad surgen precisamente en las áreas que prioriza la administración macrista para establecer vínculos comerciales más estrechos.
Pareciera que se busca lograr una inserción comercial “a la
chilena”, basada en la exportación de bienes y servicios de un conjunto
de actividades con bajo valor agregado (agro, pesca, minería,
hidrocarburos, madera, turismo), mientras se resignan las actividades
portadoras de cambio productivo y tecnológico, y creadoras de empleo
calificado, en aras del libre comercio y la integración pasiva al orden
global.
Dentro de esa estrategia sesgada, se buscan aceleradamente acuerdos
para el ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos) y un tratado de comercio e inversiones entre el
Mercosur y la Unión Europea.
Para lograr tal acuerdo con la UE, se está utilizando el Mercosur
para negociar un tratado bilateral, pero al mismo tiempo este proyecto
sudamericano está siendo debilitado en todas sus dimensiones, alejándolo
de su objetivo central, que es la construcción de un proyecto autónomo
–más allá de lo exclusivamente comercial– a partir del cual la región se
inserte soberanamente en el orden global.
La reciente Cumbre de las Américas mostró un vacío doble: evidenció
la falta de interés estadounidense en la región, así como la falta de
una visión regional propia por parte de los países que adhieren en este
momento a políticas de orientación neoliberal.
La Argentina ha adoptado durante la gestión de Cambiemos con especial
énfasis una política de apoyo incondicional y subordinación a la
política exterior de los Estados Unidos, que ha sufrido constantes
tropiezos materiales (biodiesel, acero, aluminio), por parte de la
gestión del Presidente Trump.
¿Qué se negocia?
Más allá del secretismo con el cual los funcionarios argentinos
manejan el tratado, son sumamente preocupantes los trascendidos sobre
los detalles de la actual negociación que se está desarrollando entre
ambos espacios regionales, que tienen una fuerte asimetría de
capacidades productivas, financieras y tecnológicas.
El cuadro general que surge es el de una Unión Europea que no está
dispuesta a ceder nada significativo que afecte su entramado productivo y
social, mientras que el Mercosur parece apremiado a avanzar en un
acuerdo, a pesar de las múltiples desventajas para sectores productivos
locales. Especialmente dañinos parecen ser los efectos para la
Argentina, país más industrializado que Uruguay y Paraguay, pero con
ciertos segmentos industriales menos competitivos que algunos de Brasil.
Según la información disponible desde el lado europeo, el acuerdo
aparece como desequilibrado. Mientras se exige que América latina
reduzca aranceles en forma amplia, la Unión Europea sólo ofrece otorgar
cuotas de importación en bienes sin elaborar que no afecten gravemente a
ningún país o sector productivo interno. Estas cuotas, a su vez, no
estarán libres de pagar aranceles.
Al mismo tiempo, la UE enfatiza en acordar en áreas en las que puede
hacer valer su competitividad relativa: 1) propiedad intelectual
(impacto fuertemente negativo sobre la industria de medicamentos); 2)
denominación de origen; 3) compras gubernamentales: participación para
europeos en igualdad de condiciones a nivel nacional, provincial y
municipal; 4) e-commerce; 5) resolución de controversias en un Tribunal
multilateral; 6) exportación de lácteos a América del Sur; 7) trato
nacional a las empresas de servicios europeos; 8) libre navegación por
los ríos y mares de países del Mercosur; 9) trabas al movimiento de
profesionales sudamericanos hacia la Unión Europea; 10) exclusión de los
servicios audiovisuales de las cláusulas de liberalización del Tratado;
11) liberalización automática de cualquier nuevo servicio que aparezca
(lo que desprotege la actividad innovativa en nuestra región).
Impactos
El tratado ataca a sectores productivos en donde el Mercosur posee
ventajas comparativas para el comercio internacional. Rechazaron en su
momento la demanda del Mercosur de poder exportar un mínimo de 400.000
toneladas de carne vacuna, y hoy aceptan sólo 70.000 (provenientes de
toda la región). El Mercosur, que viene retrocediendo sistemáticamente
en casi todos los ítems negociados, ha reducido su demanda a una cuota
de 100.000 toneladas. Si el Tratado rechaza tajantemente las
exportaciones de carne vacuna del Mercosur, ¿qué se podría esperar de
bienes y servicios de mayor valor agregado y que incorporan más
contenido tecnológico?
Es previsible que de firmarse el Tratado en las actuales condiciones,
Argentina sufra impactos no sólo en diversos sectores relevantes de su
mercado local local, sino en aquellas actividades que tienen presencia
exportadora en Brasil, dónde nuestros productos industriales podrían ser
desplazados por los europeos que entrarán en condiciones muy
favorables. La industria autopartista argentina, entre otras, podría
verse severamente afectada.
Los estudios de impacto del Tratado sobre la producción y el empleo
realizados hasta el presente ofrecen resultados muy graves, y diversas
cámaras sectoriales, a pesar de sus temores políticos, han señalado la
peligrosidad de las cláusulas establecidas hasta la fecha. Informes
críticos del Tratado han estimado, en principio, la potencial pérdida de
180.000 puestos de trabajo en el sector industrial, sin incluir los
impactos sobre otras actividades que también serán afectadas y
desplazadas por la competencia europea.
Condicionamientos
El tratado Mercosur-UE que el Gobierno está encarando, junto con la
posibilidad del ingreso a la OCDE y la firma de un programa con el FMI,
da a entender que la política exterior argentina va a contramano de las
tendencias que prevalecen a nivel mundial en materia geopolítica. Por
todo lo conocido, pareciera que el Mercosur está cediendo en todos los
terrenos de la negociación, a cambio de mejoras insignificantes.
Mientras la UE muestra una rigurosa conciencia de las “líneas rojas” que
no desea traspasar, la dirigencia negociadora sudamericana parece no
tener límites en materia de concesiones y renuncias a objetivos
productivos o sociales.
Cabe aclarar que el Tratado no ha avanzado aún más en su concreción y
aprobación debido a las reticencias de países como Francia, Irlanda,
Polonia y Dinamarca, que temen que algunos productos latinoamericanos
afecten a sus productores locales. Estamos en presencia de un acuerdo
muy desfavorable, como aquel que fue rechazado en 2005, en ocasión de la
iniciativa norteamericana de un tratado de libre comercio continental.
Se trata de un nuevo ALCA, pero en esta oportunidad con la Unión
Europea.
Es imposible disociar la aceleración de las negociaciones –que se
vienen prolongando desde el año 2004–, de la aparición de las gestiones
neoliberales de los presidentes Temer en Brasil y Macri en Argentina. Es
evidente la prioridad política que tiene el Tratado para dichas
administraciones, sobre consideraciones relativas al desarrollo material
y social de nuestra región.
Dependencia
La falta de ejemplos “exitosos” (para ambas partes) entre países o
regiones asimétricas que hayan firmado este tipo de acuerdos, inclusive
dentro de la propia UE, refuerzan los temores respecto a las
consecuencias que podría tener el Tratado. Sectores del poder más
concentrado de nuestros países están tratando de cristalizar, en el
plano internacional, compromisos permanentes para condicionar la
libertad para la toma de decisiones de política económica de los futuros
gobiernos de signo opositor.
En el caso argentino, de concretarse el Tratado, el impacto en
materia de desocupación y, sobre todo, de pérdida de segmentos
productivos medianamente sofisticados sería sumamente notorio, en tanto
las ventajas estarían focalizadas en muy pocos sectores productivos,
cuyos negocios no se traducirían necesariamente en mejores condiciones
de vida para el conjunto de la población.
En este sentido, más que un tratado o acuerdo, nos encontramos ante
la presencia de un proyecto que condiciona la soberanía nacional a
partir de la destrucción de capacidades productivas y tecnológicas en un
renovado intento de sometimiento a los intereses de los países más
avanzados, y en detrimento de las mayorías populares.
Por todo lo descripto anteriormente el actual acuerdo con la UE en
gestión, en el caso de ser firmado, solo incrementará el grado de
dependencia de nuestro país cediendo soberanía que obtuvimos a un costo
muy elevado
* Cátedra Abierta Plan Fénix Facultad de Ciencias Económicas, UBA.
Fuente:Pagina /12
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