viernes, 27 de abril de 2018

Como el cierre de los 29 profesorados rompió el cerco mediático

Los rectores, docentes y estudiantes vienen alertando a la sociedad porteña desde noviembre pasado sobre el cierre de 29 profesorados, pero sienten que recién este jueves saltaron el cerco mediático con su intervención en la Feria del Libro. Expulsaron a Pablo Avelluto y Enrique Avogadro, ministros de Cultura de la Nación y de la Ciudad, de su ceremonioso momento de contacto con los participantes del espacio que reúne todo el arco político pedagógico y cultural del país. Y además, se ganaron el aplauso de los presentes.
“Por suerte, los espectadores nos dieron su apoyo y mostraron su solidaridad con este reclamo y estamos muy contentas. La sociedad sí reconoce la pelea que estamos llevando. Más allá de lo que digan los ministros en la tele, la sociedad entiende”, analizó Irene Corbo, estudiante de traductorado de inglés del Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" y miembro de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET).
“Ésta semana logramos romper el cerco mediático”, señaló Corbo. Sin embargo, ubica al momento de “pico de popularidad” con el corte de la 9 de julio del miércoles, en donde el reclamo llegó al programa de Eduardo Feinmann, un hit de los momentos televisivos en donde el conductor agrede a los estudiantes y ellos aprovechan los breves minutos de respuesta para meter la mayor cantidad de palabras para detallar sus reclamos.
“En la Feria del Libro con Avelluto pasó algo similar. Ante un reclamo híper válido como es el no cierre de institutos terciarios, Avelluto se dedicó a compararnos con la dictadura argentina. Nos resulta muy violenta esa respuesta por parte del gobierno”, dijo la integrante de la CET.
También podés leer: Repudio a una nota de La Nación que "estigmatizó" el reclamo de los estudiantes
Para el docente Esteban Sottile, secretario de educación superior de la UTE Cetera, “el gobierno de Rodríguez Larreta puede crear una universidad si quiere, pero no cerrando institutos”. “La Universidad Provincial de Córdoba se creó y no se cerró ningún profesorado”, recordó el dirigente gremial.
Mientras que los profesores siguen trabajando en un contexto de incertidumbre y los estudiantes no saben si van a poder terminar de estudiar, este conflicto produjo una coordinación sindical sin antecedentes en la fragmentada escena gremial porteña. Por lo pronto, la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) que nuclea a los secundarios, junto a la histórica FUBA, también con la de la Universidad Nacional de las Artes (FUNA), Ademys y la UTE, junto a los rectores del de la Universidad Nacional de las Artes y la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET) marcharán este 9 de mayo a las cinco de la tardes desde el Palacio Pizzurno hasta la Legislatura.
Si bien están en coordinación con los legisladores de la oposición para frenar el cierre de los institutos docentes, Cambiemos tiene mayoría en la comisión de Educación y en el recinto, por lo que aseguran, seguirán interpelando al resto de la sociedad porteña para sumarlos al reclamo. “Estamos haciendo semaforázos, en las esquinas mientras dura la luz roja, nos acercamos a volantear y nos paramos frente a los autos con nuestros carteles”, relata la estudiante.
Pasadas las 11.30 de este viernes comenzó una reunión de la Comisión de Educación que preside el legislador Maximiliano Ferraro, de la coalición Vamos Juntos, donde está previsto analizar los distintos aspectos de la creación de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (UNICABA). Afuera se juntaron decenas de personas para participar de la clase pública como forma de protesta. 
Fuente:Tiempo Argentino

jueves, 26 de abril de 2018

“Hay una enorme cantidad de mitología neoliberal que amenaza a las universidades públicas”


Alejandro Grimson 
Imagen: Rafael Yohai
Alejandro GrimsonDoctor en Antropología por la Universidad de Brasilia e investigador del CONICET,  Alejandro Grimson, uno de los exponentes más inquietos de los pensadores argentinos contemporáneos, dialogó con Universidad sobre los mitos de la educación argentina. 
Como primera reflexión, Grimson expresa que uno de los grandes mitos que persiste es que todo tiempo pasado fue mejor: “la idea de que el tiempo de oro de la universidad fue 1960. Sin embargo, en 1960 había 9 universidades públicas y hoy hay más de 50. En 1960, 0,8% de la población eran estudiantes universitarios; para 2010, según el censo pasó a ser 4,3%. El 80% de ese 4,3% va a universidades públicas”. 
Luego de echar por tierra la sobrevaloración del pasado en detrimento del presente de nuestro sistema universitario, invitamos al autor de “Mitomanías argentinas” a continuar la apasionante tarea de desarticular otros mitos que muchas veces conllevan el peligro de operar como profecías autocumplidas. 
- ¿QUÉ MITOS CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN, Y LA UNIVERSIDAD, CREÉS QUE SON NECESARIOS DESTERRAR?
Hay una enorme cantidad de mitología neoliberal que ha circulado, circula y amenaza a las universidades públicas. Son mitos sobre el arancelamiento, mitos respecto de que habría que restringir el ingreso, mitos respecto al ingreso a los extranjeros, los mitos respecto a los rankings universitarios. Hay mitos sobre la escasez de graduados de las universidades públicas, que parten de la presunción de que las universidades solo tienen que graduar estudiantes, como si esa fuera su única función. Hay mitos acerca de que la universidad es elitista: la Argentina es el país menos elitista, por lejos, en todo América Latina y desde ningún punto de vista serio se puede decir que la universidad argentina es elitista, lo cual no quiere decir que no tenga que seguir ampliándose, pero son cosas distintas. 
- ¿QUÉ DESAFÍOS CREÉS QUE TIENE LA UNIVERSIDAD DE ACÁ A 15 AÑOS?
  Para pensar en términos propositivos los grandes desafíos para el futuro, primero hay que plantear una gran divisoria de aguas sobre la cuestión educativa en general y sobre la cuestión universitaria en particular, que es la siguiente: concebimos el conocimiento y el acceso al conocimiento como algo que se vende y se compra en un mercado, o concebimos el conocimiento como un derecho. Porque si concebimos al conocimiento como un derecho básico, de todas las ciudadanas y ciudadanos, entonces el desafío para los próximos 15 años es cómo se garantiza que más habitantes de la Nación tengan acceso a ese derecho. Es pensar cómo se fortalece la idea de acceso al conocimiento en todos los planos: desde las carreras universitarias hasta los impactos tecnológicos, científicos, industriales, sociales, culturales que tiene la existencia y la potencia de las universidades.
“El gran desafío es que nos apropiemos de cuáles son las transformaciones que consideramos imprescindibles y que constituyen parte de nuestro programa de futuro para las universidades, para que éstas sean más abiertas, más democráticas, con mayor calidad y con mayor acceso”,  finalizó Grimson al referirse a la importancia de avanzar en los cambios necesarios para preservar la educación pública, más allá de cualquier mito que pudiera entorpecer el camino.  
Fuente:Pagina/12

miércoles, 25 de abril de 2018

Facebook en el capitalismo crepuscular

Alejandro Nadal

19/04/2018
En junio de 1999 un estudiante universitario llamado Shawn Fanning puso en operación una plataforma para compartir música. La innovación permitía a los usuarios acceder a la música almacenada en sus computadoras en condiciones de reciprocidad. Fanning bautizó su plataforma como Napster, apodo que usaba para burlarse de los hackers.
Napster no era una red centralizada y permitía a los participantes tener acceso a una vasta discoteca a un costo marginal: en su apogeo llegó a contar con más de 70 millones de usuarios. Y luego, las cosas se pusieron feas.

Fanning fue demandado por las compañías disqueras y en 2001 perdió el juicio por promover la descarga ilegal de material protegido por las leyes de derechos de autor que amparaban a las disqueras. Así se impusieron los esquemas centralizados y de paga. Los nostálgicos de los años en que se pensaba que el capitalismo desaparecería porque las redes sociales hacían obsoletos los viejos esquemas de concentración de poder deben reconsiderar su análisis.
La comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Congreso estadunidense hace unos días fue una farsa y un episodio más de la campaña de “pido perdón” del creador de Facebook. También mostró que la mayoría de los legisladores no sabía nada sobre el funcionamiento de la plataforma. Cada legislador tuvo cinco minutos para hacer preguntas, así que el interrogatorio fue superficial y sólo sirvió como operación de relaciones públicas del jefe de Facebook. También reveló que Zuckerberg no sabe nada de historia, economía ni ética.

No es la primera vez que un escándalo marca las operaciones de Facebook. En 2010, el Wall Street Journal descubrió que esa aplicación estaba vendiendo información privada sin el consentimiento de los usuarios a compañías rastreadoras de Internet y agencias de publicidad. Peor aún: en 2014, Facebook llevó a cabo experimentos sobre las cuentas de 689 mil usuarios (sin su conocimiento) y mostró que era posible hacerlos sentir más optimistas o pesimistas mediante la manipulación de las informaciones que supuestamente les enviaban sus amigos en un proceso denominado “contagio emocional”. El experimento mostró que la formación de opiniones podía condicionarse por el consumo “dirigido” de noticias y que esto podía tener graves repercusiones sobre preferencias electorales.

Hay sabemos que entre 2015 y 2016, Facebook vendió más de 100 mil dólares de espacio publicitario a “granjas de trolls” en Rusia y que 126 millones de cuentas de usuarios estadunidenses estuvieron expuestas a noticias enviadas por estos perfiles falsos de supuestos ciudadanos concernidos. No estoy implicando que la elección de Trump se decidió de este modo, eso nunca lo sabremos (las corruptelas y el entreguismo del Partido Demócrata fueron más importantes). Lo que quiero destacar es que hoy que se destapa la cloaca con los tratos con la empresa Cambridge Analytica se abren nuevas perspectivas sobre las relaciones entre la agregación de datos individuales y el modus operandi del capitalismo contemporáneo.

Las palabras big data denotan un acervo gigantesco de información personalizada que sólo un poderoso algoritmo puede procesar para elaborar un perfil preciso de cada usuario con fines comerciales. Lo importante es no sólo el uso comercial de estas bases de datos, sino el hecho de que colosos como Amazon, Google o Facebook pueden ahora incursionar en la manipulación política y hasta en funciones propias de un gobierno. El modelo de capitalismo financiero que hoy domina la economía mundial tolera y parece promover estas nuevas incursiones en el mundo del big data.

Y es que la acumulación y procesamiento de datos personales permite profundizar la apropiación de nuevos espacios de rentabilidad para un capitalismo que sufre una caída crónica en la tasa media de ganancia desde hace cuatro décadas. El neoliberalismo se ha basado en la supresión salarial y la destrucción del poder social y político de la clase trabajadora. Aun así no ha podido contrarrestar su crisis de rentabilidad ni evitar la concentración de la riqueza y tampoco ha podido evitar el semiestancamiento en el que se encuentra la economía mundial. En ese contexto, agregar y cosechar datos es una oportunidad que el capitalismo no quiere desperdiciar. Y para aprovecharla se ha llevado a un nuevo estándar la mercantilización de las relaciones sociales. El gigantismo y la concentración de poder se han intensificado para convertir la esfera de la vida privada en mercancía.
Por cierto, en México el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) anunció hace poco que se había firmado un convenio con Facebook para evitar que las noticias falsas desorientaran a los votantes y afectaran el proceso de las próximas elecciones. El momento escogido para suscribir tal convenio no pudo ser más desafortunado. En medio del peor escándalo en la historia de Facebook, poco faltó para que el INE lo elevara a rango de autoridad electoral. ¿Quién decidirá lo que es noticia falsa? ¿El INE? El atraso e incompetencia de los funcionarios del instituto electoral son ejemplares.
Fuente:Sin permiso
Economista, es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.

martes, 24 de abril de 2018

Maltratados

Opinión
El Ministerio de Agroindustria anunció 330 despidos porque tiene que “ajustar” para reducir el déficit fiscal. Lo que tendría que explicar es por qué elige a los trabajadores como variable de ajuste. Sobre esa decisión, no hay justificación alguna. Incluso más, el gobierno debiera explicar por qué decide maltratar a todos los trabajadores del Ministerio, haciendo que por casi cuatro días no supieran quiénes serían los despedidos. 

Es importante mostrar algunos números generales. Al 20 de abril el Ministerio lleva ejecutado el 23,4 por ciento de su presupuesto de este año. Por la fecha considerada, debería llevar gastado el 30,1. Es decir, el Ministerio está gastando bastante menos que lo presupuestado. Es bueno señalarlo cuando deciden despedir a 330 trabajadores. Pero, además, el gasto que el Ministerio –incluyendo los gastos de los programas, no solo los sueldos– lleva realizado representa el 0,18 por ciento del total del gasto nacional. Si se agrega el INTA, el SENASA y todos los organismos descentralizados, el gasto representa el 0,5 por ciento del presupuesto. En comparación, los servicios de la deuda pública, esa que se fue tomando en los últimos años a troche y moche con tanta candidez y hasta alegría por parte de los funcionarios, ya alcanzan el 13,7 por ciento del total gastado. Más de 25 ministerios completos, incluyendo los organismos descentralizados. Y ello, sin contabilizar la partida de “obligaciones del tesoro”, que también corresponde a gastos que tienen su origen en lo financiero. La deuda hoy ya es un problema en lo presupuestario. Pero nadie desde el Gobierno ha explicado cuáles fueron los “enormes logros” que se han obtenido con la deuda tomada. Y en cambio apuntan a los trabajadores, como si fueran culpables de la situación que generó el gobierno.

En lo específico del Ministerio de Agroindustria, de ese 23,4 por ciento gastado, donde menos ejecutaron es en los programas de “Administración y Control Comercial Agropecuario” (14,0 por ciento) –encargado de controlar que no se comercialice de manera informal–, “Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario” (15,3) –encargado de prevenir los efectos de los eventos climáticos adversos y asistir a los productores para recuperar la capacidad productiva–, y “Políticas para la Agricultura Familiar” (16,4) –encargado de impulsar la actividad de esos productores–. Los sectores más afectados, más desprotegidos, son los que más sufren estas políticas.
Los despidos sin razón y el maltrato a los trabajadores tienen un hilo en común con lo antes mencionado, y es lo que creen las máximas autoridades del gobierno: que “achicar el Estado es agrandar la Nación”. Esa premisa neoliberal ya se ha mostrado errada en numerosas experiencias en la Argentina y en el mundo. Los países que se desarrollan lo han hecho con más educación, más salud, más investigación e innovación, con impulso a una mayor producción, y nunca con menos. Y en todo ello tiene un rol fundamental el Estado. 

El Gobierno debiera revertir de manera inmediata la medida adoptada e impulsar políticas activas a favor de la producción y el empleo. De no hacerlo, no sólo estaría afectando a los trabajadores, sino también a buena parte del sector productivo.
* Ex secretario de Coordinación del Ministerio de Agricultura. Profesor e investigador UBA y Ceset.
Fuente:Pagina/12

lunes, 23 de abril de 2018

El kirchnerismo cuestionó el alejamiento argentino de la Unasur


Fecha: 22/04/2018   09:48 
Fuente:DERF 


El bloque de diputados del FpV-PJ manifestó su descuerdo respecto de la suspensión de la participación de nuestro país en el organismo internacional



         Desde el bloque de diputados nacionales del FpV-PJ manifestaron su “desacuerdo y disconformidad” respecto a la suspensión de la participación de la Argentina, junto a otros cinco países, Brasil, Perú, Paraguay, Colombia y Chile, de la Unasur.

Desde su creación, Unasur “es y fue pensando como un espacio en donde más allá de las divergencias que puedan existir y existieron entre los países que la componen pudo encontrar salidas alternativas frente a las crisis de los estados de la región, basadas en principios constitucionales, democráticos y pacíficos, anteponiendo la unidad más allá de la diversidad, generando consensos frente a situaciones críticas”, señala el bloque, que recuerda además que “en los 10 años que lleva, ha podido avanzar en una agenda regional compartida priorizando al Estado por sobre el mercado como actor primario, incorporando temas en la sociedad sudamericana, tales como infraestructura, salud, ciencia, tecnología, educación y defensa entre otros”.

A través de un comunicado, la bancada que conduce Agustín Rossi culpa a “los gobiernos neoliberales” de Argentina y Brasil de ser “los responsables del vacío y silencio de la ausencia de reuniones presidenciales o de ministros en varios sectores, abandonar la participación de Unasur, es una más de las erráticas decisiones del actual gobierno en la búsqueda de la autopregonada política exterior pragmática y desideologizada que manifiesta Cambiemos”.

“Es necesario como decía Néstor, Kirchner, primer secretario General de Unasur, ‘construir a partir de la realidad relativa, una realidad superadora que nos pueda contener a todos’”, señaló el bloque FpV-PJ, que concluye pidiendo no permitir que “todo lo logrado nos haga retroceder ante el avance de las políticas neoliberales de los que hoy nos gobiernan”.

viernes, 20 de abril de 2018

Graduados de la UBA abstenerse: Repudios a una búsqueda laboral discriminatoria del gobierno porteño


El gobierno de la ciudad difundió una convocatoria para trabajadores sociales, pero advirtió que no serán tenidos en cuenta los egresados de la UBA. Autoridades académicas y estudiantes rechazaron la exclusión y exigieron que el macrismo dé explicaciones.
 

“No serán tenidos en cuenta perfiles UBA.” La frase corona una búsqueda laboral lanzada por el gobierno porteño, que aspira a seleccionar a tres trabajadores sociales para participar de un programa de urbanización de la Villa 31. La explícita discriminación de los graduados de la Universidad de Buenos Aires por parte de la administración macrista generó amplio rechazo en la comunidad académica. Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales expresaron su “más enérgico repudio” e “iniciaron las gestiones necesarias para solicitar al Gobierno de la Ciudad las explicaciones pertinentes”. El área del gobierno involucrada es la Secretaría de Integración Social y Urbana –dependiente de la Jefatura de Gabinete–, que este año despidió a más de cincuenta trabajadores sociales que se desempeñaban en el barrio de Retiro (ver aparte).

El aviso fue difundido en las últimas horas por la Bolsa de Trabajo Social, una comunidad virtual de intercambio de ofertas laborales para estudiantes y egresados de la disciplina. “Organismo estatal se encuentra en la búsqueda de graduadxs universitarios con matrícula vigente de la carrera de Trabajo Social. Los profesionales deberán contar con amplia experiencia en procesos de urbanización y trabajo en territorio”, decía el anuncio. Luego precisaba que la zona de trabajo sería el Barrio 31 (Retiro), con una carga de 40 horas semanales, bajo régimen de monotributo. Finalmente, remataba con el detalle excluyente: “No serán tenidos en cuenta perfiles UBA”.
El aviso –que la Bolsa de Trabajo Social ya retiró de su portal web, ante el escándalo desatado– incluía, al pie, un e-mail de contacto que correspondía a Daniela Fagalde, quien figura como integrante de la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria, a cargo de Julieta María Williams Becker, politóloga egresada de... la UCA. A su vez, esa subsecretaría depende de la Secretaría de Integración Social y Urbana, a cargo de Diego Fernández, un analista administrativo graduado en... la UADE.

La directora de la Carrera de Trabajo Social en la UBA, Andrea Echevarría, planteó que la búsqueda del gobierno porteño “constituye un claro caso de discriminación, basada en quién sabe qué tipo de estereotipos o prejuicios. Como en todas las situaciones de discriminación, ésta parte de un profundo desconocimiento. En este caso: desconocimiento del perfil profesional de los trabajadores sociales de la UBA, que reciben una sólida formación teórica, histórica, metodológica e instrumental. Desconocimiento de las herramientas para la intervención sobre la realidad social, la planificación y diseño de políticas, para la evaluación y el monitoreo, para el diagnóstico y para la investigación con que nuestros graduados cuentan. Desconocimiento de la labor de decenas de equipos docentes que intervienen en ese proceso (...) Desconocimiento de las experiencias de debate e intercambio que pueblan las aulas y hasta los pasillos de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, de la cual Trabajo Social forma parte desde sus orígenes”.

Echevarría advirtió también sobre lo que esa discriminación implica para el proyecto urbanístico desarrollado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en Retiro. “Provoca alarma pensar que, desde estos profundos desconocimientos, se proyecte una intervención con la complejidad como la que tiene la Villa 31. Señalamos en muchas ocasiones la multidimensionalidad y la complejidad propias de la informalidad urbana, y la perspectiva necesariamente interdisciplinaria, rica en aportes y miradas diferentes y complementarias con que debe ser abordada –señaló la directora de la carrera–. Negar miradas, silenciar voces poco puede aportar en esta dirección.”

Además de repudiar los términos de la búsqueda laboral, la conducción de Ciencias Sociales exigió que la Ciudad dé explicaciones formales. La declaración institucional consideró que “en un contexto en el que ciertos sectores atacan a la educación superior pública, gratuita y de calidad, y se intenta socavar la legitimidad y el prestigio de las Ciencias Sociales en nuestro país, resulta fundamental seguir poniendo en valor la excelencia académica, el compromiso social y la contribución al pensamiento crítico de los/as docentes, graduados/as y estudiantes de nuestra facultad”.

Pero el malestar generado por la exclusión dispuesta por el gobierno porteño no se limitó a las autoridades académicas. Sectores del Consejo de Profesionales de Trabajo Social de Capital anunciaron que presentarán una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). Desde el claustro estudiantil de Trabajo Social, el consejero Martín Molina (La Mella) dijo: “Todos y todas las que estudiamos en la carrera estamos orgullosos y orgullosas de formarnos como trabajadores sociales críticos, comprometidos con la realidad que transitamos. Si el gobierno de la ciudad nos excluye de sus búsquedas laborales, debe ser porque le molesta ese perfil crítico. Exigimos que la Ciudad rectifique su búsqueda laboral y le extienda unas disculpas a toda la comunidad educativa de la UBA”.
Fuente:Pagina/12

jueves, 19 de abril de 2018

“Qué tarifas tan bajas tienes, Caperucita”



“Como me lo contaron, lo cuento, no me lo invento”  dice el cuentacuentos para empezar un cuento que es un invento para los chicos. “Como me lo contaron lo cuento, no es un invento” dice el gobierno cuando explica la inflación y los tarifazos a la sociedad de los adultos. Hay mil formas de empezar un cuento como: “érase que se era”, que predispone, o el que busca expectativa y ser creíble con “cuentan los que lo vieron, yo no estaba, pero me lo dijeron”. Los cuentos para chicos son para pasarla bien. Pero cuando el cuento se lo hacen a un tipo grande, no la pasa bien. La posverdad empieza así: “como me lo contaron lo cuento, no es un invento” y que viene de tres fuentes diferentes, y que lo dijo un primo muy confiable que es amigo de la esposa del panadero del fulano, que te muestro una cuenta dibujada o una foto que no dice nada. Y así, una sociedad se sumerge en un gran cuento y se despierta en una pesadilla ahogada por los tarifazos y la inflación.
La idea del cuento no es nueva. Hubo generaciones que compraban buzones. El cuentacuentos, en realidad un cuentero, era un porteño avivado que se lo vendía al inocente campesino. Otra fueron los terrenos inundados. Y así se fueron inventando los cuentos del tío, pero del tío Rico, como la copa de los ricos que crean riqueza y derrama sobre los pobres. El ser de imaginación y maravilla de los cuentos de la infancia transmutó en vendedor de buzones, famoso cuentero.

El cuentero, igual que el cuentacuentos, dice: “no me lo invento”. Y, como los cuentos para chicos que se construyen con partes de ese mundo de magias y superhéroes, el gran cuento del tío Rico para la sociedad de los adultos se teje con parte de sus verdades más amargas: que nadie te regala nada, que hay que sospechar del que promete mucho, que te lo ganaste a pulso, que sos un ganador si hay muchos que están peor. Y sobre esa urdimbre se borda lo principal del gran cuento que es donde empieza a doler el bolsillo. El cuentero-lobo le cuenta a Caperucita y le dice: “qué tarifas tan bajas tienes, Caperucita”.

Y resulta que se la quiere comer. Primero hubo cuatro años de restauración de una economía destruida por el neoliberalismo de los últimos años de Alfonsín, el menemismo y De la Rúa y tras esos cuatro años hubo ocho años de medidas redistributivas en los doce años de gobiernos kirchneristas. Y resulta que para las cuentas del neoliberalismo, en esos años el PBI fue un desastre, y creció la cantidad de pobres. El cuentero, ya con el oficio de periodista a sueldo de grandes corporaciones, se multiplicó y todos repitieron esos números “hasta el infinitoooo y máaaaas allá”, como en Toy Story. Gran parte de la sociedad adulta se tragó ese cuento del Tío Rico y ahora tiene un buzón hermoso con el doble de inflación y tarifas impagables.
Y algunos se resisten a reconocerlo y salir del cuento y repiten como el lobo que la causa de los tarifazos es “tenías las tarifas muy bajas, Caperucita”. Durante 2017, los dueños de Edenor y Edesur, Marcelo Mindlin y Niky Caputo, ganaron más de 9 mil millones de pesos. Un millón de pesos por hora. Uno es el principal amigo de Macri y el otro le compró la constructora.

Hubo periodistas superstars que sospechosamente insistieron en el argumento del lobo. Son los mismos que repitieron que la economía no crecía desde 2011 y que el kirchnerismo dejó la tercera parte del país en la pobreza y que el déficit era descomunal, un país en llamas al que un príncipe de ojos azules venía a salvar. La intención de ese cuento es que la gente crea que las políticas distributivas producen más pobreza. Y que la única forma de repartir es sacándole a los que menos tienen. Lo dijo María Elena Walsh: un mundo donde “nada el pájaro y vuela el pez”.
Uno dice el cuento del Tío Rico, otros dicen “El arte del dibujo”, como los economistas Sebastián Fernández y Mariano Kestelboim en el artículo que publicaron en el suplemento Cash del domingo. Con una comparación elemental demuestran la falsedad de las proyecciones del Indec de Macri hacia el pasado reciente que pretenden negar que la economía creció hasta que llegaron ellos, que hubo creación de empleo hasta que llegaron ellos y que creció el consumo hasta que llegó Cambiemos. Y por lo tanto, bajó la pobreza. Sencillísimo: comparan la cifra que dibujó el Indec macrista para el período 2011–2015 sobre la economía nacional, con la que dieron los principales centros urbanos en esa época (la mayoría gobernados por la oposición al kirchnerismo) y hay una diferencia de casi 20 puntos. La cifra del Indec es imposible. Es lo más trucho y evidente.
El reino del revés, el mundo trucho con cifras tan evidentes fue asumido. Hasta hubo kirchneristas que las tomaron para no quedar afuera de lo establecido. El influjo inmanente que transmitía la melodía del flautista de Hamelin afectó incluso a muchos que pensaban lo contrario. La realidad virtual se ajusta también para los que no quieren quedar afuera del consenso establecido, por más estúpido que sea.

La más vulnerable a los cuentos del tío ha sido siempre la clase media o la población de ingresos medios ya sea cuentapropista o trabajador con relación de dependencia. Porque la clase alta es la que hace el cuento y porque los más humildes están más avivados porque ya perdieron. En cambio esa gente sigue creyendo y se ahoga en su desesperación pero no quiere reconocer que fue engañada miserablemente. Se aferra a la fantasía, quiere creer ciegamente que se trata del esfuerzo necesario y que va a estar mejor en el futuro.

Los tarifazos son astillas de realidad que penetran la Matrix macrista duránbarbista. Esos sectores medios están golpeados y todavía pueden negarlo porque tienen margen de aguante. Pero a los más pobres o los que vivían con lo justo, que en su mayoría no creyeron el cuento del lobo, el tarifazo les pegó en el corazón. La Matrix los expulsa del sueño y el Conurbano empieza a convertirse en una caldera de presión. Los cuentos de los chicos terminan “y fueron felices y comieron perdices”. Pero en el final de los cuentos del tío Rico, nadie come perdices.
Fuente:Pagina/12

miércoles, 18 de abril de 2018

Sindicatos convocan a un ruidazo y una marcha de las velas



Fecha: 18/04/2018   14:52
La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, el referente de Camioneros, Pablo Moyano, y organizaciones de defensa del consumidor se movilizarán en contra del aumento de tarifas en los servicios públicos, impulsados por el gobierno de Mauricio Macri


Los referentes sindicales anunciaron un "ruidazo" para este miércoles a las 20, mientras que el jueves habrá una marcha de las velas que partirá desde el Congreso y desembocará en el Obelisco a las 19. La movilización se extenderá en distintos puntos de encuentro como La Plata, Tigre, Adrogué, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Florencio Varela o San Fernando.
"Nuestra convocatoria intenta unificar y sintetizar esto en dos acciones: un 'ruidazo' en contra del tarifazo el día 18 de abril en los distintos barrios de la Capital, del conurbano y en muchas provincias que se van a sumar. El 19, la Marcha de las Velas, como símbolo de esas velas que tienen que encender en muchas casas donde en este momento la cuentas de luz no se pueden pagar", anunció Hugo Yasky, secretario general de la CTA.
"Las familias más humildes son las que más están sufriendo el tarifazo; los clubes, las sociedades de fomento. Por eso me comprometo, como vicepresidente del PJ bonaerense, a que los intendentes acompañen esta movilización que es la continuidad del 21 de febrero, contra este gobierno para que cambie el rumbo económico", agregó Pablo Moyano, líder de Camioneros.

Por su parte, el bloque del Frente para la Victoria-PJ de la mano del jefe de la bancada, Agustín Rossi, pidió una sesión especial para tratar una serie de proyectos entre los cuales se destaca el que plantea el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y el regreso a los valores de mayo del año pasado. El massismo y el Bloque Justicialista también presentaron un proyecto unificado contra el tarifazo.
Fuente:Derf

El juez del caso Maldonado se niega a aportar documentación del expediente requerida por Rafecas Las copias que Lleral no quiere enviar


El juez Daniel Rafecas investiga el espionaje ilegal de Gendarmería a la familia Maldonado y requirió parte del expediente que lleva su par de Rawson. Con el argumento de que se trata de “material sensible”, Gustavo Lleral resolvió no remitir la documentación.
Lleral tiene a cargo el caso por la muerte de Maldonado.
Lleral tiene a cargo el caso por la muerte de Maldonado. 
Gustavo Lleral, el juez federal de Rawson a cargo de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, decidió no enviar las copias de ese expediente que le solicitó su par porteño, Daniel Rafecas, en el caso por el espionaje que habría cometido Gendarmería a las órdenes del Ministerio de Seguridad sobre la familia del joven y sus allegados. ¿El argumento? Dijo Lleral que “se encuentra en plena etapa procesal” y que se trata de “material sensible”. PáginaI12 pudo saber que Rafecas insistió con su solicitud y esta vez envió además del requerimiento fiscal la denuncia que originó la causa, presentada por la diputada del FIT Myriam Bregman con el patrocinio del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) en octubre, en la cual consta una sucesión de episodios en los que los Maldonado sufrieron tareas de inteligencia ilegal: fueron interceptados sus mensajes privados de celular, espiadas sus acciones y movimientos, como así también de los abogados y miembros de las redes de apoyo a las comunidades mapuches, además de relevar los viajes de Santiago.

La semana pasada en el despacho de Rafecas recibieron la respuesta de Lleral, en la que “no hizo lugar” a la solicitud de enviar copias de todo el expediente, que reúne los habeas corpus y la causa por la desaparición forzada, sobre el caso Maldonado. Es allí donde los abogados Matías Aufieri, Carlos Platkowski y Liliana Mazea indicaron que están las pruebas de las acciones de espionaje interior desplegadas por Gendarmería, prohibidas por tres leyes nacionales, entre ellas la de Seguridad Nacional. Desde los tribunales federales de Comodoro Py enviaron al juez federal de Rawson un nuevo escrito con el detalle específico de cuáles son las copias del expediente que necesitan, según apuntó a PáginaI12 una fuente judicial. En el entendimiento de que Lleral hubiera pensado que Rafecas pedía todo el expediente, resolvieron darle una nueva oportunidad, porque más temprano que tarde el juez chubutense deberá enviar lo que piden desde Capital. 
El punto es que los denunciantes del Ceprodh pretendían que llegue toda la causa, para que no sea precisamente Lleral quien defina qué partes enviar. Pero aún así, el magistrado se negó a mandar ni una foja.
Las querellas, entre ellas la impulsada por la familia Maldonado, cuestionaron días atrás que la causa no esté digitalizada, lo cual implica un enorme esfuerzo para realizar su seguimiento. “El juez dice que hay ‘material sensible’ pero no lo digitaliza, es una contradicción”, apuntó la fuente consultada. Y agregó que hay un agravante sobre la negativa de Lleral, y es que tanto él como su antecesor Guido Otranto fueron los primeros que tuvieron a la vista las evidencias del espionaje y ninguno tomó la iniciativa de extraer testimonio para que sea investigado tal delito. Es decir, en su momento no impulsaron la pesquisa sobre estas tareas ilegales cuyas pruebas tenían en sus manos, y cuando otro juzgado pretende avanzar penalmente tampoco envían la información.
¿Qué necesita concretamente Rafecas? Del peritaje de los teléfonos celulares de los gendarmes que reprimieron el 1 de agosto en territorio mapuche recuperado, en un operativo que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado, surgió que el comandante de Gendarmería Fabián Méndez reenvió al jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, un mensaje de texto que Andrea Antico había mandado el 3 de agosto a Juan Carr, de Red Solidaria. “Hola Juan, perdón que te moleste mi nombre es Andrea Antico soy de Bariloche estamos pidiendo información sobre Santiago Maldonado.” Así, la cuñada del tatuador anarquista solicitaba ayuda luego de tres días sin noticias. En otra parte del expediente consta que los gendarmes informaban a sus superiores sobre las actividades de los Maldonado en una marcha en Bariloche. “Son matrimonio” y “van al centro cívico”, espiaron los uniformados. 
La causa por espionaje iniciada por Bregman quedó en manos de la Justicia Federal porteña por un fallo de la Cámara Federal, tribunal ante el cual Sergio Maldonado relató que el 12 de agosto a la madrugada, cuando luchaba contra el insomnio en un hotel cercano a avenida Corrientes, escuchó cómo desde el otro lado de la habitación alguien leía partes del discurso que había dado su esposa en Plaza de Mayo.
Fuente:Pagina/12

martes, 17 de abril de 2018

Cambiemos: un modelo de subordinación

La segunda parte del gobierno de Macri

Cambiemos: un modelo de subordinación
La alianza gobernante enfrenta un crucial problema financiero y cambiario: el ingreso por Inversión Extranjera Directa recién reaccionó en la segunda parte del año pasado, y depende cada vez más de los préstamos financieros, que constituyen el mecanismo de subordinación al orden internacional. (Foto de portada: Claudia Conteris).
Transcurridos más de dos años del gobierno de Cambiemos queda claro que no se va a producir la “lluvia de inversiones”, ni que tampoco se mantuvo la política social del gobierno anterior y menos que menos, la defensa del mercado interno y del trabajo nacional, como se había prometido en la campaña presidencial de Macri.
Lo que se observa y se percibe es una incesante degradación del empleo y de su remuneración, claramente plasmado en que como reconoce el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en enero de 2018, la baja de la producción fabril acumulada desde el recambio de gobierno en 2015 arrojó una retracción de 67.940 puestos formales en el total del sector,  básicamente por la caída en el nivel de actividad de la industria con mano de obra intensiva (textiles, confecciones, calzado, gráficos, marroquinería, etc.), todos sectores ligados al mercado interno.  Paralelamente se incrementó el trabajo informal y los monotributistas en la construcción y los servicios (comercio, logística, mantenimiento, transporte, etc.), con lo que logran compensar la disminución de fuentes de trabajo pero con una remuneración y con derechos laborales muy menor.
El salario real promedio (y las jubilaciones y pensiones de todo tipo) que habían caído fuertemente en el año 2016 por la devaluación de nuestra moneda y la suba de las tarifas energéticas y del transporte, lograron cierta recuperación ante la política electoral del gobierno de Cambiemos del año 2017 (de retrasar el tipo de cambio), que no bien lograron ganar las elecciones de medio termino, licuó con la nueva suba de tarifas y devaluación de diciembre de 2017, y que patéticamente se presenta en que las paritarias del corriente año 2018, tardan en autorizarse y todas tiene el tope del 15%,  en dos o tres cuotas, mientras que la tasa de interés de corte de referencia del BCRA es del 27,25% anual y la tasa de interés de los préstamos personales promedió en el mes de marzo de 2018, fue del 40,1%.  A los trabajadores incremento en cuotas por un total del 15%, a los rentistas 27,25% de interés y si quieren financiar un gasto tasa del 40%.
Esto es, el ajuste de shock lo realizaron no bien asumieron, luego continuaron con un ajuste gradual, que corrigieron a fines del año 2017 (después de las elecciones en que “flexibilizaron” el ajuste), con el mismo fin, reducir el costo laboral e incrementar el precio de los mercados cautivos como son el de la producción y comercialización de aluminio, acero, cemento, petroquímica, automóviles, medicamentos, aceite, harina, yerba, azúcar, leche y sus derivados, luz, gas, combustible, etc. conformando una nueva estructura de precios con un alto “colchón” (margen de ganancia) que mantienen durante la gestión de “Cambiemos” y que es la razón por la que apoyan a este gobierno.
Para “mejorarle” la tasa de ganancia al 5% de la población más favorecida (en torno a los dos millones de personas), el gobierno no trepidó en eliminar las retenciones (derechos de exportación) y disminuir la de la soja, a la par que redujo sensiblemente la alícuota del impuesto a los Bienes Personales (que es el impuesto nacional al patrimonio, cuando las provincias recaudan menos del 1% de  sus ingresos con el impuesto a la tierra), obviamente que la disminución de la recaudación genera un persistente déficit fiscal que hace que se deban endeudar por U$s 35.000 millones por año,  para financiar básicamente gastos corrientes y una parte para la obra pública.
Esto es tan así, que la Universidad de Belgrano sostiene que un tercio del gasto corriente (que es el 93% del presupuesto de la Administración Nacional) se genera por el pago de los intereses de la deuda, de manera tal que el gobierno reduce el gasto primario (gasto en salud, educación, asistencia social, pagos previsionales, etc., reduce los subsidios al transporte y a la energía) pero el déficit sigue siendo del 5,5% del PIB (Los U$s 35.000 millones de dólares que se endeudan para financiarlo), porque lo que ajustan en el gasto, lo pagan de más en los intereses de la deuda.
También es creciente el déficit comercial porque se importan productos que nosotros producimos, básicamente bienes de consumo (alimentos, incluido por ejemplo peras y manzanas de Chile; calzado; indumentarias; heladeras; lavarropas; televisores; etc.), automóviles y otro tipo de vehículos automotor, celulares, etc. con lo que significó y significa, además de ser una competencia desigual con lo que se produce en el país. A la vez, incluso agravado por la “sequía”, el ingreso de divisas depende de las 750 empresas (muchas de ellas conforman holding) que generan el 90% de las ventas externas del país, ningún gobierno tuvo un déficit comercial de la magnitud y de la composición que tiene el macrismo y solo a los dos años de asumir. Ni Martínez de Hoz, ni Sourouille, ni Cavallo derraparon tan rápido, solamente amparados por tomar deuda externa que “disimula” la situación de déficit gemelos totalmente desproporcionados e impagables y lo que es peor, la tendencia es que se profundiza en este año 2018, porque no hay ninguna medida, ninguna política, ningún proyecto que mejore realmente la situación de las cuentas fiscales y comercial del país.
Si hay una política deliberada a favor de los grandes grupos económicos concentrados en el sector financiero, en la comercialización de granos, en la cadena energética, en las comunicaciones, y en los enclaves industriales de insumos básicos (acero, aluminio, minerales no metálicos – cemento y vidrio, ciertas metalmecánicas –piezas y herramientas-, etc.) y la protección de la industria y comercialización automotriz.
En ese marco y con esos objetivos, el gobierno de Cambiemos enfrenta un crucial problema financiero y cambiario: El ingreso por Inversión Extranjera Directa recién reaccionó en la segunda parte del año pasado, y se depende cada vez más de los Préstamos Financieros, que a su vez, dicha deuda juega un rol clave porque es el mecanismo de subordinación al acreedor (de allí que cuando no se puedan pagar los intereses va a aparecer el acuerdo con el FMI).
Debe aclararse que, el sector privado y las provincias (estas últimas lo van a tener que realizar en forma creciente por el ahogo financiero ante la menor actividad de las economías regionales) se endeudan, pero el mayor tomador de crédito es el Estado Nacional. Como sus pagos lo hace en pesos (contratistas, licitaciones, trabajadores, déficit, etc.), debe cambiar la deuda en dólares por pesos con el BCRA, al tipo de cambio “comprador” oficial (al 11 de abril de 2018 a $ 20.-).  Esos dólares a su vez, el BCRA como banco de bancos, se lo vende (al tipo de cambio oficial “vendedor” de $ 20,50) a los grandes bancos (y detrás de ello a los grandes operadores), como resultado queda la deuda en dólares al Estado argentino (y con ello a toda la población) sin saber cuál va a ser el valor de la divisa cuando la misma se tenga que pagar, y los dólares lo adquieren (y lo fugan) las familias más ricas de este país, que no tienen ningún límite de compra y de giro para realizarlo.  El sostenido ingreso por deuda pública acelera fuertemente la salida por formación de activos externos (fuga de capitales) e incrementa la deuda.
Según el Informe Monetario de marzo 2018 del BCRA, las reservas internacionales suman U$S 61.756 millones (en marzo el BCRA debió vender U$s 2.040 millones para frenar el valor del dólar), pero solo aproximadamente el 45% es de libre disponibilidad (incluido el crédito que el Kirchnerismo consiguió de la República Popular China que sigue contabilizado en las reservas), el resto son encajes en dólares percibido por los depósitos que captan los bancos.  El stock de LEBAC (Letras del BCRA) según el mismo Informe Monetario del BCRA del mes de marzo 2018, asciende a $ 1.253.510 millones, que al tipo de cambio de $ 20,50 son el equivalente a U$s 61.147 millones (suma igual a las Reservas Internacionales formales, pero más del doble que las reservas internacionales reales del BCRA), por lo que el BCRA tiene deudas por el doble del valor de sus reservas.
La pregunta obligada es si la tasa de interés que paga el BCRA en pesos es del 27,25% (conformada en la licitación del martes 10 de abril 2018) y en dólares del 5,5% anual, conformando el costo de oportunidad de la inversión, entonces cuales son los sectores que permiten un margen de ganancia mayor.

Los sectores de punta del macrismo

Obviamente son los sectores más concentrados, los que se consideran los dueños de este país, sin que signifique orden de importancia pero si de presentación:
En primer lugar el sector financiero, no solamente los bancos (Galicia, Macro, Santander Río, HSBC, Deutsche Bank, etc.) que obtuvieron importantes ganancias operativas, sino por su condición de colocadores de títulos de deuda argentino en el mercado local e internacional y su situación privilegiada en la compra y venta de divisas.
En segundo lugar los grandes acopiadores y comercializadores de granos, como la empresa china COFCO que compró Nidera SA, también Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Cerval, Cargill y Louis Dreyfus, quienes controlan la mayor parte del comercio internacional de cereales y granos, y tienen gran influencia sobre la determinación de los precios internacionales de los alimentos. El resto debe subordinarse en mayor o menor medida a ellos, por ejemplo el grupo Grobocopatel,  que sumado a la sequía y al nivel de endeudamiento que tienen (donde juega un rol confiscador del capital las altas tasas de interés que deben pagar), hace que presentaran sus balances en marzo de 2018, con resultado negativo.
En tercer lugar las empresas energéticas, que han fijado y fijan precios sin restricción alguna, como es el caso de las empresas cuyo principal accionista es Marcelo Mindlin: Pampa Energía, grupo dueño de Edenor, Transener -la mayor transportadora eléctrica- y TGS Transportadora Gas del Sur -la segunda transportadora de gas-.  Mindlin también es dueño de Iecsa, una de las empresas que formó parte del grupo Macri, vendida por Franco a su sobrino a Ángelo Calcaterra, y que, a su vez, este vendió a Mindlin a comienzos del año 2017 cuando se realizaba la investigación del Corredor Verde asociada al grupo Odebrech de Brasil.
Transportadora Gas del Norte –TGN, de Techint y del grupo Eurnekían;  Camuzzi Gas  Pampeana de la italiana Camuzzi; Distribuidora de Gas Cuyana de la familia Miguens Bemberg y en la que fue socio Nicolás “Niki” Caputo;  Gas Natural Ban (de la española Gas Natural Fenosa);  la italiana  ENEL controlante de Generación Costanera; Central Puerto empresa que tiene como accionistas a Escasany-Bemberg del grupo Galicia y a Nicolás “Niki” Caputo.
Shell que amplió su negocio a la importación de gas licuado de petróleo; Pan American Energy y Axion Energy del Pan American Energy Group de la asociación de la empresa petrolera china CNOOC y la familia  Bulgheroni; la petrolera Capsa – Capex de la familia Götz que amplía su negocio a la generación de energía eólica.
En cuarto término las mineras como la Barrick , compañías como Goldcorp, Cerro Cazador, Mariana Argentina S.A., Alumbrera, Santa Cruz, Don Nicolás, Orocobre Ltd., Pan American Silver, Aguilar y Patagonia Gold.
En quinto orden, las empresas de comunicaciones, la asociación entre el grupo Clarín (a través de su controlada Cablevisión) y Telecom (con la participación del mexicano David Martínez),  las empresas de telefonía móvil,  etc.
En sexto lugar las cementeras y la construcción, empresas como la suiza Holcim (Cementera Minetti), Loma Negra (comprada por el  Grupo Camargo Correa de Brasil), Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), Cementera Avellaneda (del grupo español Cementos Molins y de la brasileña Votorantim) y constructoras como Benito Roggio, la española Dycasa, Cartellone, Rovella Carranza, y la Constructora Caputo, que  se vendió a TGLT, perteneciente a Federico Weill (Grupo Adeco Agro y  de Creaurbán SA, empresa de la familia Macri), que fueron beneficiadas por la fuerte obra pública desde la segunda parte del año 2017, por la Nación, la provincia de Buenos Aires y el GCABA.
Séptima, las automotrices, protegidas por todos los gobiernos a través de aranceles, devolución de impuestos (draw back), etc. con Macri se les redujeron los impuestos internos, se les facilitaron todos los trámites y controles, no se les multa por contaminación, se generan infraestructura para la utilización del vehículo, no se cumple con los cupos con Brasil, etc., el único límite es el precio del combustible (por ser sus distribuidores otro de los sectores más beneficiados).
Foto.Claudia Conteris.
Y por último en la presentación, pero tan importante como los nombrados anteriormente, la producción de bienes de uso difundido como el acero y los caños sin costuras del grupo Techint (de los Rocca) que dirigen las empresas Tenaris, Ternium, y otras compañías que operan en ingeniería, construcción, y el sector energético, en el país y con filiales en el mundo (como la TenarisBayCity en Houston –EEUU con una inversión de U$s 1.800 millones y una capacidad anual de producción de 600.000 toneladas de tubos sin costura, generando aproximadamente 600 puestos de trabajo).La producción de Aluminio por Aluar (del grupo Aluar-Fate de la familia Madanes Quintanilla), y las petroquímicas como las norteamericanas Unión Carbide Argentina y Exxon Chemical, y las argentinas Bridas (de la familia Bulgheroni), PASA e Indupa, quienes reciben el efecto multiplicador de la mayor demanda de obra pública y de la industria automotriz y de maquinarias agrícolas fundamentalmente.

Dos modelos

El modelo kirchnerista alentaba al mercado interno a la par que buscaba la integración regional (Mercosur, Unasur, Celac), por ende dada la importancia del consumo (aproximadamente el destino del 75% de lo que se producía) garantizaba el rol del trabajador como productor y como demandante de lo que se producía.  El modelo de Cambiemos es de subordinación al mercado internacional,  el trabajo es visto esencialmente como un costo, de allí que mientras se determinan tasas de interés de mercados con un piso de 27,25% para marzo y abril de 2018, se permiten incrementos de precios de los bienes y servicios más concentrados, de las tarifas energéticas, del combustible, etc.  el salario no puede crecer más de un 15% (y en escala), porque el objetivo es reducir el costo salarial y flexibilizar las normas de trabajo (proyecto de ley que tienen en gatera ante la movilización popular de rechazo a la otra reforma, la previsional), pero que no tardarán en reflotar.

Para cambiemos el modelo es México donde existe la subcontratación y tercerización del empleo,  se limita el pago de salarios caídos a 1 año más el pago de interés del 2 por ciento mensual sobre el importe de 15 meses de salario;  se permite el despido de un trabajador por la queja de clientes o proveedores del patrón o empresario;  se legaliza el trabajo “multihabilidades” sin el pago complementario que implica realizar otras funciones; etc.  Donde el salario mínimo apena supera los U$s 100.- por mes y la hora hombre promedio del peón industrial es de 6 dólares, suma que incluso es menor que en la República Popular China, que cuenta con otra infraestructura y con otras políticas sociales con respecto a sus trabajadores, cuando México no tiene ninguna. En fin, el gobierno de Cambiemos avanza en forma sinuosa, con frenos y arranques, hacia una sociedad más dual, una minoritaria que se integra al mundo, y una amplia mayoría que se ve obligada a una economía de subsistencia que nunca es digna.
Esta en esa amplia mayoría no dejar que eso suceda, por nosotros y por el futuro de las generaciones que vienen.
Fuente:Socompa

lunes, 16 de abril de 2018

Estadísticas socio económicas en Argentina


Este artículo fue pulbicado por el Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Buenos Aires, marzo 2018

Toma de conciencia y reconstrucción institucional

Javier Lindenboim
Director del CEPED-UBA e Investigador del CONICET

Las estadísticas públicas y el derecho a la información

En cualquier país las estadísticas públicas conforman un agregado no arbitrario. Son, o tienden a ser, un verdadero sistema. En Argentina, el INDEC es nada menos que la cabeza del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Pero más allá de lo institucional, lo importante es que se trata de datos e indicadores con un importante grado de interconexión.
Las estadísticas de carácter socio económico se sustentan en los datos que libre y colaborativamente proporciona la población, ya sea en sus casas (ante los censos de población o encuestas a hogares) o en las unidades económicas, al cumplimentar los diversos tipos de registros o al responder a relevamientos generales o sectoriales. En este sentido, indudablemente, la construcción de la “conciencia estadística” en la sociedad es una labor cultural de primera importancia que recae de manera preponderante en el organismo o conjunto de organismos que tienen tal cometido específico. De manera que además de la excelencia y solvencia de tales entidades, se hace necesario tejer un vínculo de confianza y respeto recíprocos entre los institutos estadísticos y la población en general. Como toda construcción social se trata de una tarea de largo aliento que requiere mucho esfuerzo, mucha perseverancia y una preocupación específica por evitar cualquier tipo de circunstancia que atente contra esa vinculación.
Por lo común, dichas estadísticas tienden a configurar un entramado de alta densidad en un doble sentido. Es decir, casi ningún indicador tiene significado por sí sólo ni puede generarse al margen del resto.
El derecho a la información incluye, en primerísimo lugar, el acceso al conocimiento circunstanciado de la realidad económica, social, institucional, etc. debido a (o vinculado con) la acción estatal. Y, por ello, más allá de otras consideraciones pertinentes, debe hacerse valer el cumplimiento de este derecho. Quizás no tiene tanta prensa, pero es igualmente un derecho humano esencial. Distinto del derecho a la alimentación y a la salud, pero igualmente básico.
A lo largo del siglo XX, la producción estatal de estadísticas en Argentina fue evolucionando al ritmo de fenómenos contradictorios, a tal punto que visualizar la línea tendencial de los cambios habidos resulta una tarea nada sencilla. [1]
Sin lugar a dudas, toda sociedad necesita disponer en tiempo y forma de un conjunto de informaciones que permitan delinear y poner en práctica acciones en los más diversos campos (salud, educación, vivienda, política económica, distribución del ingreso, etc.) y, por supuesto, evaluar sus resultados. El Estado no puede gestionar ni gestionarse sin esa información y es, al mismo tiempo, el principal responsable de su producción con los mayores estándares (posibles) de calidad.
Es sabido que la destrucción del sistema estadístico nacional esparció su carga letal sobre múltiples áreas de la gestión estatal. Casi no hubo rubro o repartición en la que la información necesaria no haya sido distorsionada, manipulada, ocultada o directamente suprimida. Los índices de pobreza fueron un claro ejemplo de esto último (“no hay que difundirlos porque son estigmatizantes” justificó el ex ministro de Economía Kicillof en marzo de 2015).
En el último bienio, Argentina enfrenta una tarea múltiple: en primer lugar, reconstruir técnicamente al instituto que está al frente del Sistema Estadístico Nacional (es decir al INDEC) y restablecer el ritmo y calidad de su producción; además -lo que es quizás más laborioso- recuperar la credibilidad tanto de los usuarios como de la población que es el sustrato y el núcleo de su actividad.

Las encuestas a hogares y la población representada en la región metropolitana

Una de las debilidades –no exclusivas del sistema estadístico- radica en la ausencia de información precisa y adecuadamente desarrollada a través del tiempo de ciertas partes constitutivas del territorio nacional. En particular, el área que ha recibido denominaciones tales como Area Metropolitana, Región Metropolitana, Gran Buenos Aires o similares.
Es sabido que las compilaciones de los datos de población proporcionadas por los censos no necesariamente han sido comparables en el tiempo. También es sabido que, aún lograda la comparabilidad entre censos, la información poblacional o la que alude a la participación económica de la población (actividad, empleo, desempleo, etc.) proveniente de los censos no ha sido coherente con la obtenida de la fuente típica para estas variables como es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
No hace mucho tiempo, se supo que luego de realizado el Censo de Población en 2010 se hicieron ajustes en la cuantificación de la población que se toma como referencia para la publicación de los resultados tanto de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) como la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU)[2]. Debido a esto se hizo necesario que los usuarios[3] revisaran los resultados del último censo y los cotejaran con los de los censos precedentes. No está de más aclarar que las encuestas a hogares suelen tomar, después de cada operativo censal, la nueva cartografía y utilizar los resultados que pueden modificar los parámetros correspondientes de cada área encuestada.
En los documentos respectivos del INDEC[4] se proporcionan elementos de juicio de los que se deduce que las proyecciones de población utilizadas durante la primera década del siglo XXI contenían errores.[5] Principalmente estos serían de subestimación de la población en general (total y urbana) y, en especial, de la referida a los aglomerados relevados por la EPH.
Con las proyecciones de población que se venían utilizando, el total de habitantes representados por los aglomerados incluidos en la EPH aumentaba a razón de 1% anual tanto en los años noventa como en la primera década del siglo actual. El Informe de Prensa del tercer trimestre de 2013, antes de la introducción de los cambios, la población de los 31 aglomerados era de 25,6 millones y la ocupación de 11 millones. Un año más tarde, como consecuencia de la modificación establecida, la población se incrementó en alrededor  del 4%, alcanzando los 26,6 millones y la ocupación pese al descenso de la tasa de actividad se mantuvo en los 11 millones. Una pregunta surge de inmediato: ¿qué explica tamaño ajuste de la población de referencia?
Algo parecido se había producido en relación con la población de referencia del total urbano nacional requerido por la EAHU. Aquí la “corrección” se llevó a cabo en la edición 2013 respecto de la precedente.[6]

La población total y urbana de Argentina: datos e interrogantes

En virtud de esto, hemos consultado los registros disponibles en el INDEC sobre población censada y proyectada y hallamos elementos no siempre fáciles de compatibilizar.
Por un lado, las proyecciones oficiales preexistentes arrojaban para 2010 una cifra de población total y de población urbana muy próximas a las encontradas en el operativo censal. Según documentos del INDEC y de CELADE[7] posteriores al Censo de 2001, la proyección para 2010 era de 40.5 millones y de 37.7 para la población total y urbana, respectivamente.  El Censo de 2010, por su parte, determinó que la población total era de 40,1 millones[8] y la urbana de 36,5 millones. De manera que no había elementos valederos para producir ajustes de significación en los volúmenes de referencia. En todo caso no se encontró más población que la prevista sino menos.
Donde sea que se encuentre la certidumbre acerca del comportamiento demográfico reciente en Argentina vale indicar algunos de los resultados que arrojan los datos del último censo. La tendencia declinante se revierte sólo en Chubut, Gran Buenos Aires, Mendoza y Resto de la Provincia de Buenos Aires. Pero sólo en GBA la tasa del último decenio supera a la los años ochenta.
En primer lugar destaca el hecho de que parece haberse revertido la declinación del ritmo de aumento poblacional. Se había llegado a fines del siglo XX –en el orden nacional- a una tasa anual cercana a la de los países más desarrollados (1%) y se habría recuperado una o dos décimas. Caben al menos dos opciones. Una, que el relevamiento anterior hubiese subestimado de manera particular el volumen poblacional del país y por ello ahora “parece” haber aumentado el ritmo de crecimiento poblacional. Dos, se habrían producido o bien cambios marcados en el comportamiento de la población interna y/o se habrían incrementado sensiblemente los flujos migratorios.
Hasta tanto dispongamos de la respuesta adecuada debe atenderse al siguiente hecho: los datos ilustran que apenas algo menos que un tercio de las jurisdicciones muestran tal reversión (algunas muy tenuemente, como Mendoza y Santa Fe) y otras, como las patagónicas, con mayor intensidad (con recuperación del ritmo de crecimiento de varias décadas atrás). Pero es muy llamativo el comportamiento del Gran Buenos Aires) que parece haber crecido a ritmos que desvirtúan por completo la tendencia observada en el último medio siglo.
Si se toma sólo la población urbana ocurre lo mismo en materia provincial, excepto que se agrega la provincia de Santa Fe, son las mismas jurisdicciones en las que se da una reversión similar en el componente urbano[9] de su población según se detalla en el cuadro siguiente.

Argentina. Población urbana no homogeneizada.
Crecimiento anual intercensal (%)

Tasas de crecimiento anuales intercensales

1960 – 1970 1970 – 1980 1980 – 1991 1991 – 2001 2001-2010
Chubut 5,02% 4,71% 3,69% 1,58% 2,58%
Gran Buenos Aires 2,23% 1,67% 1,19% 0,61% 1,36%
Mendoza 2,46% 2,33% 2,76% 1,25% 1,30%
Buenos Aires 1,91% 1,88% 1,59% 0,99% 1,16%
Río Negro 5,62% 5,63% 3,72% 1,35% 1,98%
Santa Cruz 8,56% 4,47% 3,68% 2,50% 3,75%
Totales 2,33% 2,29% 1,94% 1,26% 1,33%
Fuente: Elaboración en base a los Censos Nacionales de Población
Es posible pensar que en uno o varios aglomerados la “mancha urbana” o la densidad se haya modificado significativamente. Pero si la referencia de los censos indica que la proyección de población urbana y el relevamiento coinciden a nivel nacional, eso sólo es compatible con un aumento de población en algunos aglomerados a costa de otros o bien en un importante incremento de la tasa de urbanización.
Si se observa la secuencia de incremento anual acumulativo en los lapsos intercensales desde 1960, encontramos -en la población total- una tendencia en descenso[10] y una leve variación positiva reciente, cuya justificación es aún incierta.
Variación de la población total y urbana de Argentina y Gran Bs As (%)

Población Total Población urbana GBA
No homog Homog
1960-1970 1,56 2,38 2.22 2,23
1970-1980 1,81 2,30 2.22 1,67
1980-1991 1,47 1,94 1.88 1,19
1991-2001 1,00 1,26 1.20 0,61
2001-2010 1,15 1,32 1.29 1.36
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos de Población.
Para los datos de población urbana de esos mismos censos hay que considerar, alternativamente, los valores no homogeneizados y los que efectivamente pueden ser comparados. En estos dos casos los valores se comportan de modo similar sólo que su descenso es más intenso y por tanto su aparente reversión reciente (1.3 % anual entre 2001 y 2010) resulta llamativa.
Como consecuencia de todo esto, la participación de la población urbana en el total fue creciendo desde un 73% en 1960 hasta alcanzar un 90% en 2001. Tan alto índice de urbanización es difícil que siga aumentando a gran ritmo. De tal modo, en 2010 se agrega sólo un punto porcentual, llegando a un índice de urbanización del 91% en el país.
De tal manera, aun aceptando que la población haya recuperado algo de dinamismo, estos números hablan de una reversión leve a nivel agregado. Pero lo que resulta más intrigante es que –como se indicó más arriba- los valores proyectados para 2010 no eran menores que los que el Censo registró sino levemente superiores. De este modo no parece que nos encontremos ante indicios de cambios rotundos en el último lapso intercensal que justifiquen ajustes al alza de la población tomada como referencia. Se hace hincapié en la falta de cambios significativos pues las modificaciones en el universo EPH se han hecho sobre la base de la enunciada variación de la dinámica poblacional.

Un caso singular: el Gran Buenos Aires

Donde es más llamativo el comportamiento es en el área metropolitana de Buenos Aires. En los últimos períodos intercensales el ritmo de aumento de la población del GBA fue sensiblemente menor que el total urbano nacional al punto que entre 1991 y 2001 su ritmo fue la mitad (0,61% anual acumulativo frente al 1,20% del país). Lo extraño ha sido que en la primera década del siglo actual, el GBA habría crecido –anualmente- casi una décima más que el total urbano del país, modificando una tendencia de casi medio siglo. Se revierte así la pérdida de peso relativo del área metropolitana en el contexto nacional que se advertía en las últimas décadas.
Como se ve en el cuadro que sigue, el GBA, según los datos censales, venía perdiendo peso relativo en la población total del país desde 1970, cuando alcanzó el pico de su importancia relativa. En cambio, respecto del total de población urbana el descenso es visible desde 1960. Esta evidencia hace más llamativa la reversión en ambas variables, aunque sea leve.[11]
Peso relativo del Gran Buenos Aires

en la población total en la población urbana
1960 33,8% 46,1%
1970 36,2% 45,6%
1980 35,8% 43,0%
1991 34,7% 39,7%
2001 33,2% 37,1%
2010 33,9% 37,2%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Censos de Población.

Tópicos pendientes y reflexión final

Una rápida enumeración sobre aspectos a considerar como consecuencia de la aplicación directa de las reestimaciones poblacionales a partir del Censo de 2010 –quedando en deuda para otra ocasión- incluye:
  • Verificación de los cambios que se habrían operado sobre la estructura etárea de la población según los cuales los adultos mayores no serían tantos como se preveía y los menores de 14 años serían más que los que se calculaba. Entre otros efectos redundarían en variación en la cobertura del sistema de protección en ambos grupos de edad (jubilaciones y AUH)
  • Los posibles cambios en la composición por edad podrían alterar las tendencias observadas sobre participación económica de la población
  • Al acrecentamiento no necesariamente justificable de la población de referencia de los aglomerados de la Encuesta Permanente de Hogares realizado en 2013 se agregó un nuevo grupo de modificaciones en 2016: en este caso se reforzó el incremento poblacional del Area Metropolitana y se dio marcha atrás en la casi totalidad del agregado poblacional en las aglomeraciones restantes.
En Argentina se ha bautizado a ciertos períodos decenales con denominaciones particulares: década infame a los años treinta o década perdida (no sólo en nuestro país) a los años ochenta. El período iniciado en enero de 2007 bien podría recibir el nombre de década de la pérdida del derecho a la información estadística.
Las autoridades que asumieron en INDEC hace dos años tuvieron importantes logros al reconstruir buena parte de su cometido apuntando también a la recuperación de la credibilidad. Pero la tarea es inmensa. Y ello ocurre al tiempo que la institución se apresta a celebrar su medio siglo de existencia. No sólo la comunidad académica debe sentirse comprometida en el éxito de la tarea sino que el mundo de la política y la sociedad toda deberían dar muestras de apoyo efectivo. Una expresión de ello, quizás, sería discontinuar la tarea del grupo parlamentario que –aún hoy- sigue divulgando un índice de precios (el índice “congreso”) que nació justamente en el marco de la anterior etapa destructiva de las estadísticas. Seguramente sería un buen aporte a la necesaria reconstrucción estadística e institucional.
[1]              Un detalle de lo acontecido en la materia puede encontrarse en “estadísticas y estadistas: una relación difícil”
[2]              Para quien no está familiarizado digamos que las primeras Encuestas de Empleo y Desempleo datan de la década del sesenta y la versión actual desde 1974.  Desde entonces la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se hacía dos veces al año a lo largo de un mes en cada ocasión. A partir de 2003 pasó a realizarse de manera continua a lo largo de todo el año. Actualmente se levanta en 31 aglomerados urbanos abarcando a un total de 18000 hogares en cada trimestre. En cambio, la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) se realiza en esas áreas urbanas y en otras dentro del amplio espectro de localidades del país con menor dimensión poblacional. Su relevamiento se inició en el tercer trimestre de 2010 y se repite anualmente. Al momento de lanzarse representaba unos 36 millones de habitantes de los cuales aproximadamente dos tercios correspondían a los aglomerados cubiertos por la EPH. Según el Censo de 2010, sólo el 9% se localizaba en ámbitos rurales.
[3]              Sean estos investigadores, dirigentes sociales, económicos o políticos y, principalmente, los propios funcionarios oficiales que tienen a cargo diversas áreas de gestión estatal.
[4]              INDEC (2014, a; 2014, b y 2014,c))
[5]              La afirmación, sin embargo, llama la atención pues el ritmo de cambio de la población total no se ha alterado desde la posguerra (http://www.indec.mecon.gov.ar/nivel2_default.asp?seccion=P&id_tema=2)
[6]              La variación interanual de la población urbana de la EAHU fue de magnitud llamativamente irregular.
[7]              INDEC, 2004; CELADE, 2005
[8]              En INDEC,  Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040, Serie Análisis Demográfico N° 35, noviembre 2013, se indica que si bien el Censo relevó ese número de habitantes habría que adicionar 2% como consecuencia de la corrección por “evaluación demográfica”. Sin embargo todas las publicaciones censales toman como referencia la magnitud poblacional relevada, a lo cual nos referimos aquí
[9]              Los datos urbanos tal como fueron captados en cada censo son llamados aquí no homogeneizados. En cambio, el resultado del esfuerzo por hacer comparable el contenido de cada elemento del sistema urbano es el de los datos homogeneizados.
[10]             Sólo alterada por una suba en los años setenta.
[11]             De haberse verificado tal modificación entonces deben reemplazarse los factores de expansión de los datos absolutos provistos por los aglomerados EPH, tanto a nivel urbano como a nivel del total del país para estimar los valores de las distintas variables a nivel nacional.