La
ley que se sancionó en la legislatura porteña para repartidores y
repartidoras de aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi o Glovo no habla de
trabajo y solo se refiere a la regulación vial. Borradas como
empleadoras, estas empresas están exentas de deberes de pago, no ofrecen
insumos necesarios en la pandemia ni ART. La situación es global y
después de tres paros internacionales, trabajadores y trabajadoras
siguen poniendo el cuerpo a destajo sin aguinaldo, vaciones o licencias
por enfermedad o accidentes. "Y si encima menstruás no tenés un baño
disponible, mucho menos en cuarentena".
Por Roxana Sand
Imagen: Jose Nicolini
Laura va.
Pedalea tan rápido en la bici para entregar su pedido a tiempo, que de
la cintura para abajo todo parece habérsele esfumado. Sólo le quedan los
brazos sujetando manubrios y celular, y los nudos de la espalda
soportando el peso de una caja que alguna vez tuvo que comprar a la
aplicación para la que reparte. Lo último que recuerda de ese espacio
-un kilómetro en tres minutos para no perder “beneficios”- son las
rodillas estrelladas contra el asfalto mojado de la ruta 25, en Pilar.
Maldice al auto que se le cruzó, al coronavirus, al mango con cincuenta
que recibe por cada pedido y a todos aquellos que le dicen “trabajadora
esencial”. “Esencial es mi vida y todos los días me mandan al muere”, le
recrimina a un algoritmo, a un robot, a esa cosa invisible para la que
se desloma.
El jueves 16, el oficialismo porteño y bloques aliados
sancionaron en la Legislatura una ley que regula la actividad de
trabajadores de deliverys, califica a las empresas de plataformas como
“intermediarias” de oferta y demanda, y las exime del cumplimiento de
toda normativa laboral y tributaria. Lejos de definir categorías para
poder regular derechos y obligaciones, el proyecto de Vamos Juntos fue
un camino de ida por la Comisión de Tránsito y Transporte para modificar
el Código de Tránsito y el Régimen de Faltas de la Ciudad, y en
definitiva adecuar la modalidad de reparto por aplicaciones. Se
estableció un Registro Único de Transporte en Motovehículos en la Ciudad
como repartidorxs y se impuso un régimen “societario e impositivo” para
quienes se inscriban. Traducido, lxs repartidorxs tienen más cargas,
siguen sin ser reconocidxs como trabajadorxs y no se configuraron
deberes de pago de las plataformas, que seguirán cobrando a los
comercios una comisión de entre 20 y 30 por ciento por encargo. Pura
ganancia para empresas enmascaradas como “plataformas colaborativas” y
una retribución salarial en picada, en momentos que se necesita un
ingreso de 43.000 pesos para no caer en la línea de pobreza en la
Ciudad.
Mica, ese nombre, y sus 27 años,
será todo lo que sabremos de ella para proteger su identidad por temor a
represalias, además de reconocerle una voz capaz de demoler paredes, y
de que integra la Agrupación de Trabajadores de Reparto, ATR, una sigla
que la enorgullece por la construcción lograda en tres años de lucha,
desde las tomas y movilizaciones por los despidos masivos de la
plataforma PedidosYa. Sabe que la desregulación de las
aplicaciones de delivery impacta directamente sobre sus compañerxs,
creándoles más endeudamiento y obligaciones. “Es un golpe muy duro para
lxs trabajadorxs y un fraude laboral. Nos redujeron a una ley vial,
cuando el Ministerio de Trabajo es el que debería intervenir y exigirles
a las empresas el cumplimiento de normas laborales, de seguridad y de
higiene, sobre todo en esta pandemia de coronavirus.” El peso de la
carga cotidiana, dice Mica, es un fuego que le mantiene vivos el enojo y
el nervio. Y el cuerpo, un mutante diseñado la medida de las empresas y
no de los deseos y la autonomía. “Es el capitalismo de plataformas, qué
más”, interpela.
Laura Cáceres y Mica se movilizaron aquel jueves
a la Legislatura con sus agrupaciones, que fueron atacadas por personas
identificadas con Asimm, la Asociación Sindical de Motociclistas y
Mensajeros. “Nosotrxs les pedimos que amplíen la lucha contra esta
precarización que nos imponen las patronales, pero responden con patotas
que sólo quieren amedrentarnos a lxs que no estamos afiliadxs a sus
sindicatos”, lamenta Laura, que milita en la Asamblea Nacional de
Trabajadores de Reparto (ANTR) y en la Red de Trabajadores Precarixs.
“Llamamos a todxs lxs trabajadorxs a repudiar estos métodos típicos de
la burocracia sindical, y hacemos responsables al Gobierno de la Ciudad y
al Gobierno nacional de las agresiones sufridas”, alerta Mica.
Se
estima que existen unxs 160.000 trabajadorxs de plataformas digitales
en todo el país: cerca de 60.000 son de reparto. La legisladora Myriam
Bregman, del Frente de Izquierda -único bloque junto con AyL que votaron
en contra del proyecto-, sostiene que mientras tribunales de todo el
mundo establecen una relación de dependencia entre las plataformas y lxs
trabajadorxs, en la Argentina los grandes empresarios intentan imponer
una reforma laboral de hecho, y parte de ese objetivo es ir a una
“uberización” de la economía, reforzando las cadenas de desigualdad.
“Quieren cortar la responsabilidad de las empresas con sus dependientes
mediante el uso de plataformas, algo que hoy es ilegal porque lo prohíbe
la Ley de Contrato de Trabajo, aunque no la hagan cumplir. El ´capitalismo de plataformas´
es austero porque con sólo invertir en software ganan millones. Esta
ley favorece a las empresas que se están llenando de dinero con la
pandemia, pero quienes apuestan a ese negocio saben que el gran límite a
su rentabilidad es la organización de lxs trabajadores.”
Plataformas de precarización
La
Ciudad de Buenos Aires no es el mejor lugar del mundo para trabajar,
pero al menos no hay tantas zonas liberadas. “Lxs compañeros de
provincia vienen para tener mayor garantía de trabajo, bancándose pagas
de miseria.” Mica remarca la situación, denunciada en la historia de los
tres paros internacionales de repartidorxs de apps y en el conteo de
las siete muertes de repartidores, cinco en lo que va de la cuarentena,
que le pone carnadura a la virtualidad de esa explotación. Reclaman
justicia por los compañeros fallecidos, ART a cargo de las empresas,
seguros “de verdad”, ciento por ciento de aumento de las tarifas,
reactivación de todas las cuentas cerradas en represalia y que sus voces
sean escuchadas para regular la actividad.
La nueva ley
considera intermediarias a las empresas y establece el tope de comisión
que deben cobrarles a los comercios, pero no habla de cuánto deberían
pagarles a lxs trabajadorxs.
-Es que de arranque esta ley se
trata de motos y bicicletas, no de trabajadorxs de reparto. Exige nuevo
empadronamiento, nuevos seguros, nueva ropa, nuevos gastos que los
descarga sobre lxs trabajadorxs y no sobre las empresas de aplicaciones,
que son las que prestan el servicio y las que deberían garantizar
derechos. La regulación legitima una relación de dependencia encubierta a
través del monotributo. En el Ministerio de Trabajo presentamos
expedientes que no pasan de la mesa de entradas. Cada día salimos a
trabajar por dos mangos y hace años que no nos aumentan el monto base
del pedido, de entre 40 y 70 pesos. El sistema de contratación es la
nebulosa desde donde te bajás una aplicación.
¿Cómo es cada día de trabajo?
-Tenés
días buenos y días malos, depende de la hora y la zona. Y no es tan así
que te manejás como quieras, porque si por cada pedido te llevás 40
pesos, tenés que trabajar más de doce horas promedio. Hay compañerxs que
trabajan hasta dieciséis horas diarias para llegar a un sueldo digno.
Algunas empresas tienen bono por lluvia o te pagan 5 pesos por cierta
cantidad de kilómetros. No hay licencias por enfermedad, ni aguinaldo,
ni vacaciones. Todo es muy arbitrario.
Y en esa arbitrariedad se les va la vida.
-Nosotrxs
decimos que no son accidentes de tránsito, son asesinatos laborales.
Cada uno de esos compañeros murieron en jornadas de más de diez horas
cargados, manejando cansados, mirando el teléfono todo el tiempo porque
si no contestás rápido te suspenden y te bloquean, y no podés trabajar.
La sexta muerte en lo que va de la pandemia fue en La Paternal. El
Gobierno porteño aprovechó esa desgracia para tratar una ley de
regulación vial y hacer creer que va a frenar las muertes, cuando lo que
se hizo fue aplicar un ataque a los ingresos de lxs trabajadorxs. Por
ende, tenés que trabajar más horas y va a haber más muertes. Es una
cagada, porque todos los días salimos con la soga al cuello, no sabemos
si vamos a volver. Y las familias de esos muertos, además de haberlos
perdido, tienen que pagar el sepelio, porque no tenemos ningún tipo de
cobertura.
¿Cómo recae el peso de esta precarización sobre mujeres y disidencias?
-Son
las más perjudicadas. En el caso del colectivo lgbti+, terminan
teniendo las salidas laborales más precarias, porque en los lugares
formales no lxs contratan sólo por pertenecer a ese colectivo. Venimos
construyendo reivindicaciones de género desde antes de la emergencia
sanitaria, y obviamente las discriminaciones se profundizaron en esta
cuarentena. Además, como no existe un convenio colectivo ni somos
consideradas trabajadoras, si alguna una compañera decide tener un hije o
está gestando debe dejar de repartir, lo que equivale a dejar de
percibir un ingreso, porque no podés pedalear diez horas diarias, a
riesgo de perder ese embarazo. Para estos casos no se contemplan puestos
administrativos o pasivos, ni tampoco licencias pagas por maternidad.
Si no entregás, no cobrás. Te cercenan la posibilidad de tener una
familia, ¿porque cómo hacés para parar la olla?
Mica enumera
cuestiones vitales. Las empresas no garantizan lugares de aseo o de
descanso para esas jornadas leoninas, ni locaciones con baños para
trabajadoras y trabajadores, que siempre dependen de la buena voluntad
de los comercios donde retiran o entregan la mercadería. “Y ni siquiera.
Encima te la pasás mirando con un ojo que no te choreen la moto o
la bici. Es perjudicial para todxs, pero en particular para las
compañeras que menstruamos. No tenemos sitios de higiene, y ni hablar de
insumos sanitarios. Vivimos expuestas a infecciones. Ahora dicen que
nos van a entregar alcohol en gel y barbijos. Me gustaría saber quiénes y
dónde.”
El acoso sexual es uno de los grandes problemas
asociados a un triple vector de ajuste sobre los cuerpos, silenciamiento
y falta de autonomía. Las denuncias por acoso “son terribles”, detalla
Mica, porque, entre otros disgustos, las aplicaciones habilitan los
números personales de los celulares de repartidorxs a clientes y
comercios. “Todos los días los tipos de los locales o los clientes se
zarpan, desde tirándote onda o invitándote a salir, hasta mandándote
fotos que ni podés ver de lo horribles. Son situaciones espantosas y no
hay una plataforma adonde podamos recurrir o denunciar lo que nos hacen.
Sin embargo, los clientes tienen el poder de calificarnos, y si nos
califican mal, nos caen sanciones o nos suspenden.”
Están expuestxs a una extorsión y un sometimiento permanentes.
-Exacto.
Tenés que tratarlos bien aunque se zarpen. Muchas veces salen a recibir
el pedido en calzoncillos. Nos exponen todo el tiempo y el protocolo
soporte de cualquiera de las empresas sólo protege al pedido y al
cliente. Ni hablar que el soporte está en otros países, ni siquiera
puede responder a cosas concretas que tengan que ver con la Argentina.
No tienen idea de lo que les estamos hablando. Compañeros que fueron
atropellados le hablaban al soporte, y éstos, en lugar de llamar a una
ambulancia, les preguntaban cuándo iban a llevar el pedido porque si no
se lo descontaban.
¿Y si te contagiás coronavirus en la jornada laboral?
-Somos
“esenciales” para el trabajo pero no para los derechos laborales. Ahora
las aplicaciones sumaron pedidos para retirar productos de los
supermercados, donde se registra una altísima tasa de contagios entre su
personal, pero no hay protocolos de resguardo o aislamiento para la
piba o el pibe repartidor que retiran productos de sucursales donde hubo
casos de coronavirus. Tampoco hay protocolos de cuidado para los shoppers,
los pibes que hacen las compras adentro del supermercado. Un compañero
tuvo que ir por su propia voluntad a hacerse un test, por la falta de
cobertura. Le confirmaron que tenía coronavirus, lo mandaron a hacer la
cuarentena y dejó de cobrar. Punto.
Es una bomba de tiempo.
-Sí,
porque además si una piba o un pibe no tienen las condiciones para
cuidarse y están yendo de supermercado en supermercado, van a distribuir
coronavirus a todas las casas donde entreguen. Para les usuaries es un
riesgo enorme. Al final es más peligroso pedir delivery que salir a
comprar. Tenemos un slogan que dice “mientras nosotros contamos los
muertos, las empresas cuentan sus ganancias”.
Al final, los cuerpos nunca cuentan.
-¿Y a vos qué te parece?
***
La revuelta repartista
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