Luego de un año y medio,
y a pesar de que de las 15.845 víctimas fatales contabilizadas del tsunami en
Japón, aproximadamente un 92 por ciento murieron ahogadas y ninguna fue
producto del accidente nuclear, y de que se trató del tercer mayor terremoto en
la historia desde que se registran, lo que queda en los medios es el accidente
nuclear. Es lógico: a pesar de que el sector nuclear es uno de los más
vigilados y regulados del mundo y de que muchos esfuerzos son destinados con
éxito a que los accidentes no ocurran, cuando ocurre genera un gran impacto por
las lógicas consecuencias y por la histórica aversión al riesgo con la que
convivimos. Luego de un necesario debate, sigue siendo mayoritaria la opinión
de que la nucleoenergía es necesaria por sus excepcionales contribuciones
reales a la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Qué se debe hacer
para que los accidentes no ocurran o para que su probabilidad sea infinitamente
baja? Dos cosas: disponer de los recursos que minimicen el riesgo, por un lado,
y hacer que esos recursos se apliquen correctamente, por el otro. El primero es
un tema de carácter técnico/tecnológico y el segundo de carácter institucional.
El accidente que afectó
a las centrales nucleares Fukushima Daii-chi volvió a las páginas de los
diarios recientemente a través de dos noticias. La primera remite a un informe
reciente publicado por una comisión independiente de expertos que investigó el
accidente a solicitud del Parlamento de Japón. Una de las conclusiones más
demoledoras de este trabajo afirma que el regulador nacional japonés era
institucionalmente débil y escasamente independiente del operador. Existieron
entre Tepco (la operadora) y el ente regulador oscuras relaciones de lobby que
le quitaron independencia al segundo. Lo interesante para nosotros es que, un
año antes, en la Conferencia Ministerial convocada por el Organismo
Internacional de Energía Atómica para debatir el accidente, la delegación
argentina, en cabeza del vicecanciller, planteó –casi en soledad en aquel
momento– que el tema de la independencia del regulador constituía un problema
grave sobre el que había que reflexionar. Hoy, oficialmente, el Estado japonés
nos da la razón: un organismo regulador débil no fue la causa directa del
accidente, ya que éste se produjo por un fenómeno natural extremo, pero sí
ayudó a que su prevención y mitigación no fueran las esperables. El problema
específico fue más institucional que técnico.
El segundo aspecto
aparece asociado también a una noticia reciente: Japón estatizará la empresa
Tepco, propietaria y operadora de la central Fukushima, entre otras. Gastará
para ello 12.800 millones de dólares. Para poner en contexto esta noticia: el
sector nuclear en el mundo capitalista está administrado a través de dos
grandes modelos de gestión; por un lado, empresas privadas que se mueven en un
contexto de mercado, en gestiones del tipo liberal-market oriented. Ese era el
modelo vigente en Japón hasta Fukushima. Por el otro, empresas estatales que
funcionan en un contexto de mayor planificación y regulación económica, con el
Estado como actor central, en modelos del tipo coordinated-market oriented. En
Argentina existe este último tipo. En ninguno de los casos está en cuestión,
per se, la regulación de la seguridad, ni la radioprotección, ni el
capitalismo. Pero la realidad es que en el primer modelo se trata de empresas
que deben generar ganancias en el corto plazo, por lo que están muy orientadas
a costos. Para decirlo coloquialmente, detrás del segundo modelo está el
Estado, mientras que del primero... el señor Burns. Precisamente, una de las
críticas al modelo “estadocéntrico” es que las centrales en este contexto
suelen tener un costo por kilowatt más alto. Lamentablemente, el accidente de
Fukushima puso de manifiesto el tema de los costos de una forma más integral.
Debemos entender a la generación de energía nuclear como una industria (no como
un servicio) que genera enormes terceridades positivas. Y, dentro de ese marco,
la inversión en seguridad puede ser mucho menos costosa si se incluye en el
cálculo de costos una ecuación que estime –y minimice– el costo de accidente.
¿Cuánto cuesta el Kw/h de Tepco si se incluye ahora lo gastado por el Estado en
evacuaciones, indemnizaciones, las horas de trabajo perdidas, la
infraestructura inutilizada? ¿Y si se le suman los 12.800 millones de la
estatización? El accidente de Fukushima puso en el debate, de la peor manera,
el rol del Estado y de los privados como gestionadores de la energía nuclear en
el mundo.
Al bajar la ola natural
y política de Fukushima, dos decisiones de política del Estado argentino,
previas al accidente de Japón, aparecen como correctas y bien orientadas. El
fortalecimiento del organismo regulador, con personal capacitado e
independiente; y el lugar central reservado al Estado como actor preponderante
del sistema. Lo de Japón no pasó ni puede pasar en Argentina porque no tenemos
tsunamis, pero también porque, casi siempre en los últimos 60 años, pero muy
particularmente en la última década, hemos tomado las decisiones correctas.
* Sociólogo, profesor de
la Universidad de San Andrés y vicepresidente segundo de la Autoridad
Regulatoria Nuclear Argentina.
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