EL SALDO, PARA EL GOBIERNO, DEL CONFLICTO CON UN SECTOR DEL CAMPO

“Salto cualitativo”

En su último libro, Sistema político y modelo de acumulación, Eduardo Basualdo desarrolló los rasgos del pasaje de la valorización financiera, agotada en 2001, hacia un nuevo patrón de acumulación de capital, aún en disputa.

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 Por Natalia Aruguete

La Resolución 125 fue una “divisoria de aguas” para el desarrollo político del kirchnerismo, porque definió un salto cualitativo en términos políticos, asegura Eduardo Basualdo, investigador y coordinador del Area de Economía de la Flacso. Cash lo entrevistó a pocos días de la publicación de su último libro, Sistema político y modelo de acumulación (editorial Cara o Ceca). Basualdo desarrolló con elocuencia los rasgos que signaron el pasaje de la valorización financiera, agotada en 2001, hacia un nuevo patrón de acumulación de capital, aún en disputa. Desde ese análisis, destacó dos aspectos: la evolución del sector hegemónico desde mediados de los ’90 hasta la actualidad y la definición de la identidad del gobierno kirchnerista a partir del “inédito” conflicto con el agro pampeano.

¿Cómo analiza la evolución del sector económico hegemónico durante los ocho años de gestión kirchnerista?

–Se pueden definir dos etapas, relacionadas con el desarrollo político y el grado de avance del kirchnerismo. En ese sentido, el conflicto alrededor de la Resolución 125, sobre las retenciones móviles, es una divisoria de aguas. No sólo porque fue el conflicto más serio y más enclavado en las contradicciones históricas de la sociedad argentina, sino porque, por eso mismo, definió un salto cualitativo en términos políticos en el kirchnerismo.

¿Por qué?

–Desde el punto de vista de la hegemonía, hasta ese momento era un gobierno que se movía entre dos tipos de hegemonía. Una es el transformismo, que venía de la valorización financiera, que no se basaba en las concesiones a los sectores subalternos, sino en la cooptación de sus dirigentes. La otra es la hegemonía clásica, ya que a partir de esa crisis del 2001/2002 los sectores dominantes tuvieron que responder efectivamente a ciertas reivindicaciones populares.

¿Por qué se ven obligados a hacer concesiones?

–Porque entra en crisis el sistema de representaciones políticas y mi impresión es que todavía no salimos de eso. Por lo tanto, había que recrear condiciones de gobernabilidad y hegemonía por parte de los sectores dominantes. La ambivalencia del gobierno de Néstor Kirchner es que estuvo compuesto por medidas y reivindicaciones populares y, al mismo tiempo, por concesiones que aseguraron una reproducción ampliada de capital a los sectores dominantes. Esa ambivalencia se interrumpió con el conflicto de la Resolución 125, provocado a partir de un nuevo paradigma dominante en la sociedad argentina, asentado en la producción agropecuaria pampeana: el paradigma sojero, que se puso en marcha a mediados de los años ’90. Por ello, el sector agropecuario pampeano es el único que no sufrió la crisis de 1998 a 2001.

¿Qué transformaciones acompañaron a ese paradigma sojero?

–Una vez concluido el ciclo de privatizaciones, en 1995 comenzó otra reforma estructural, que fue la extranjerización de la economía. Los grupos locales vendieron no sólo su participación en los consorcios que controlaban los servicios públicos, sino muchas de sus empresas industriales. Los casos de Bagley y Terrabusi son emblemáticos, también lo es el del Grupo Perez Companc, que se reconvirtió. Estas transferencias rompieron la tradición argentina de vender empresas en malas condiciones financieras. Como esas compañías estaban en buenas condiciones, las transferencias que se hicieron dieron lugar a una exacerbación de la fuga de capitales durante esos años.

¿Qué consecuencias trajo este proceso en este sector de la economía que tuvo tanto poder durante la etapa anterior al kirchnerismo?

–Ese proceso de venta hizo que los grupos económicos perdieran predominio, tanto en la facturación de las doscientas empresas más grandes de la Argentina como en el comercio exterior. Esta fracción del capital, que vendió activos en servicios e industria, se recostó en la producción de bie-nes con ventajas comparativas naturales vinculadas con la producción agropecuaria. La mayoría de ellos fueron siempre grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires y, dentro de la cúpula, son los más importantes de la pampa húmeda, en términos de superficie. La patria sojera tiene como núcleo a estos capitales y fueron centrales en el conflicto de la Resolución 125 para imponer un nuevo patrón de acumulación de capital.

¿Quiénes participan de esa disputa?

–Estamos frente a un fenómeno de fragmentación y rupturas que comienza durante el gobierno de Néstor Kirchner y se profundiza durante el de Cristina, relacionado con nuevos alineamientos sociales, que forma parte de la definición de un bloque social dominante y un bloque alternativo. En esta definición, muchos de los que integran los sectores populares no los van a integrar más y habrá nuevas incorporaciones.

¿Cómo analiza el rumbo que tomó el Gobierno en estos dos últimos años, a partir de la Resolución 125?

–El principal efecto de la 125, tanto en la política presidencial como en la identidad del gobierno y en la relación con los sectores populares, es que eliminó la dualidad en términos de hegemonía. Se definió mucho más como una hegemonía clásica mediante el disciplinamiento del capital. Se trata de una hegemonía clásica dentro de un capitalismo en Argentina y, en ese sentido, de la definición de un tipo de Estado con un fuerte sesgo en términos de políticas hacia la promoción y potenciación de los sectores populares con efectos diversos. Lo que hizo el kirchnerismo en materia de jubilaciones es un hecho muy notable y poco rescatado, incluso por el Gobierno. Lo de la Asignación Universal por Hijo –más reconocido– es sumamente importante. En ese marco, la lucha ideológica y cultural adquiere otros contenidos. Pero hay un déficit original en el kirchnerismo, que es cuando en 2005 Néstor Kirchner pasó a ser presidente del Partido Justicialista. El peronismo (PJ), desde mi punto de vista, difícilmente tenga la capacidad de generar un proyecto popular y nacional, en Argentina, perdurable, porque expresa más el partido del orden que la construcción de un proyecto popular

LA CRISIS, SEGUN GAUTIE

Desigualdad europea

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 Por Tomás Lukin

 

La crisis estructural de la Zona Euro y las políticas de austeridad desplegadas para hacerle frente golpean con fuerza sobre los mercados de trabajo. Sin embargo, el economista francés Jérôme Gautié advierte que las consecuencias laborales difieren significativamente entre los distintos países de la Eurozona. Mientras que la destrucción de puestos de trabajo fue el mecanismo del ajuste en España y Grecia, donde el desempleo trepó hasta 21,2 y 18,4 por ciento, respectivamente, en Alemania el impacto fue amortiguado por las políticas públicas. Esos instrumentos permitieron a las empresas retener a sus trabajadores durante la recesión, al punto de que la tasa de desocupación está por debajo de los registros previos a la crisis. En un seminario que organizó el CEIL-Conicet, el profesor de la Universidad de París explicó que “el estallido de la crisis no tiene únicamente factores financieros sino que fundamentalmente responde a factores económicos. Desde los años ’90, en Europa el crecimiento económico estuvo impulsado por desequilibrios como el aumento de las desigualdades de ingresos y la estrategia macroeconómica alemana. Es un modelo que no era económica ni socialmente sustentable”.

El director del Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo identificó en la creciente desigualdad en la distribución del ingreso y en el modelo de crecimiento alemán dos elementos centrales del origen de la crisis. “El crecimiento, a partir de los ’80 en Estados Unidos y de los ’90 en Europa, benefició solamente a los más ricos. En la última década, el uno por ciento más rico concentró el 65 por ciento del crecimiento norteamericano”, explicó Gautié y precisó que la diferencia de ingresos entre los trabajadores calificados y aquellos que solamente terminaron el secundario se duplicó. “Así, la única forma de sostener el crecimiento del consumo fue con un creciente endeudamiento de los hogares de ingresos medios y bajos, a partir del reciclaje que hacía el sistema financiero del ahorro de los hogares ricos”, señaló el economista.

Por su parte, desde su reunificación, Alemania adoptó una estrategia macroeconómica basada en la reducción de los costos a través de la contención de los aumentos salariales, la mejora de competitividad y el impulso de las exportaciones, que pasaron de representar el 22 por ciento del PIB en los ’90 al 47 por ciento en 2007. Ese modelo redundó en el estancamiento del consumo interno alemán y un retroceso en la porción del PIB que se apropian los trabajadores, pero arrojó un abultado excedente de la balanza comercial gracias al crecimiento sostenido del consumo en sus pares europeos. “Esta estrategia de dumping social sólo se sostiene porque los otros países europeos tienen un consumo interno más dinámico. Los excedentes alemanes tienen como corolario los déficit de los otros países. Esos excedentes se reciclaron en el sistema bancario alemán, que prestó mucho dinero, por ejemplo a Grecia”, sostuvo Gautié durante su exposición. Para el investigador francés, la crisis evidenció las profundas diferencias de funcionamiento de los mercados de trabajo en Europa. España, Grecia e Irlanda son los tres países donde el desempleo registró aumentos más significativos, entre 6 y 12 puntos porcentuales. El caso español representa, según Gautié, “un modelo de crecimiento fundado sobre mano de obra poco calificada y precaria, por ende sobre sectores poco productivos. Entre 2008 y 2010, el 86 por ciento de los empleos disueltos fueron temporarios y se registra fuerte impacto sobre los jóvenes, con una tasa de desempleo que llegó al 46 por ciento a comienzos de este año”.

“La situación actual sigue siendo muy preocupante. La unión monetaria está al borde de su explosión. La amenaza actual de Europa es una espiral deflacionista resultante de las políticas de austeridad”, remató Gautié.

DESAFIOS ANTE UNA ESTRUCTURA ECONOMICA OLIGOPOLICA

Nudo gordiano

La acumulación del capital en condiciones de dependencia tecnológica ha dado lugar en la Argentina a una gran concentración y centralización de capitales. Profundizar el modelo implica enfrentar esos obstáculos.

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 Por Monica Peralta Ramos *

La política económica del gobierno kirchnerista persigue la industrialización, el crecimiento con inclusión social y el desendeudamiento del país. En estos ocho años se ha logrado un mejoramiento del poder adquisitivo de los asalariados, un fortalecimiento del mercado interno y un crecimiento muy significativo del Producto Bruto, del empleo y de las exportaciones. Existen, sin embargo, obstáculos estructurales a la integración nacional, a la autonomía en las decisiones y a la redistribución de ingresos. Estos obstáculos se derivan de las características del capitalismo argentino y de la coyuntura internacional. Profundizar el modelo implica enfrentar estos obstáculos.

La acumulación del capital en condiciones de dependencia tecnológica ha dado lugar en la Argentina a una gran concentración y centralización de capitales, al dominio creciente del capital extranjero en sectores claves de la producción nacional y del comercio exterior y al control monopólico u oligopólico de segmentos de la estructura económica que tienen importancia estratégica para el crecimiento del país. Las empresas que dominan estos segmentos son formadoras de precios en los puntos “neurálgicos” de la economía y tienen una capacidad decisiva sobre la inflación local. Esto les da poder de veto sobre las políticas del gobierno y capacidad de afectar la estabilidad política e institucional del país.

Históricamente el Estado ha impulsado la industrialización a través de subsidios, exenciones impositivas, contratos de provisión de bienes y servicios, protección arancelaria, licuación de deudas y hasta venta de activos públicos a precios de remate. Inicialmente estas políticas tuvieron por objetivo estimular el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Pronto los principales beneficiarios fueron las grandes empresas (nacionales y extranjeras) y la inversión privada fue reemplazada por subsidios. En los últimos ocho años ha habido un crecimiento de la inversión privada pero la misma no se ha volcado hacia la diversificación productiva en la industria o hacia la apertura de nuevas fábricas. Tampoco se ha modificado el liderazgo sectorial en la industria. Esto ha ocurrido en el contexto de un gran crecimiento de las ganancias de las grandes empresas y de las remesas al exterior de las utilidades declaradas por las empresas extranjeras. Estas remesas duplicaron los montos girados al exterior durante la convertibilidad y equivalen al 65 por ciento de las reservas que el Banco Central pudo acumular durante estos ocho años.

La otra cara del capitalismo argentino es la sistemática fuga de capitales. Este drenaje –endémico en los países periféricos– se hace a través de distintos mecanismos, lícitos e ilícitos. En la Argentina, la fuga de capitales ha sido tradicionalmente financiada con endeudamiento externo. Desde el 2003 se ha financiado con las divisas provenientes de las exportaciones. A pesar del fuerte crecimiento económico de estos últimos ocho años el drenaje de recursos no ha parado.

Estas características se dan en un contexto de enorme integración productiva a nivel mundial y de recesión en los países centrales. Hoy la integración compleja de los conglomerados transnacionales domina al mundo y ha dado lugar a la desintegración de la cadena productiva a nivel mundial y al control de segmentos cruciales de las cadenas de valor por parte del capital trasnacional. La racionalidad de las decisiones de una empresa transnacional integrada en forma compleja depende de la ganancia obtenida a nivel del complejo internacional. Si los sectores claves de la economía de un país dependen del control monopólico u oligopólico ejercido por filiales de empresas multinacionales esto significa que la lógica de la acumulación del capital en ese país tiende a independizarse de las políticas de desarrollo local y se rige por parámetros que no tienen en cuenta el interés nacional. Asimismo, la integración compleja impulsa enormes flujos de comercio, tecnología y finanzas que transcurren a través de la propia empresa y fuera del alcance de la medición, del análisis y de las regulaciones existentes en esos países. Se dificulta así la gestión económica nacional y se potencian mecanismos ocultos de transferencia del excedente desde la periferia hacia el centro del sistema capitalista. A estos rasgos estructurales se suma ahora el impacto que tendrá la recesión en los países centrales sobre el comercio exterior y la economía de los países periféricos.

Frente a estos rasgos del capitalismo argentino y de la coyuntura internacional profundizar el modelo significa empezar a desarticular el nudo gordiano de la dependencia tecnológica. Esto implica en primera instancia poner límites estructurales al control monopólico y oligopólico en los puntos neurálgicos de la economía. El Estado debe impedir precios de monopolio y desabastecimiento en estos sectores. La creación de canales institucionales que permitan la participación de la ciudadanía (consumidores, empresarios, productores, comerciantes) en el control de la inflación dará mayor transparencia a la determinación de los precios, y contribuirá a legitimar las decisiones que se tomen.

No puede haber crecimiento autónomo si no se diversifica la estructura productiva orientando los subsidios hacia el desarrollo de bienes de capital y de nuevos sectores industriales de alta tecnología (biotecnología y microelectrónica, entre otros). Si esto no ocurre, la lógica de la acumulación a nivel local dependerá cada vez más de decisiones de inversión que trascienden las fronteras y las necesidades del país. De ahí la importancia de modificar la política de subsidios y el marco institucional y legal heredado de la última dictadura militar y ampliado en la década del ‘90. Este marco ha posibilitado la desnacionalización de la economía y la fuga de capitales.

La crisis financiera internacional y la recesión en los países centrales crean un contexto muy peligroso para los países periféricos. Constituyen al mismo tiempo una oportunidad para dar un salto cualitativo en el desarrollo económico e institucional

* Autora de La Economía Política Argentina. Poder y Clases Sociales (1930-2006), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina, 2007.

Fuente Diario Página/12

Entrevista Aldo Ferrer

“Se observa el caso argentino Con interés”

El embajador argentino en Francia destaca que la recuperación argentina está capturando la atención porque en los últimos diez años ha sido la rebeldía de un país periférico a los criterios de los mercados, y con éxito. Destacó la capacidad de no depender del crédito internacional.

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 Por Javier Lewkowicz

“Argentina no puede cambiar las reglas del sistema internacional. Podemos estar en el G-20 y dar opiniones, pero el sistema se establece en los grandes centros de poder mundial. Sin embargo, nosotros decidimos cómo estamos en el mundo. Y quedó demostrado que podemos estar de rodillas, subordinados al poder neoliberal, o podemos estar de pie, con un Estado responsable.” De visita en el país, Aldo Ferrer, embajador argentino en Francia, ex ministro de Economía durante parte de los gobiernos de facto de Levingston y Lanusse, y uno de los principales referentes del pensamiento económico nacional, mantuvo un extenso diálogo con Página/12. Analizó, desde las tensiones sobre el dólar y la estrategia de desarrollo a largo plazo, hasta la crisis europea y la política de retenciones.

–¿A qué responde la actual presión sobre el mercado cambiario?

–En primer lugar, es necesario aclarar que la situación macroeconómica es sólida. Hay equilibrio fiscal, de balanza de pagos y reservas en el Banco Central. Cualquiera sea el origen de estos episodios, no tienen capacidad de desestabilizar el sistema. Esto es importante remarcarlo, porque se oyen muchos argumentos que despiertan fantasmas del pasado, sobre la base de una memoria colectiva muy traumática. Creo que el actual es un fenómeno pasajero, el sistema está sólido y hay que fortalecerlo.

–¿El conflicto tiene una arista política?

–Hay una dimensión política, que es la resistencia al Estado nacional. La única respuesta es la solidez de la macro, la claridad de los objetivos y, desde luego, el respaldo popular. Están dadas todas las condiciones como para sostener la estabilidad y el crecimiento, pero eso hay que reforzarlo, porque lo que se ha logrado no es para siempre. Hemos vivido en la Argentina muchas experiencias de retroceso.

–Otro elemento que está en discusión es la política cambiaria.

–El tipo de cambio es una condición necesaria de la competitividad, que sumado a los elementos de la política tecnológica y de financiamiento, configura la capacidad del país de operar con equilibrio en sus pagos internacionales. Acá lo que está muy claro en el escenario internacional es que es indispensable tener superávit en la cuenta corriente y no depender del crédito internacional. Más allá del alboroto de los últimos días, hay un tema de competitividad que debe ser atendido. Para eso, más que discutir sobre el tipo de cambio nominal, lo que hay que ver son los indicadores relevantes: qué pasa con la balanza de pagos, qué pasa con la balanza comercial, en especial qué pasa con el comercio de manufacturas, atendiendo al contenido tecnológico de las que se importan y exportan. En virtud de esos indicadores de la economía real, hay que determinar la política cambiaria. Creo que el tipo de cambio tiene que ser un precio administrado. Un tipo de cambio sobrevaluado es fatal para la competitividad de la industria, para la estabilidad financiera, incluso acrecienta la transferencia de ganancias en moneda nacional al exterior. Un tipo de cambio competitivo, administrado, para atender las realidades de un país emergente en desarrollo, es fundamental. La paridad nominal creo que tiene que resultar del análisis objetivo de las variables reales de la economía. Afortunadamente no estamos en una situación en la cual las correcciones eventuales vayan a ser traumáticas, porque todavía el sistema está razonablemente ordenado. Las señales de la economía internacional son concluyentes. Las economías que entran en desequilibrios de pagos externos terminan atrapadas por la lógica del mercado, que es lo que está pasando en los países vulnerables de Europa, que además tienen problemas por las rigideces del sistema comunitario. Nuestra experiencia también es concluyente. Cuando entramos en un desequilibrio de pagos y aumento del endeudamiento, terminamos mal.

–Hay numerosos economistas, incluso algunos cercanos al Gobierno, que no verían mal suplir un eventual déficit de cuenta corriente con endeudamiento externo.

–Yo creo que sería una mala política. Pero además no tiene por qué ser así, porque Argentina tiene una alta tasa de ahorro, de casi el 30 por ciento del PIB, y nuestro problema es retener. Es decir, combatir un fenómeno arraigado en la experiencia, que frente a la incertidumbre interna o externa hay una tendencia a dolarizar activos. Y uno de los instrumentos es que las señales de la solidez macroeconómica son contundentes, es decir que el país está en equilibrio fiscal y en el sector externo. Nosotros estuvimos navegando contra la corriente neoliberal desde hace casi 10 años. Eso se revela en la opinión de los mercados, de las evaluadoras de riesgo, sobre la experiencia argentina. Hemos navegado contra la ortodoxia y nos fue bien. Incluso hoy en el escenario internacional se observa el caso argentino con interés, porque fue la rebeldía de un país periférico a los criterios de los mer-cados, que demostró no sólo ser políticamente viable, porque el esfuerzo no pudo ser bloqueado, sino que fue exitoso.

–¿En qué consistió ese acto de “rebeldía”?

–Yo resumiría todo lo vivido desde la salida de la crisis como la transición del Estado neoliberal, sujeto a los criterios de los mercados, al Estado nacional, capaz de administrar la realidad en el marco de la democracia para defender el interés de la sociedad. Este ha sido un cambio fundamental, que provoca reacciones políticas severas, porque hay intereses arraigados en las viejas estructuras, a las cuales les conviene el Estado neoliberal, el Estado incapaz de modificar la realidad.

–Más allá de la discusión sobre el nivel actual del tipo de cambio, ¿cómo analiza la tendencia a la apreciación derivada de un crecimiento de los precios internos superior a la depreciación nominal del peso?

–Hay señales que hay que atender, porque indican que puede haber una tendencia negativa que nos lleve al déficit externo y al endeudamiento. En cuanto a la inflación, creo que tenemos un aumento de precios mayor que el que conviene. Pero no es comparable a otras experiencias argentinas. En el siglo XX tuvimos el record mundial de inflación, por la extensión del período y la intensidad del problema. Este aumento no tiene nada que ver con aquellos, que eran fruto del desorden económico y político. Creo que hay una inflación inercial. Y la disputa por la distribución del ingreso se hace a partir de ese piso de expectativa. Siempre me pareció una buena idea la propuesta de tratar de concertar entre sindicatos, empresarios y el Estado algunos criterios que vayan desacelerando la inflación, que no tiene posibilidad de descalabro, pero que es una incomodidad. Entre otras cosas, complica el tema de la administración cambiaria. Hay condiciones políticas y económicas favorables para intentar un esfuerzo de ese tipo.

–Parece más fácil acordar salarios que precios, con el riesgo de caída en el salario real.

–Para eso está el control de precios, la supervisión de cadenas de valor, procurar asegurar la competencia y manejar las posiciones dominantes en los mercados. El Estado nacional debe usar esos instrumentos, que sólo tienen éxito si las condiciones macroeconómicas son sólidas.

–Muchas voces se alzan en este contexto de crecimiento de los precios de los commodities para reflotar la idea de un desarrollo económico vinculado al agro y las manufacturas derivadas, con incorporación de valor y desarrollo científico. Usted siempre tuvo una postura diferente.

–Yo estoy convencido de la economía industrial integrada y abierta. Es decir, un perfil industrial integrado que incorpore sectores de vanguardia portadores de la tecnología: la informática, la microelectrónica y la producción de maquinarias y equipos. La existencia de una estructura integrada es una condición necesaria del desarrollo científico y tecnológico. Hay que tener una especialización intraindustrial, tener esos sectores de vanguardia, aunque uno no haga todo lo que involucre. En la actualidad, los sectores impulsores son la biotecnología, la informática, la electrónica, los nuevos bienes de capital. El agro emplea un tercio de la fuerza de trabajo. Si no tenemos simultáneamente una gran base industrial de alcance federal, es muy difícil tener un proceso de desarrollo inclusivo con pleno empleo, crecimiento de salarios y de condiciones de vida. Cuando se hizo el debate de las retenciones, dije que se estaba discutiendo mal, porque se planteaba a las retenciones como un problema de distribución del ingreso y de absorción de renta excedente del campo, cuando en realidad se trata de la estructura productiva: cuál es el tipo de cambio que hace falta para ganar plata produciendo soja y cuál el que hace falta para ganar plata produciendo tractores.

–Después de la resolución 125 esa discusión quedó trunca, a pesar del movimiento en los precios internacionales y eventuales deslizamientos en el tipo de cambio, que mejoran las ganancias del agro.

–Hay que analizar los instrumentos conforme al interés nacional, discutir la rentabilidad de los sectores. Yo no trabajaría en ningún terreno con la idea de que hay imposibilidades, porque de esa manera funcionamos durante mucho tiempo: la imposibilidad de modificar el régimen del 1 a 1, imposibilidad de replantear el tema de la deuda o el sistema previsional. Una característica de la visión neoliberal es la imposibilidad, la impotencia. Creo que lo que ha pasado en el país en términos de progreso fue porque esa idea fue en buena medida erradicada.

–Quizá no una imposibilidad, pero de ese conflicto surgió una limitación política.

–Sí, pero creo que ha sido procesada. Ha habido un cambio muy fuerte y además la sociedad se expresó políticamente. Incluso en las zonas rurales el Gobierno hizo una buena elección. Yo creo que el país está maduro para medidas que de pronto parecen imposibles, desde la perspectiva de la impotencia y la subordinación.

–¿Qué medida de ese carácter le parece que sería interesante aplicar?

–Creo que las retenciones siguen siendo un tema importante. No hay que discutir el nivel de las retenciones, sino la consistencia del régimen con la rentabilidad de los sectores y la variación, los valores, de costos, los precios internacionales

Fuente:Diario Página/12

LOS DERECHOS ELECTORALES DE LAS MUJERES

Por Mirta Herrera

 

Abogada. Especialista en Derechos Humanos

 

 

A través de la historia, las luchas por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres han sufrido, como todas las luchas reivindicativas de derechos, avances y retrocesos y, en ocasiones, inesperadas sorpresas.

 

El 23 de octubre pasado, la agrupación política Compromiso Federal, cuya lista impulsaba la candidatura presidencial de Alberto Rodriguez Saa, logró que en la provincia de Buenos Aires resulten electos dos candidatos a diputados nacionales.

 

Con anterioridad a los comicios, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, intentó ubicarse en el segundo lugar de la lista de candidatos. Tal situación fue objetada por la justicia electoral por no cumplir con la ley de cupo femenino que exige que “las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento de los candidatos a elegir y en proporciones  con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.

 

Ante  ese contratiempo, la lista de Compromiso Federal debió incluir en el segundo lugar a Ramona Pucheta, militante de la agrupación de  Raúl Castells, quien pasó a ocupar el tercer puesto. Según las propias palabras de Castells habían concertado un acuerdo con la candidata para que, en caso de resultar electa, presente su renuncia para habilitarlo a asumir la banca el próximo 10 de diciembre.

 

El argumento de Castells se basa en el texto del artículo 164 del Código Electoral Nacional que afirma que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un Diputado Nacional lo sustituirán quienes figuren en la lista como candidatos titulares según el orden establecido”.

 

Al parecer, el barbado candidato, olvida que el artículo 37 de la Constitución Nacional “garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.

 

En el mismo sentido, el artículo 75, inciso 23, ordena “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

 

 

 

Asimismo, el Decreto 1246/2000, reglamentario del artículo 60 del Código Electoral Nacional , señala en su artículo 9°: “Cuando una mujer incluida como candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el cargo por cualquier circunstancia antes de la realización de los comicios, será reemplazada por la candidata mujer que le siga en la lista respectiva. Esta medida sólo se aplicará en el caso de reemplazo de mujeres”.

 

Si bien el referido artículo aclara el procedimiento para reemplazar a una candidata “antes de la realización de los comicios” no es ociosa la diferencia entre una mujer que es candidata a diputada y una mujer que es diputada electa.

 

La diferencia específica entre ambas reside en que la diputada electa ha sido consagrada por el voto de la ciudadanía, que no debe ser alterado con el pobre argumento de un “acuerdo previo” que debe ser entendido como insanablemente nulo ya que contradice  groseramente “el principio de la soberanía popular” y las normas vigentes, como así también, cercena la capacidad jurídica de la diputada electa o de la candidata que debe reemplazarla, si Ramona Pucheta decide renunciar.

 

No es ocioso aclarar que también son parte de nuestro “corpus jurídico” vigente las convenciones internacionales de derechos humanos incorporadas al texto de la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22.

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos

 

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.

 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 

Artículo 23. Derechos políticos.

 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b.de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c.de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

 

Artículo 24. Igualdad ante la ley.

 

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

 

 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

Artículo 2

 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 

Artículo 3

 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.

 

Artículo 25

 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

 

Artículo 26

 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

 

Artículo 1.

 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

 

Artículo 2.

 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

 

Artículo 3

 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

 

Artículo 7

 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

 

a) Votar en todas las elecciones y referendums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

 

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 

 

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

 

Artículo 8

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

 

 Artículo 15. 3

 

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.